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La propuesta fue aprobada por 35 votos

Avanza creación del Ministerio de Seguridad pese a oposición de gobernadores regionales

La ley que da vida a la nueva cartera puede ser despachada hoy por la Cámara. Las autoridades regionales afirman que tal como está, se perjudica la descentralización pues el "sheriff regional" será nombrado por el Gobierno.
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Por Redacción

El Senado aprobó ayer el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, una de las iniciativas estrella de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que podría hoy ser despachada por la Cámara de Diputados pese a la tenaz oposición de los gobernadores regionales, quienes ven en esta iniciativa un obstáculo para que se traspasen a su responsabilidad las tareas de lucha contra la delincuencia en cada región.

La propuesta fue respaldada por 35 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Se opusieron los senadores Carmen Gloria Aravena (Republicanos), Alejandro Kusanovic (bancada RN), David Sandoval (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI) y Enrique van Rysselberghe (UDI). Se abstuvieron las senadoras Yasna Provoste (DC) y Ximena Rincón (Demócratas).

Tras la aprobación, Tohá agradeció a los senadores y señaló que "es un paso muy importante tanto en el enfrentamiento de la delincuencia como en el mejoramiento del funcionamiento del centro de Gobierno".

No obstante, destacó los compromisos pendientes: "Hay un decreto con fuerza de ley que definirá cómo se conformará el ministerio, los cargos, los requisitos y se asegurará que el ministerio sea profesionalizado, exigiendo competencias adecuadas para asumir las responsabilidades de esta nueva institución".

También señaló que "ha quedado claro que el modelo de descentralización sigue siendo un debate pendiente. Hemos tenido desacuerdos en esa materia que debemos resolver. Como gobierno, tenemos un consejo asesor transversal y hoy conversamos con los gobernadores. Es crucial que el Parlamento participe y logremos un diseño común sobre hacia dónde avanzamos, ya que estamos pagando caro la ambigüedad e indefinición del modelo actual".

Fuerte oposición

Uno de las materias de controversia es la implementación territorial de la nueva cartera, que se ha denominado "sheriff regional", mediante nuevas Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública.

Esto es lo que más oposición encuentra en las autoridades regionales vigentes y las electas y que deben asumir en enero. Ayer los integrantes de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) llegaron hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con la jefa de gabinete y expresarle sus reparos.

Tras la cita, la agrupación expresó dos focos de molestia: primero, la retención de recursos en materia presupuestaria y la figura del seremi de Seguridad.

"Hemos tenido una reunión intensa con la ministra del Interior, a quien todos los gobernadores aquí presentes le manifestamos nuestra molestia sobre la forma en la cual hoy día se están tomando decisiones de manera absolutamente arbitraria en materia de presupuesto", dijo Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso y presidente de Agorechi.

"Hemos planteado también nuestra discrepancia con el proyecto de ley de creación del Ministerio de Seguridad Pública. No tenemos acuerdo con la ministra en esta materia. La ministra habla de colaborar, no de coordinar", añadió la autoridad porteña, quien enfatizó que, ad portas de la decisión del Congreso, "no tenemos ni unidad de criterio ni unidad de acción en esta materia".

LEY ANTITERRORISTA

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La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara despachó ayer la Ley antiterrorista. El informe será remitido a ambas cámaras antes de su promulgación. Una de las principales controversias fue el sistema que permite interceptar el tráfico de teléfonos celulares y rastrear los datos de ubicación de los usuarios. Con una votación dividida se aprobó la indicación, pero el Partido Comunista anunció que si no es rechazada en las votaciones en sala, recurrirá al TC, pues la considera una herramienta de "espionaje masivo" a los ciudadanos.

EE.UU. extraditó hacia Chile a iraní prófugo por uso de pasaporte falso

El detenido se había escapado del país en 2023 cuando se le dejó bajo arresto domiciliario.
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Estados Unidos extraditó ayer a Chile a uno de los dos ciudadanos iraníes acusados de entrar en nuestro país con pasaportes falsificados y que se encontraban con paradero desconocido después de haber huido de la Justicia chilena el año 2023.

El sospechoso, identificado como Alí Basheri (38 años), fue entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias del Aeropuerto Internacional de Santiago, a donde llegó procedente de Miami (Florida), y quedó en calidad de detenido.

"La detención se realizó en horas de esta mañana por personal de la Brigada Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones, con el objeto de que, una vez realizados los distintos trámites que dan lugar a la detención y también a la comprobación de la identidad de este ciudadano iraní, sea puesto a disposición de los tribunales de justicia", afirmó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

A Basheri, la Justicia chilena lo investiga por varios presuntos delitos, entre ellos receptación, falsificación de sello del Estado y usurpación de identidad.

Tras pasar por prisión preventiva, tanto Basheri como Abolfazl Delkhahfar, de 24 años, accedieron a un cambio de medida cautelar en mayo 2023, decretándose su arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Sin embargo, en septiembre de 2023 se perdió su rastro y finalmente escaparon de territorio chileno.

Ambos ciudadanos iraníes fueron detenidos por primera vez cuando se encontraban en tránsito en el aeropuerto de la capital, en espera de abordar un vuelo rumbo a Inglaterra, después de haber pasado por Rusia, Venezuela y Panamá.

Los dos fueron interceptados tras detectarse la falsificación de documentos en la zona de tránsito internacional de Aeropuerto Arturo Merino Benítez cuando esperaban un vuelo de British Airways con destino a Londres haciendo uso de documentos británicos ilegítimos facilitados por un tercero a cambio de 25.000 dólares, de acuerdo a publicaciones locales.