Por Felipe Cuevas Mora

Un grupo de diez voluntarios y colaboradores de la Fundación Antonia -creada para prevenir la inducción al suicidio tras el deceso de Antonia Garros en febrero de 2017- se manifestaron en las afueras del Gobierno Regional con pancartas que dan cuenta de una serie de deudas por más de $65 millones, montos destinados para ejecutar un programa que culmina en enero.

Consuelo Hermosilla, madre de la joven y fundadora de la instancia, explicó que "desde que apareció el Caso Convenios a nosotros no se nos ha escuchado más, no se nos responde nada, ni de lo formal e informal, como si no existiéramos. En agosto ya no teníamos recursos del Gore, y con recursos propios hemos pagado nuestros compromisos para no dejar sin atención a las personas".

La fundación mencionada es una de las investigadas por la Fiscalía y Contraloría en el Caso Convenios.

Su caso se repite en otras fundaciones e instituciones que han suscrito programas con el Gore Biobío, que denuncian el incumplimiento de los traspasos de dineros asignados y visados tanto dentro de las oficinas de avenida Prat como también por otras entidades como la Dirección de Presupuestos o la Contraloría.

Consultado el Gobierno Regional sobre la situación presupuestaria al cierre del ejercicio 2024, se detalló que durante el mes de diciembre se han realizado al menos cuatro traspasos de dineros pendientes, y que si bien no todo alcanzará a completar la ejecución total de los $110 mil millones inicialmente asignados por Ley de Presupuestos, sí se podrán cumplir compromisos con proveedores priorizados hasta mediados de diciembre.

Vale recordar que de los $110 mil millones globales asignados, hasta el 31 de octubre se habían ejecutado $76 mil millones, y de los restantes $34 mil millones, en las arcas del Gore se han ingresado poco más de $18 mil millones.

En el ítem de los dineros pendientes no se considera un primer recorte que hizo el Ministerio de Hacienda en agosto por $6 mil millones, y un segundo que podría ser similar, dejando adeudados cerca de $3 mil millones a distintas instancias que suscribieron convenios, con cargo a la administración liderada por Sergio Giacaman que asumirá el próximo lunes 6 de enero.

Situación actual

El gobernador Rodrigo Díaz explicó que "cuando reclamamos la primera vez a inicios de diciembre nos llegó una remesa de $5 mil millones, después los $7.800 millones para el programa que contempla la realización el Mundial de Rally y el festival REC, después nos llegó otra remesa de $3 mil millones, y esta semana otra de $3 mil millones".

Junto a ello, apuntó que "van a quedar pagadas todas las facturas debidamente tramitadas hasta el mes de noviembre, y una fracción de diciembre. No renunciamos a que podamos tener una nueva remesa, por la cual estamos dando la pelea".

Díaz también valoró las gestiones realizadas a nivel de gobernadores en todo el país, y manifestó sobre los reclamos de distintas instancias que "la Dipres no sólo nos dejó de enviar remesas, sino que generó retrasos, y para pagar hay un proceso anterior que se debe hacer en la Contraloría y que demora al menos quince días".

Mejorar tramitación

Los consejeros en ejercicio que asumirán por un nuevo periodo el próximo 6 de enero -en una ceremonia en el Teatro Biobío- valoraron los avances de las gestiones concretadas en La Moneda, y pidieron mejorar los procesos a la administración entrante.

El consejero Luis Santibáñez (Ind.-Republicanos) planteó que "establecimos durante décadas una mirada hablando de lustros de periodos, cuatro, seis u ocho años mirando adelante. Hoy la discusión está en los 30 o 60 días que vienen, pareciéndonos a un modelo que destruyó por ejemplo a Argentina, porque no se está pensando en el largo plazo. Debemos cambiar esa mirada, porque nos impide generar estrategias de desarrollo en temas hídricos, urbanísticos o de desarrollo productivo".

"El Estado no tiene capacidad financiera y hay presupuestos que no se cumplen", añade.

