Tribunal penquista registra a casi 30 mil deudores de pensiones de alimentos
Tras un año desde que rige la norma que permite realizar estos cobros, la seremi de la Mujer se ha focalizado en entregar información y orientar a las entidades involucradas y a la población.
A nivel nacional son 184 mil las familias beneficiadas por los mecanismos de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos (21.484), también denominada "Ley Papito Corazón".
Así lo indicó la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras, a un año de la entrada en vigor de esta norma. Si bien a día de hoy no se dispone de cifras regionales, según datos de la Seremi de Justicia, la Corte de Apelaciones de Concepción registra 37.633 deudores de alimentos denunciados a la fecha, de los cuales han pagado 7.920, lo que significa que casi 30 mil aún están pendientes.
Justamente esta política apunta a fortalecer las facultades tanto del sector público como privado para concretar los pagos, permitiendo, por ejemplo, retener dinero de las AFP e instituciones bancarias, y realizar un seguimiento eficiente de los casos, no obstante también "evidencia la violencia económica que se ha sufrido por tanto tiempo. Sabemos que hay hombres que demandan y tienen el cuidado personal de los niños, pero son muchísimas más las mujeres que todas estas décadas han enfrentado este problema sin la ayuda del Estado, por lo que ahora se convierte en un problema público", declaró.
Con miras al segundo año, la labor consistirá en reforzar la difusión que se lleva ejecutando desde 2023, tanto con los organismos competentes como con quienes denuncian.
Balance local
Uno de los principales desafíos a la hora de cobrar esta deuda, previo a su implementación, era la inubicabilidad de los deudores. Por ende, la ley "viene a responder a aquella situación, ya que da a los tribunales la facultad de emitir estas órdenes de retención de fondos a través de distintos instrumentos, entonces no quedamos cortos en la forma, porque antes no había mucho donde se podía tomar dinero, y por otro lado ya no se le exige a la madre que sólo dependa de ella la información disponible para notificar", destacó Contreras.
Desde la cartera local, las labores se han concentrado, principalmente, en la difusión de la norma, las cuales "fueron bien intensas, una nueva política pública requiere mucho trabajo para poder difundirla en los mismos funcionarios que intervienen en el cumplimiento de esta demanda, como de las mismas mujeres que desconocen que están estos mecanismos", contó la secretaria ministerial.
Esto igualmente implica una sensibilización a múltiples entidades, como las AFP y organismos bancarios, "para que puedan comprometerse en facilitar la información para poder generar este registro que facilite llegar al deudor y que se haga efectivo el pago. Y eso han sido conversaciones con instituciones privadas y públicas, para no enlentecer el proceso", agregó.
Avances pendientes
La normalización del no pago que aún persiste, los empleos informales que impiden un seguimiento óptimo de las cotizaciones y la falta de fondos en las entidades financieras cuando las deudas son demasiado altas; son parte de los principales desafíos vigentes a la hora de hacer efectiva esta ley.
Otra de las problemáticas sucede cuando el deudor está a 15 años o menos de jubilar, ya que en estos casos la retención no puede exceder el 50% de los ahorros, "si no tendríamos otro problema económico, pues el Estado se tendría que hacer cargo de la jubilación de la persona", advirtió.
En tanto, el trabajo local para 2024 se focalizará en fortalecer esta difusión, para que las familias conozcan los instrumentos disponibles, ya que reconoció que "hay muchas que no han hecho demandas a través de estos mecanismos porque estimamos que la información no ha llegado a todos lados".
Aquello igual involucra a la población en general, entre ellos adolescentes, por ejemplo, con un enfoque preventivo.
"Lo que ahí nos queda es seguir tendiendo puentes y diálogos para que se cumpla tanto el pago de las deudas que hay y además poder hacer el pago mediante otros incentivos y sanciones, por ejemplo, retener la licencia de conducir, o algo que generó harto debate, que es prohibir el ingreso a estadios de futbol o a ciertas actividades", planteó la seremi de la Mujer.