Por Francisca Pacheco Pérez

El uso de celulares en las aulas de clases se ha transformado en una realidad tangible que afecta a las comunidades educativas de todo el país. En esa misma línea, el 12 de agosto la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que pretende modificar la Ley General de Educación (20.370) para prohibir y regular de forma gradual el ingreso de ese y otros dispositivos electrónicos a los establecimientos educativos, la que ahora será debatida en el Senado.

El seremi de Educación, Carlos Benedetti; y el presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, calificaron positivamente este proyecto de ley, aunque también se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la línea de la regulación -más que en la restricción-, y en el rol fundamental que desempeñan los apoderados para mitigar esta problemática.

Esta "genera situaciones que alteran el desarrollo normal de una clase y las relaciones de convivencia educativa, generan situaciones de violencia tanto en el ciberespacio como violencia física, y por lo tanto el hacer frente a esta situación es algo que se plasma en este proyecto", precisó el titular de Educación en la región.

Efectos y medidas

En el marco del trabajo regional, la autoridad sostuvo que el manejo de los dispositivos "tiene una mirada transversal en las acciones que desarrolla el Mineduc a través de acciones que hoy están desplegadas en 17 comunas de la región , con el Plan a Convivir se Aprende y el Plan de Reactivación Educativa, que trata la convivencia en distintos niveles, y lo que ocurre a nivel digital no deja de ser algo que se aborde".

Asimismo, informó que recientemente se puso a disposición en su plataforma cartillas de recomendación para trabajar en conjunto con las familias para el óptimo manejo de estos dispositivos. "Entre los 2 y 5 años se sugiere que puedan acceder a contenido de calidad, con enfoque educativo, seguro, apropiado para su edad, interactivo y que no vaya más allá de los 60 minutos", señaló, agregando que "entre los 6 y 12 años se destaca que es fundamental la colaboración entre la escuela y la familia para que los alumnos aprendan a usar los dispositivos digitales, fomenten una mirada crítica frente a la información digital, monitoreen el uso de celulares e idealmente usen herramientas de control parental".

El presidente del Colegio de Profesores de la región contó que algunas medidas que han dado buenos resultados a la hora de observar la utilización inapropiada en de celulares en las aulas implican su retiro, que posteriormente es entregado a los apoderados, e incluso la habilitación de un espacio para que estos dispositivos permanezcan lejos del alumnado mientras se extienden las clases, contó. "Sin duda esto afecta a los estudiantes de menor edad, que están en las primeras etapas de sus conocimientos y que en muchos casos aún no tienen hábitos de estudio, por lo tanto si tenemos otro aparato que desconcentra le va a afectar más que a un adolescente", agregó.

Rol de los cuidadores

No obstante, si bien calificó la propuesta legislativa "como un avance", más allá de la prohibición para los cursos menores enfatizó en la necesidad de avanzar en una correcta regulación. "La realidad es que los teléfonos celulares en menores de edad vinieron a quedarse. Además, hay que considerar que esto se masificó en la época post terremoto (2010) y se entiende la necesidad de tener una comunicación fluida entre padres o cuidadores y alumnos, pero es el mal uso lo que complica", apuntó.

En ese sentido, recalcó la importancia de que se s reglas en el hogar para no fomentar la adicción, y de promover un cambio cultural en las comunidades educativas. "Debemos trabajar de la mano con los apoderados, porque el celular además es una herramienta de trabajo, incluso para algunos colegas. En momentos de investigación, o para matemáticas, por ejemplo, es válido considerarlo", indicó.

"Para nosotros, a 51 años del golpe cívico-militar es seguir viviendo esta tristeza, este dolor. Pero con la esperanza de encontrarlos algún día. De aunque sea -como decimos en nuestra agrupación- tener un huesito para darle sepultura". Juana Vidal, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Concepción en una nueva conmemoración del 11 de septiembre de 1973, hizo un llamado a mantener los espacios de memoria.

En dependencias de la Delegación Presidencial Regional en Concepción se realizó una emotiva ceremonia que además de contar con las autoridades de gobierno, tuvo la presencia de dirigentes de diversas agrupaciones de defensa de DD.HH. y memoria, oportunidad en la que se destacó el Plan de Búsqueda que llega adelante el Ejecutivo y que ha sido uno de los ejes más relevantes de esta administración en la materia.