Su par Roberts Córdova (Ind.-PS) expuso que "ya se nos restaron recursos, y ha tenido más de $37 mil millones retenidos afectando proyectos u obras que se han detenido. Esos son puestos de trabajo a los que pudo optar la gente que por ejemplo salió de Huachipato, lo que mejora la calidad de vida de los vecinos. Nos preocupa que se cumpla, y se pueda destrabar esto para que podamos cumplir con los compromisos".

a proveedores hasta inicios de diciembre

110 mil millones de pesos

3 es el presupuesto

El municipio de Penco informó que la madrugada de este viernes la oficina de Aseo y Ornato sufrió un millonario robo con pérdidas superiores a los $20 millones: entre los bienes sustraídos se encuentran herramientas de trabajo, computadores y una camioneta Nissan Terrano blanca con cúpula y logos municipales, la cual estaba estacionada frente al portón de acceso vehicular.

Por ello, el municipio presentó una querella criminal contra quiénes resulten responsables. El alcalde Rodrigo Vera dijo que "lamento profundamente informar que nuestra oficina fue víctima de un robo que afectó bienes esenciales para la comuna, incluyendo computadores, herramientas de trabajo y una camioneta clave para las labores de mantención de nuestras áreas verdes".

"Hoy presentaremos una querella criminal contra quienes resulten responsables. Este delito no puede quedar impune", añadió el jefe comunal.

Además, Vera comentó que "estamos trabajando en un protocolo de protección de los bienes municipales, el cual incluirá un refuerzo en los recorridos de seguridad, en conjunto con Carabineros, a través del convenio OS14. Con estas medidas, buscamos prevenir nuevos incidentes y proteger el patrimonio municipal, para seguir cumpliendo con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad".

Luego de dos jornadas de audiencia, la sexta sala del Corte de Apelaciones penquista decidió mantener las medidas cautelares a seis de los siete formalizados en el caso coimas del Puerto Coronel, modificando solo el arresto domiciliario total del empresario Eduardo Hartwig que pasó a sólo nocturno.

En el caso del alcalde de Coronel Boris Chamorro -formalizado por el delito de cohecho consumado por haber recibido $82 millones por parte de la empresa entre 2021 y 2023- se decidió mantener el arresto domiciliario nocturno que rige en su contra, y que lo obliga a no realizar actividades fuera de su domicilio entre las 22 horas y las 6 de la mañana.

Las mismas medidas dispuestas a inicios de la semana antepasada rigen para el ejecutivo Daniel Chamorro y el empresario Víctor Olivares, mientras que en el caso del exedil Eduardo Araya, y los ejecutivos Javier Anwandter y Hernán Romero, quedaron sin medidas precautorias mientras se desarrolla la investigación.

La decisión de los jueces Waldemar Koch, Margarita Sanhueza y Elena Gahona apuntó a mantener casi la totalidad de las medidas cautelares de los imputados, ya determinadas por el juez Daniel Ortiz.

En la segunda jornada de audiencia que se extendió hasta pasadas las 19.30 horas, los alegatos se concentraron en refutar los argumento de las partes para modificar las medidas cautelares, punto en que la fiscal Glenda Lagos apuntó al peligro de que se puedan repetir los delitos por parte de Boris Chamorro, al seguir cumpliendo sus labores como alcalde coronelino.

La defensa, en tanto, refutó señalando que el jefe comunal ha descartado toda acción ilícita y que incluso en las diligencias de entrada y registro, se ha determinado la nula existencia de evidencia que dé cuenta de las imputaciones de la Fiscalía.

De esta forma, el proceso continúa y el plazo de investigación se extenderá hasta los primeros días de marzo, periodo en que se prevé pueda iniciarse el juicio en contra de los siete involucrados en el caso.

82 millones de pesos son los que se acusa que el alcalde Boris Chamorro recibió del Puerto Coronel como coimas.