Senadores analizan posibles indicaciones por fraccionamiento de cuotas pesqueras
Los parlamentarios apuntaron a regular pesquerías pelágicas, jurel, merluza y jibia, y plantearon que el proyecto deteriorará la economía regional. Trabajadores de la industria anunciaron una movilización.
Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, para luego ser discutida en el Senado, la Ley de Fraccionamiento ha generado críticas transversales, no sólo de los sectores productivos, sino que también del mundo político. Si bien los gremios pesqueros -artesanales como industriales- han emplazado al Gobierno, la discusión continúa su trámite legislativo con exposiciones del rubro pesquero y se estima que en las próximas semanas sean los mismos senadores quienes puedan ingresar indicaciones al proyecto.
A nivel regional, el senador Sebastián Keitel (independiente) indicó que se trata de un proyecto "completamente ideológico" y que no busca proteger al sector ni asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y que como está planteado actualmente "será perjudicial para nuestra Región". En la misma línea, el parlamentario dijo que "no sólo afectará al empleo que ya tiene cifras preocupantes, sino, además, deteriorará con mayor fuerza nuestra economía poniendo en peligro la supervivencia de toda la industria".
Agregó que, "luego de escuchar a todos los actores del rubro, analizaré la presentación de indicaciones para evitar que aquí se produzca un daño irreparable para el Biobío y todo el país".
Pelágicos, jurel, jibia y merluza
Cabe recordar que el Ejecutivo presentó un proyecto de fraccionamiento, separado de la discusión de una nueva Ley de Pesca, y que durante su trámite en la Cámara Baja este fue modificado en varios de sus artículos en favor de la pesca artesanal y en desmedro del sector industrial, según han acusado desde este último rubro. En ese sentido, el senador socialista Gastón Saavedra sostuvo que presentará las indicaciones correspondientes a modo de corregir lo aprobado en la Cámara de Diputados.
El legislador coincidió con Keitel respecto al impacto negativo que el proyecto puede tener en el empleo y la industria del Biobío. Dentro de los puntos a cambiar, se refirió a los pelágicos, que agrupan los recursos de sardina y anchoveta, a fin de que estas puedan ser extraídas por el sector artesanal y así asegurar que sean suficientes para el desarrollo de la actividad.
"Segundo, la jibia. Mantener la distribución del 80% para los pescadores artesanales y un 20% para el sector industrial y con ello repongamos el empleo que se perdió cuando se legisló para prohibir la pesca para la industria a través del arte de pesca denominado 'arrastre'. Tercero, está el jurel, recurso principal en el sector pesquero nacional. Hay una distribución que aumenta la cantidad de toneladas en el sector artesanal respecto del industrial, pero hay que ajustar esto a lo que propuso el Gobierno", expuso Saavedra.
Finalmente, se refirió a la merluza, pesquería que, al cambiar su fraccionamiento y distribución de toneladas en favor del sector artesanal, "dejaría en una condición deplorable a la industria pesquera, llevándola al cierre y con ello a la pérdida de puestos de trabajo".
"Está la disposición de levantar una iniciativa legislativa, denominada indicación, para reponer los guarismos establecidos en el proyecto que presenta el Ejecutivo y con ello mejorar la cantidad de toneladas para el sector artesanal e industrial, pero permitiendo que ambos puedan convivir".
Movilizaciones
Trabajadores de la pesca industrial del Biobío, en el marco de la discusión de la Ley de Fraccionamiento, anunciaron una marcha para el próximo lunes 6 de enero, con apoyo de la Mesa por la Defensa del Empleo Regional, desde las 11:00 horas desde Plaza Perú y con dirección al centro de Concepción. Juana Silva, presidenta de Fesip, señaló que "estamos en contra de esta norma que traerá pobreza y desempleo. Necesitamos que todos los senadores nos apoyen y reviertan esta iniciativa que salió de la Cámara de Diputados con indicaciones aprobadas que perjudican al sector industrial de manera grave, estamos hablando de miles de familias que quedarían en la calle, la mayoría mujeres jefas de hogar de las plantas de procesos".
Los trabajadores industriales se han mostrado en reiteradas ocasiones preocupados por el resultado del trámite legislativo y han alertado por un impacto de 6.500 puestos de trabajo a nivel regional, de los cuales 3.500 corresponden a mujeres.