Por Diana Aros Aros

Este jueves 1 de agosto entra en vigencia la Ley Karin, la cual modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. La norma incorpora nuevas definiciones legales y mejora las ya existentes, además de incluir la perspectiva de género en las relaciones laborales. La iniciativa se promulgó en honor a Karin Salgado, funcionaria pública de la salud que trabajaba en el Hospital Herminda Martín de Chillán, quien se quitó la vida en 2019 por el constante acoso laboral que sufría.

Así, la Ley Karin establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que no contempla la regulación anterior. Cabe destacar que dicho documento debe realizarse bajo las directrices establecidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Identificación y evaluación de riesgos

En relación al protocolo que deben instaurar las entidades, este debe tener una identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, con perspectiva de género. A esto, se deben sumar medidas para prevenir y controlar estos riesgos, con objetivos medibles que controlen la eficacia de estas acciones.

Asimismo, se debe contemplar la información y capacitación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos identificados y evaluados, así como las medidas de prevención y protección que deban adoptarse. Esto último debe ser conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento o empresa.

El protocolo también deberá considerar el resguardo de la privacidad de las personas involucradas en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes, sumando mecanismo destinados a resguardar la debida actuación de trabajadores, independiente del resultado de la investigación.

"Nos hemos encontrado con casos en donde empleadores se complican por la creación del protocolo, mencionando que incluso han recibido ofertas por parte de profesionales para la creación de este. Sin embargo, esto no es necesario, ya que en la página www.leykarinparachile.cl pueden encontrar material informativo e incluso el protocolo tipo descargable, el que sólo deben acomodar a la empresa o espacio de trabajo respectivo", explicaron desde la Seremi del Trabajo, además de aclarar que cada entidad puede solicitar a la Dirección del Trabajo la asesoría para realizar el documento.

Si bien desde la autoridad indicaron que lo ideal es que para este 1 de agosto cada empresa u organismo cuente con el protocolo, puntualizaron que, de no tenerlo, no se realizarán acciones sancionadoras, ya que esto aún no se establece.

Sector público y privado

La seremi del Trabajo, Sandra Quintana, indicó que en relación a la investigación y sanción existen procedimientos diferentes para el sector público y privado. En el caso del sector privado, la empresa debe tener un comité que se dedique específicamente a recibir estas denuncias y a seguir los procesos de investigación. Deben ser personas que estén preparadas en los tres temas -acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo - para que se tome esta investigación con la celeridad, confidencialidad que se requiere.

En relación al tipo de sanción, estas pueden ir desde amonestaciones hasta la pérdida de empleo, y la entidad encargada de esta investigación será la Dirección del Trabajo. "En el sector público, la situación ya estaba medianamente avanzada con los sumarios. Efectivamente, aquí también se tiene que hacer la etapa de prevención, es decir, ir recibiendo o recaudando elementos que nos permitan ir determinando, en cada espacio laboral, cuáles son los riesgos que se corren en estos tres aspectos y en los cuales debemos proteger a los trabajadores", detalló Quintana. En este caso, la investigación será llevada a cabo por la Contraloría y las sanciones también incluyen amonestaciones, disculpas públicas y la pérdida del cargo que se ejerza. Además, de ser considerada la persona responsable del acoso y/o violencia, puede ser sancionado con una suspensión por cinco años de postular a cargos públicos, por atentar contra la probidad administrativa.

El programa "Leña más Seca", del Ministerio de Energía y ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), dio a conocer a las personas seleccionadas. En la convocatoria, correspondiente al período 2023-2024, se recibieron más de 400 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados un total de 77 beneficiarios de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En el caso de la Región del Biobío, un total de 11 productores de leña fueron seleccionados, con una inversión que supera los $129 millones y que tiene por objetivo aumentar la oferta de leña seca en la zona centro y sur del país.

La seremi de Energía, Daniela Espinoza, explicó que estos proyectos no sólo representan una mejora en la calidad del biocombustible, sino también un avance significativo en la reducción de la contaminación y en la eficiencia energética de los hogares.

"Estamos comprometidos en apoyar a los productores locales para que puedan cumplir con los requisitos y formalizar sus proyectos con éxito. Además, es importante destacar que la leña seca no sólo mejora la eficiencia de la combustión, sino que también contribuye a la salud pública al reducir las emisiones de material particulado, que es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en nuestra región. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de biocombustible de calidad, que no sólo es más amigable con el medioambiente, sino también más económico a largo plazo", añadió.

Tras conocer a los beneficiarios, el siguiente paso es la formalización de las y los seleccionados, quienes deben acreditar que cuentan con inicio de actividades en el rubro, no poseen deudas tributarias ni laborales, entre otros requisitos establecidos para esta etapa. Para esto, la AgenciaSE les apoyará en la obtención de cada uno de estos requisitos con talleres virtuales especializados en cada uno de los puntos que tengan dificultades. Una vez formalizados, los beneficiarios podrán iniciar con la ejecución de su proyecto.

Cabe destacar que la inversión del programa a nivel nacional asciende a un monto de $880 millones.

La compañía CGE desarrolló un proyecto de inversión que permitirá dotar de energía a Coronel. En específico, las obras de instalación de la infraestructura eléctrica tuvieron una duración de dos meses, con una inversión cercana a los $89 millones y contempló la instalación de 17 postes de concreto de media tensión, 40 postes de concreto de baja tensión, dos transformadores de distribución de 112,5 KVA, 1.300 metros de líneas de baja tensión y 400 metros de redes de media tensión y todos los elementos que incluye la provisión de estas estructuras como crucetas, aisladores, entre otros, beneficiando a más de 200 familias.

La inversión se enmarca en el proyecto "Hombres y mujeres de valor". Fernando Sanhueza, gerente de CGE en Biobío, indicó que "estas acciones concretas refuerzan nuestro plan permanente de gestión de redes, que contempla la revisión detallada de nuestra infraestructura, incorporación de mejoras tecnológicas en nuestras redes, la adopción de las mejores prácticas internacionales y el desarrollo de un vínculo más estrecho y directo con las comunidades en donde operamos".

Las obras consideraron también la instalación de equipos de alta tecnología como seccionamientos, dispositivos de desconexión ante fallas y todo el equipamiento necesario para la correcta operación ante emergencias o interrupciones de suministro por trabajos de mantenimiento programados o ante causas ajenas a la responsabilidad de CGE.