Por Diana Aros Aros

Hoy vence el plazo para que las organizaciones pesqueras locales que presentaron sus inquietudes respecto al proyecto de una nueva Ley de Pesca ante la Comisión de Pesca en Concepción envíen las indicaciones que consideran necesarias para contribuir a la nueva normativa. Y es que la iniciativa del Ejecutivo ha sido ampliamente discutida por los subsectores de este rubro, manifestando sus aprehensiones por el desarrollo futuro de la actividad. A nivel regional, desde Ferepa Biobío, organización que agrupa al subsector artesanal, plantearon que su inquietud principal es el resguardo a la pesca a pequeña escala que opera dentro de la primera milla marina.

Según su presidente, Cristián Arancibia, las indicaciones que presentaron ante parlamentarios, incluyen el establecer restricciones que permitan mejorar la sustentabilidad en las costas nacionales, así como también la implementación de una unidad que analice y aplique políticas dinámicas en torno al impacto que el cambio climático tiene en la biodiversidad marina. "Otro elemento central es el fomento al consumo humano, ya que en el proyecto de ley se establece el consumo humano con un aumento de cuotas para este fin y deja de lado todos los procesos que sean complementarios al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos e incentivos para que la pesca artesanal en general migre hacia el consumo humano y dejemos de extraer solamente para materia prima", expuso el dirigente.

"una iniciativa sesgada"

La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, indicó que, tras realizar un análisis técnico y jurídico del proyecto, el gremio concluyó que se trata de "una iniciativa sesgada, refundacional y que generará efectos en el ordenamiento jurídico chileno de insospechada magnitud y efectos". Según lo planteado por la dirigenta, la iniciativa legislativa desconoce los derechos vigentes, ya que se enfoca en la licitación del 50% de las cuotas y que el plazo de vigencia o permisos de pesca ya no será de 20 años, sino de 10.

A lo anterior, suma que este proyecto tendría las mismas ideas de la "Ley de la Jibia", que "es hasta aquí la peor política pública de la historia pesquera de Chile. Se mantiene la idea que el sector artesanal podría capturar y abastecer a las plantas de proceso, por eso se busca cambiar el fraccionamiento de las pesquerías en todo Chile en favor del mundo artesanal. De aprobarse esta idea, el país terminará este mandato presidencial con una actividad productiva menos, porque nosotros no tenemos opción alguna de funcionar con abastecimiento de lanchas y botes artesanales, como lo piensa el Ministerio de Economía".

En cuanto al desarrollo de la actividad, Macarena Cepeda fue clara en decir que como gremio "nunca nos opondremos a mejorar las legislaciones o normativas pesqueras", pero que el proyecto del Gobierno "no busca convertir a Chile en una potencia pesquera ni presenta alguna idea de cómo hacerla más competitiva frente al mundo, más bien busca hacer decrecer y romper con las certezas jurídicas".

Cuestionamientos al texto

El presidente del Sindicato de Interempresas de Tripulantes de la Pesca Industrial del Biobío y consejero titular del Consejo Nacional de Pesca, Hugo Roa, expuso que el texto del Ejecutivo tiene "mucho material para cuestionar". En relación a las licitaciones, el dirigente rechazó la propuesta no sólo por los puestos de trabajo, sino también por el impacto en las especies. Sobre el fraccionamiento, señaló que "esto nos pega directo en la línea de flotación de nuestra actividad. Hemos vivido varias crisis de las diferentes pesquerías, pero especialmente la del jurel nos afectó bastante a través del tiempo".

Roa aclaró que los recursos que hoy son trabajados se encuentran en condiciones saludables, gracias a la administración de la Organización Regional de Pesca. Añadió que parte de sus peticiones es que al personal embarcado industrial "se le reconozca a los tripulantes como pescadores, porque eso somos".

El Instituto Forestal (Infor), junto al Gobierno Regional y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), además de la Seremi de Agricultura, llevaron a cabo el seminario internacional "Aportes de la agroforestería a la restauración y recuperación productiva y ambiental de paisajes afectados por incendios forestales". El encuentro internacional tuvo como objetivo principal entregar conceptos y dar a conocer experiencias en la recuperación de suelos afectados por incendios forestales y erosionados, especialmente en la Región del Biobío, bajo una perspectiva de desarrollo sustentable del paisaje rural-forestal.

En esa línea, los ejes principales de este seminario, que contó con expositores de Argentina y Brasil, fueron la recuperación de suelos y áreas afectadas, integración de pueblos originarios, innovación y agrosustentabilidad, enfoque en la Agricultura Familiar Campesina, además de colaboración interinstitucional.

Los expertos destacaron que la agroforestería puede ayudar a diversificar y hacer más resilientes los paisajes agrícolas, pero es importante considerar la diversidad de usos y enfoques de sustentabilidad en diferentes paisajes.

Sandra Gacitúa, directora ejecutiva de Infor, indicó que "expositores latinoamericanos han mostrado cómo las políticas de fomento a la agroforestería y al sector forestal contribuyen a la recuperación de bosques, suelos y recursos naturales en el país".

Hasta el 12 de junio asociaciones de micro y pequeños empresarios y cooperativas podrán postular al fondo de convocatoria regional "Fortalecimiento Gremial y Cooperativo". Se trata de un programa de Sercotec que busca formalizar estos grupos para fortalecer la asociatividad y así mejorar su capacidad de gestión.

El director regional de Sercotec, Oclides Anríquez, indicó que "disponemos un fondo que les permite a ellos hacer actividades bien variadas desde los recursos que les aprueba realizar actividades de capacitación, difusión, análisis, hasta recursos que les permiten construir letreros".

El programa va dirigido a grupos de empresas de menor tamaño, personas naturales y jurídicas, con o sin iniciación de actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que deseen conformarse en una cooperativa o cooperativa de trabajo.

En la línea de fortalecimiento, el programa está dirigido a cooperativas con iniciación de actividades ante SII, cuyas ventas promedio por asociado sean menores a 25 mil UF durante los últimos 12 meses. No podrán ser beneficiarios de este instrumento las cooperativas de ahorro y crédito, escolares, de consumo, eléctricas, de agua potable y de vivienda.

El fondo, de hasta $8 millones emanados desde Corfo, también financia asistencia técnica, capacitación o infraestructura.