Por Francisca Pacheco Pérez

Desde la perspectiva de asociaciones gremiales que tienen presencia en la Región del Biobío, la Ley Karin ha sido una norma necesaria, pero cuya implementación ha enfrentado ciertos desafíos en la práctica, principalmente, el escaso apoyo que han recibido las pequeñas y medianas empresas locales para materializar procesos como la elaboración de los protocolos, así como la lentitud en las investigaciones.

Tras cumplirse un año desde su promulgación, el 5 de enero de 2024, y a 4 meses desde que inició, los líderes gremiales de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Empresas del Biobío (ASEM) y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), señalan que, pese a las diversas instancias de capacitación que impulsaron las autoridades para dar a conocer esta ley, la falta de recursos y condiciones para impulsarla, así como la centralización de los procedimientos y el desconocimiento de algunos trabajadores sobre las directrices de esta norma, son parte de las dificultades que notan en la práctica.

Algunas de estas asociaciones además han liderado asesoramientos y cumplido un rol difusor para promover su correcta aplicación y reforzar esta labor. No obstante, en general solicitan más apoyo del ente público para la implementación de la norma, sobre todo para las pymes.

Materialización

El director del gremio y presidente del Comité de Género y Liderazgo de la CPC, Gian Piero Lavezzo, precisó que "las empresas grandes están más preparadas para enfrentar estos cambios, pero las pequeñas y medianas han tenido más dificultades, porque no siempre tienen abogados, ingresos, o no tienen foco en ese tema".

La misma preocupación el presidente de ASEM Biobío, Humberto Miguel, quien indicó que "muchas pymes no tienen los soportes técnicos, que significa contratar consultores o expertos en prevención de riesgos permanentes. Hoy están trabajando mucho en mantenerse con vida, ahí hay una brecha importante".

Y más allá de esta problemática, la presidenta regional de la ANEF, Lorena Lobos, contó que algunas gestiones se llevaron a cabo de forma unilateral. "En muchos casos las autoridades de los servicios hicieron los protocolos con sus unidades de recursos humanos, lo que generó bastantes problemas, porque sin el conocimiento del entorno laboral es bien difícil implementarlos", cuestionó.

Capacidades locales

Frente a la gran cantidad de denuncias que se registraron a partir de agosto del año pasado, el representante de la CPC sostuvo que "creo que no dieron los recursos para dar un soporte robusto para esta magnitud de cambio, ni en lo público ni en las mutuales". Agregó que "existen investigaciones que fueron aceptadas por la Dirección del Trabajo, pero que no han comenzado porque no existen profesionales que puedan tomar la cantidad de casos que llegaron. Aun así, en Concepción se reforzó la cantidad de abogados con exclusividad por esta ley, pero no es suficiente".

No obstante, en este hecho también incidiría el centralismo de estos procesos. "Visualizamos la centralización de los elementos que deben estar a disposición de las regiones y que hoy no están. La canalización de todo el proceso se da a nivel central", recalcó Lorena Lobos, quien estima que ya en marzo de 2025 se resolverán las primeras denuncias.

Por ello, disponibilizar nuevos canales que permitan reforzar la información y directrices de la norma, otorgarle un enfoque formativo a las fiscalizaciones y promover medidas para impulsar a las pymes en esta materia, a través de organismos como Corfo y Sercotec, por ejemplo, son las principales propuestas que realizan para este año, aunque igualmente continuarán con las acciones de difusión, e incluso asesorías grupales, en el caso de la ASEM Biobío.

Más de 4.000 personas participaron en la consulta ciudadana "Compromiso con el desarrollo económico e industrial del Biobío", iniciativa impulsada por Desarrolla Biobío, el Gobierno Regional, organizaciones gremiales y sindicales, en el contexto de la crisis económica que atraviesa la región.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), compuesto por Cristhian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Marcela Tiznado, alcaldesa de Lebu; Erika Heredia, presidenta de la Federación de Trabajadores Metalmecánicos (Festramet); Serjio jara Mundaca, gerente de Valmar y director de la Corporación Desarrolla Biobío; y Consuelo Fernández, gerenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Los Ángeles, se encargó de dar fe pública de los resultados, estableciendo el número total de votos válidamente emitidos y los resultados finales.

Los resultados de la consulta destacan la clara percepción de los habitantes del Biobío sobre la situación económica y las barreras para el desarrollo de la región.

En relación con la situación económica, un 43.2% de los participantes la calificó como "regular" y un 32.3% como "mala", con solo un 9.1% considerando que la situación es "buena". En cuanto a la pregunta sobre el centralismo en el país, un 89.6% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que el Estado de Chile privilegia a Santiago sobre las regiones, lo que pone de manifiesto el sentimiento de desconfianza hacia las políticas públicas nacionales y una clara demanda por una mayor descentralización.

Al ser consultados sobre las barreras para el desarrollo económico de la región, los resultados apuntan a tres principales obstáculos. El 25.4% de los encuestados indicó que los cambios regulatorios que no consideran la realidad local son la principal barrera, seguido de la falta de inversión pública en obras estratégicas, mencionada por un 24.1% de los votantes, y un 23.7% que señaló la burocracia excesiva como un freno significativo para el crecimiento económico de la región.

Además, un 74.3% de los participantes destacó que el sector industrial de la región del Biobío es un motor de desarrollo regional, generando empleo directamente o a través de empresas contratistas. Este respaldo a la industria local subraya la importancia de fortalecer este sector para el bienestar económico de la región.

Por último, un 89.9% de los encuestados se mostró de acuerdo con que tanto el actual como el próximo gobierno mantenga un plan de fortalecimiento industrial para la región del Biobío, con el financiamiento adecuado y transparencia pública.

Marcelo Chávez, gerente general de Desarrolla Biobío, destacó que esta es la tercera consulta ciudadana realizada por la Corporación, consolidando esta herramienta como una nueva plataforma de participación y expresión de la ciudadanía en la región. "A través de esta consulta, hemos podido constatar que a los habitantes de nuestra región les preocupa la situación económica y que desean medidas directas para mejorarla", afirmó.

Con el objetivo de analizar y atender las problemáticas derivadas del cierre de Huachipato y abordar propuestas e inquietudes de las empresas afectadas respecto de las medidas de apoyo, representantes del Sence y de las empresas contratistas afectadas sostuvieron una reunión.

Allí se plantearon inquietudes y propuestas en torno a las medidas necesarias para mitigar el impacto del cierre de la siderúrgica. La directora nacional de Sence, Romanina Morales, destacó que "hacemos recepción de las inquietudes planteadas por los contratistas, las que serán estudiadas y respondidas en el corto plazo".

Porfirio Ochoa, uno de los contratistas asistentes, sostuvo que "me siento conforme con esta instancia de diálogo con las autoridades y quedamos al pendiente de las resoluciones que se tomen. Esta instancia es clave para avanzar en soluciones que nos permitan enfrentar los desafíos actuales". También se anunció la formación de la Asociación Gremial de Industriales del Biobío, la que estará conformada por empresas afectadas por el cierre de Huachipato, un esfuerzo por fortalecer la representación y el trabajo conjunto entre las empresas contratistas.