Por Redacción

El Gobierno sembró ayer ciertas dudas respecto de la presentación de un veto, anunciado por el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, para reponer la multa a quienes no voten en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo, lo que generó confusión en el mundo político.

Luego de las dificultades que tuvo en el Congreso el proyecto que extiende los comicios a dos días en la obligatoriedad del voto y las sanciones para quienes no sufraguen, se esperaba que esta semana se ingresara dicha acción a nombre del Presidente Gabriel Boric, pero ayer la ministra Jeannette Jara, vocera en reemplazo de Camila Vallejo, relativizó el trámite.

El ministro Elizalde "fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días a fin de poder ejercer la facultad presidencial de imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el Presidente de la República", señaló Jara.

Luego indicó que "de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios en los cuales hemos estado promoviendo, entre otras, el voto obligatorio que es parte de nuestro sistema electoral".

"Todo eso lo va a resolver el Presidente de la República, porque esto es una facultad presidencial. Se va a ejercer el derecho al veto en los términos que se caracteriza a partir de las consultas que el ministro Elizalde realice, pero como una facultad presidencial. Lo que pasa es que esa facultad es del Presidente y, en principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", expuso Jara

Oposición ataca

Personeros de oposición reaccionaron con dureza. El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que si no se presenta el veto, "el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución, pues la Constitución lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio".

"Eso tiene consecuencias desde el punto de vista la relación con la oposición y del punto de vista también desde el accionar de los parlamentarios en relación a las herramientas que tenemos", alertó, deslizando una posible acusación constitucional hacia el Mandatario, cuyo análisis fue anunciado por el diputado republicano Luis Sánchez.

El diputado Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que "el Gobierno está atentando gravemente contra las bases democráticas de nuestro país y ni siquiera tiene el pudor de esconderlo. El sólo hecho de poner en duda la presentación del veto que ya anunciaron, no sólo incumpliría con la palabra empeñada por el Presidente Boric, sino que además quedaría en evidencia la intención del Gobierno de cambiar las reglas del juego y acomodar los resultados, lo más posible, a su favor".

La Corte de Apelaciones de Rancagua decretó ayer la excarcelación de Eduardo Macaya, condenado por cuatro delitos de abusos sexuales a menores, luego de que su defensa presentara una apelación a la condena de seis años de presidio en su contra.

La decisión se dio pese a que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando alertó sobre un peligro de fuga y el peligro que significa Macaya para la seguridad de la sociedad.

Por ello, el ya condenado deberá cumplir con la medida de arresto domiciliario mientras se confirme y ejecutoree la sentencia en su contra.

En esta misma jornada, el abogado querellante Hernán Fernández rechazó las palabras del senador Javier Macaya (UDI), hijo del condenado, quien insistió en la inocencia de su padre y argumentó que el video que lo inculpó fue captado "sin su consentimiento" y que está "editado".

"Está equivocado, hay varios videos, pruebas abundantes, múltiples, contundentes, que llevaron al veredicto. Decir que el video está editado es una afirmación irresponsable, tapar el sol con un dedo. No vamos a aceptar que pretenda juzgar a una víctima y negar los hechos", sostuvo Fernández.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó en entrevista con CNN que "me parece desolador para una niña o un niño que está viendo esa entrevista, en que ve que una autoridad de la República habla de imágenes tomadas sin consentimiento. Estamos hablando de pruebas, pruebas validadas por el Tribunal en la que una niña para que le creyeran grabó lo que le pasaba a su hermana porque a ella también le había pasado".

La secretaria de Estado añadió que Macaya dio "una señal de desprotección a las víctimas" y "muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quiénes denuncian abuso sexual. En especial los niños y niñas que tienen que asumir el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia. Es una muy mala declaración que muestra cero comprensión del problema y que intenta enfocar esto como una situación familiar".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó que "uno esperaría que alguien condenado por delitos tan graves cumpla su condena en la cárcel".

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer un recurso de la defensa de Daniel Jadue y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que rige contra él sobre él como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares.

El fallo de la Corte apuntó a la gravedad de los delitos imputados al alcalde, una acreditación de su participación y también la cantidad de ilícitos, pero principalmente a no se presentaron nuevos antecedentes relevantes para la apelación.

La resolución contó con observaciones de un ministro que indicó que, si se entregan nuevos antecedentes considerados relevantes para la investigación, la defensa puede volver a apelar.

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) invertirá en los próximos cinco años alrededor de 90 millones de dólares para incrementar la producción de petróleo en Ecuador del Bloque 46 Mauro Dávalos Cordero (MDC), situado en la Amazonía ecuatoriana. La nueva inversión quedó contemplada mediante la ampliación hasta 2035 del contrato de servicios mediante el que Enap opera este yacimiento en Ecuador. Las inversiones se enfocarán en la perforación de ocho pozos en plataformas de avanzada y de dos pozos inyectores de agua, así como la conversión de dos pozos que pasarán a ser inyectores, en los que se vuelve a introducir en el subsuelo el agua extraída.

La cúpula militar y de seguridad israelí cree que las fuerzas armadas pueden abandonar totalmente la Franja de Gaza durante los próximos seis meses como parte de un posible acuerdo de liberación de rehenes, sin que el grupo islamista palestino Hamás aproveche ese tiempo para rearmarse, según medios israelíes.

Tanto el ministro de Defensa, Yoav Gallant, como el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, además de los directores de las agencias de inteligencia interior y exterior (Shin Bet y Mosad), Ronen Bar y David Barnea, le dijeron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que apoyan un acuerdo de alto el fuego en Gaza, según recoge la cadena pública Kan.

De acuerdo con su análisis, el grupo palestino no tendría tiempo suficiente en seis meses para reagruparse y rearmarse, por lo que la prioridad ahora es liberar a los rehenes israelíes que todavía permanecen en el enclave, cuyo tiempo es limitado.

Según el canal 12 de noticias israelí, Netanyahu se mostró reacio a aceptar la versión de los cuatro responsables, a los que criticó por su flexibilidad.

Netanyahu viajó ayer a Washington para una visita oficial en la que se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden, y pronunciará un discurso ante las dos cámaras del Congreso, pero antes de hacerlo anunció que reanudará las conversaciones con Hamás.

Mientras tanto en Gaza, al menos 70 palestinos, incluidos ocho menores, murieron ayer en ataques en Jan Yunis, cerca de la "zona humanitaria" de Mawasi, cuya parte oriental Israel ordenó evacuar horas antes para iniciar una operación militar ante la "infiltración" del grupo islamista. Además de los cadáveres, el hospital Nasser, el principal que opera parcialmente en la zona, recibió unos 120 heridos, algunos de gravedad, informó el Ministerio de Salud de Gaza. La orden de evacuación afecta a unas 400.000 personas y los fallecidos en casi 10 meses de guerra ya superan los 39.000.