El delegado presidencial (s) de Biobío, Humberto Toro, se refirió a este tema: "es una tarea que está inconclusa, que mantiene la memoria y la deuda, por lo tanto, no nos podemos permitir no saber la verdad, es una tarea generacional, política, cultural. Y en esta ceremonia plagada de emociones, el compromiso es a encontrarlos donde estén".

En esa línea, destacó que hay un grupo especializado trabajando en Concepción. Para eso se están levantando los testimonios y todos los antecedentes necesarios. El objetivo es contar con un catastro de las personas que están desaparecidas, saber dónde pudieron haber desaparecido, armar un mapa y así llegar a la información de qué es lo que pasó con las osamentas.

Con respecto a esta iniciativa, Juana Vidal reconoció que "a nivel país esto ha sido lento, pero también se entiende que hay mucho trámite que no está a nuestro alcance y para hacer un buen trabajo, para poder lograr el objetivo que el Gobierno se ha planteado, esto no tiene que ser a la rápida, tiene que ser paso a paso. Pero nos queda la esperanza, de que aunque sea tengamos un detenido desaparecido encontrado, de los 147 que hay acá en la Región".

Mantener la memoria

Los asistentes remarcaron la relevancia de mantener este tipo de instancias para que lo ocurrido en el golpe de Estado, no se repita en el futuro.

Humberto Gutiérrez, presidente del Consejo Prais Concepción, puntualizó que "como usuarios somos los depositarios de prácticamente de todas las víctimas de la dictadura militar. Por lo tanto, valoramos este gesto (el estar presente en la ceremonia). Nosotros como organización hemos mantenido nuestra posición de exigir a nuestras autoridades verdad, justicia y reparación. Esos son los pilares".

Por su parte, el secretario de la Agrupación regional de Ex Presos y Presa Políticas de la Dictadura Militar en Biobío, Juan Sandoval, aseveró que "el simbolismo que le damos a esta fecha es sumamente importante y es fundamental de reflexión, en el concepto de memoria".

Sandoval destacó las distintas instancias de trabajo que se han generado a nivel local, con particularidad de la mesa Prais que integran autoridades regionales y que no tiene símil en otra zona del país. Allí se está trabajando para poder ampliar las condiciones de atención de los usuarios a través de mejoras en la infraestructura, con un mayor número de profesionales y atenciones horarias.

También abordó los espacios de memoria, y cómo las distintas organizaciones sociales han estado trabajando iniciativas tanto para su resguardo como su rescate. "Por ejemplo Chacabuco 70 (Concepción) no tenía señalética de que fue una cárcel pública, donde pasamos miles de personas. Yo estuve ocho años y medio allí, también estuvieron mujeres y niños, y no fueron pocos los que desaparecieron. Por eso es simbólico y ahora tiene un memorial en el Parque Ecuador, pero ojalá ese sea todo un espacio de rescate a la memoria", señaló Sandoval.

También se precisó que se está avanzando en el Museo de la Memoria.

La Dirección de Seguridad Pública de Talcahuano lideró un operativo de fiscalización a carnicerías de la comuna en la previa a las Fiestas Patrias. El despliegue terminó con un sumario sanitario.

El operativo se realizó junto a la Seremi de Salud y Carabineros de la Segunda Comisaría de Talcahuano, donde se verificó en terreno que los establecimientos respeten medidas como cadena de frío, trazabilidad, temperatura y calidad de los productos, entre otras.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, señaló que "es relevante fiscalizar este tipo de recintos, principalmente en estas fechas, puesto que el consumo aumenta exponencialmente. La idea es que la ciudadanía se abastezca con seguridad y pueda disfrutar tranquilamente estas celebraciones".

Fueron tres las carnicerías visitadas y se cursó un sumario sanitario por la venta de carne molida envasada, lo que se informó que es una práctica que no está permitida.

Rosalba Alarcón, jefa de local Carnes Santa Ana, valoró el operativo: "lo encuentro excelente, el llamado es a comprar y consumir las carnes con confianza", señaló.