Por Felipe Cuevas Mora

Un claro modus operandi para defraudar al Estado fue el que describió el Ministerio Público en la primera jornada de formalizaciones de la segunda arista del Caso Convenios que llega a los Tribunales en un año de indagatoria.

Se trata de la relacionada al convenio suscrito entre el Gobierno Regional (Gore) y la fundación Mi Hogar Asuncionista para ejecutar un programa de formación ciudadana a escolares por un monto de $160 millones suscrita entre diciembre de 2022 y junio de 2023, fecha anticipada de término.

En la jornada de ayer se formalizaron los delitos de fraude al Fisco a los exfuncionarios del Gore Simón Acuña y Tamara Vidal -a quien se le sumaron los delitos de negociación incompatible y estafa- producto de diversas irregularidades asociadas al programa.

Entre los antecedentes revelados por la Fiscalía recogidos por un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), está el desvío de recursos correspondientes del programa a cuentas de particulares, la falsificación de facturas de compras de insumos, la contratación de profesionales del Gore con dineros de la fundación e incompatibilidades entre los miembros de la fundación y el servicio público.

Para hoy se espera que la magistrada Carolina Llanos informe las medidas cautelares a los mencionados funcionarios, ambos ya formalizados y con medidas de arresto domiciliario a firme por la arista de la fundación En Ti.

En los casos de Claudio Portiño y Viviana Leal, ambos miembros de la fundación y también citados en la jornada, se reagendó su formalización para el 20 de agosto tras no lograr ser notificados en tres ocasiones cada uno.

Tráfico de influencias

En una exposición de casi cuatro horas, las fiscales Marcela Cartagena y María José Aguayo detallaron que fue Vidal en 2022 (que cumplía labores como encargada de Participación Ciudadana del Gore) quien habría ideado el programa "Yo opino y participo" de la fundación Mi Hogar Asuncionista, junto a su amiga Viviana Leal, miembro del directorio y encargada del programa.

Tras conseguir el financiamiento de $160 millones a fines de diciembre de 2022 para ejecutar el programa por 18 meses, ambas se coordinaron para contratar al personal necesario.

Entre ellos, se contrató como coordinador del programa a la pareja de Vidal en ese entonces, Claudio Portiño, cuestión prohibida por los reglamentos internos del Gore, y que la funcionaria ocultó en las oficinas de Avenida Prat al cumplir el rol de contraparte técnica del programa.

Además se detalló que las personas contratadas no tenían la formación acorde a su labor y militaban en el partido político Evópoli, mismo que Vidal y por medio del cual habría ingresado al Gore. "En su declaración indicó que ingresó al Gore gracias a la recomendación que realizó el empresario Javier Álvarez, financista de la campaña del gobernador Díaz", citó la persectuora.

En esa línea Paula Villalobos, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante en la causa que sumó en una nueva acción legal esta semana a otras ocho personas, siete de ellas contratadas para las labores cuestionadas, dijo que para Vidal "el objetivo fue beneficiar a sus amigos, y conocidos, además de poder generarse un sueldo para ella. Junto con ser personas con su misma militancia política, estas personas no tenían trabajo, y ella buscó beneficiarlas".

Traspasos irregulares

Ya con el convenio en curso, según prosiguió la narración de Aguayo, se concretaron una serie de contrataciones tanto de personal anexo como de servicios que iban más allá de lo informado.

Entre ellos, a la empresa Espacios Humanos SpA de propiedad de Rolando Zúñiga (amigo de Vidal) la cual realizó una capacitación a los funcionarios cercanos a la funcionaria y la encargada del programa pese a que en la glosa presupuestaria se informó que se adquirió material didáctico por poco más de un millón de pesos.

Dichos recursos, según reza también la querella del CDE, terminaron en poder de Tamara Vidal luego de que solicitara realizar la transferencia de esos dineros por medio de la cuenta de una funcionaria del área de Seguridad del Gore, quien finalmente denunció en los canales internos donde se inició la investigación sumaria que derivó en el despido de Vidal del Gore.

Pero también se cuestionó la contratación de la diseñadora Natalia Figueroa, y amiga de la funcionaria, quien cumplía labores para la fundación, pero al mismo tiempo para el Gore e Impulsa Biobío, con un doble contrato y puesto de trabajo en la oficina de la funcionaria, causa por la cual se imputa el delito de fraude al Fisco en el caso de Acuña.

