Gestionar para la excelencia
Dr. Cristhian Mellado Cid, Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Según la ley 21.091 las universidades tenemos por misión cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. También nos corresponde contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Es decir, Chile definió su sistema universitario como "complejo", en su rol misional de hacer docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.
El financiamiento de la educación superior en Chile enfrenta un escenario desafiante, y las universidades debemos operar bajo un modelo que exige una gestión cada vez más sofisticada, acorde a su complejidad y desarrollo. A ello se suma la implementación de la ley 21.091 y los aranceles regulados, que cubren solo los costos necesarios para impartir una carrera o programa y no la complejidad de las universidades.
La investigación e innovación, por ejemplo, dependen en gran medida de fondos concursables, que para las universidades del CRUCH, que son las que más aportan al desarrollo científico del país, resultan insuficientes. Si bien iniciativas como el Fondo Estructural I+D+i Universitario (FIU) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación son un avance significativo, su financiamiento tendrá impacto en el mediano y largo plazo, siempre que se concreten los recursos comprometidos.
En los últimos años, hemos sido testigos de leyes que han introducido avances, entre ellas la ley de inclusión, la ley sobre acoso y discriminación de género, la ley TEA y la ley de prevención del delito. Sin embargo, estas normas, que valoramos, suponen mayores exigencias y costos de gestión, pero sin considerar recursos de implementación, dejando a las universidades la responsabilidad de asumir estos cambios en las mismas condiciones presupuestarias.
Si bien Chile destina un 5,9% del PIB a la educación (del cual el 25% es para educación superior), superando el promedio OCDE, de 4,9% (23% para educación superior), la brecha es evidente en el gasto en investigación y desarrollo, que en nuestro país representa solo un 0,39% del PIB, muy por debajo del promedio OCDE (2,75%). Corregir el desbalance es fundamental para garantizar que las políticas públicas no se traduzcan en cargas desproporcionadas para la educación superior.
La situación es particularmente desafiante para las universidades que desarrollan investigación de alto impacto y programas de vinculación. Sin una base financiera sólida, las universidades ven afectada su capacidad para responder a necesidades presentes y futuras. Asimismo, debemos reconocer e incentivar el potencial de donaciones de privados como vía complementaria para fortalecer el financiamiento de la educación superior.
Por otro lado, a las universidades nos corresponde seguir avanzando en la eficiencia y la transparencia de nuestra gestión, y hacerla tan compleja como nos exige la definición de Universidad. Este es un desafío que no podemos postergar, pues del éxito de nuestras universidades complejas, presentes en diversos lugares de nuestro territorio, depende el desarrollo de Chile, sus regiones y de los chilenos que lo construimos día a día.