La fiscal Aguayo dijo que pese a que todos los hechos enunciados ya están consumados, la solicitud de prisión preventiva responde también a las acciones desarrolladas a la fecha. "Tamara, suspendida de sus funciones y sin contrato, aún logra ingresar a la plataforma Sagir. Mensajes con el consejero Piero Blas dan cuenta de que este le facilitó su clave de acceso al sistema", dijo, junto con señalar que Vidal "formó parte de una agrupación para este delito, cohesionada. No se requiere hablar de una asociación ilícita, sino que aquí hay una agravante de una organización criminal".

Con el inicio de la jornada en las dependencias del Juzgado de Garantía de Concepción, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Paula Villalobos solicitó que se quitara el carácter de querellante al Gobierno Regional (Gore) en la causa -donde presentaron una querella por fraude al Fisco hace un año- cuestión que finalmente la magistrado Llanos acogió.

"No nos oponemos a la representación, pero si a que nos quiten un derecho que tenemos", lamentó sin éxito el abogado Marcelo Torres, representante del Gore que debió abandonar la sala, cuestión que ya ocurrió en la formalización de noviembre pasado por la arista de la fundación En Ti.

Sobre este hecho, el gobernador Rodrigo Díaz explicó que "tenemos 18 iniciativas de inversión que se están investigando de un marco de más de tres mil que ejecuta el Gore. La asesoría que hemos tenido en esa materia ha sido de muy buen nivel, y al CDE le hemos escrito, ofrecido colaboración, pedido que reciba nuestros antecedentes y ha estimado lo contrario".

"El ordenamiento de la participación en causas penales respecto a lo que se nos ha convocado requiere una capacidad que no está en los abogados del Gobierno Regional, porque son expertos en derecho administrativo y es una rama distinta al derecho penal. Valoramos la asesoría y otra cosa es como se litiga en el tribunal", añadió, junto con exponer que se han adoptado 18 medidas pro transparencia con el fin de mejorar el actuar del servicio en materias de transparencia y probidad.

Además, recordó que el proceso judicial inició a partir de una querella presentada por el Gore en julio de 2023, y enfatizaron que la querella del CDE solo tiene pocos días de anterioridad respecto a la formalización que comenzó ayer.

"Lo que ha explicado la fiscal Aguayo de manera simple y muy clara es que ninguno de estos imputados pudo haber realizado la actividad delictiva y obtenido el resultado sin que hubiesen existido los otros y sus cargos. Tal como lo explica la fiscal, no estamos hablando de una asociación ilícita, sino por un supuesto legal que es la organización criminal, un nivel menos sofisticado y que estamos convencidos que en este caso existe por lo que ya se ha explicado".

Con estas palabras, la fiscal regional Marcela Cartagena abordó tras la primera jornada de formalizaciones en la arista Mi Hogar Asuncionista la tesis bajo la cual se imputan los delitos de fraude al Fisco, estafa y negociación incompatible a los dos exfuncionarios.

Junto a ello, indicó que "se trata de dinero destinado a acercarse a la comunidad, a sectores vulnerables y justamente es aprovecharse de eso y quedarse el dinero con subterfugios".

Sobre nuevas diligencias en torno a la existencia de funcionarios con doble contrato al interior del Gore, como es el caso de Fundef, dijo que "tenemos a la vista lo que dice la Contraloría, pero nuestras investigaciones van bastante más allá, con todo el respeto del mundo. Es algo que estamos pesquisando, el hecho de que pudiera ocurrir en otros momentos en el Gore".

Al abordar el primer año del Caso Convenios, Cartagena lamentó que "esta sea la región que a nivel Gore tiene el mayor número de investigaciones implicando a una cantidad que ronda las 15 fundaciones. Vamos de a poco sacando a la luz a las que amerita sacarlas, porque no quiere decir que vayamos a formalizar a quince, pero tenemos que investigarlas".

"Queremos relevar lo complejas que son estas investigaciones, en las que se ha trabajado incansablemente en obtener resultados serios y contundentes, no son especulaciones. Además, no es un trabajo solo nuestro como Fiscalía, sino que también la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y ustedes saben que para estos casos se designó una fuerza de tarea especial en Concepción, con un trabajo serio y contundente", añadió la fiscal regional, junto con señalar que "hemos trabajado de forma eficiente, sólida y contundente; un año parece mucho, pero para una investigación como esta es más que prudente. Pero también lo digo, si tuviéramos más fiscales, más medios y funcionarios, además de tecnología de análisis cibernético, lo podríamos hacer aún mejor".