El 25% de las causas penales contra adolescentes se llevaron a juicio
Cifras de la Fiscalía indican que en la región este grupo etario concentra investigaciones por delitos asociados a drogas, hurtos, robos, lesiones y faltas. Por su parte, desde la Defensoría Penal Pública apuntan a una baja en la cantidad de jóvenes infractores.
Lesiones, vulneración de la libertad e intimidad de las personas y faltas son los principales delitos por los que adolescentes entre 14 y 17 años fueron investigados durante el año pasado según cifras de la Fiscalía a nivel regional, sumando un total de 3.385 causas ingresadas en 2023. No obstante, el 25% de estos casos finalizaron de forma judicial, con lo cual 518 menores de edad tuvieron sentencias condenatorias definitivas.
El boletín estadístico anual del Ministerio Público del año pasado indica que, en el marco de los 3.385 casos ingresados, se consideran 3.615 delitos (más de uno por causa) presuntamente cometidos por adolescentes, en donde Biobío destaca por sobre otras regiones por tener una alta cantidad de ilícitos asociados a drogas (168 casos); delitos sexuales (341); diversas faltas a la ley (427); y los 9 casos de homicidios que posicionan a Biobío dentro de las cuatro regiones con mayor cantidad de investigaciones en esta materia.
Por otra parte, considerando que en 2023 se llevaron a término 5.311 causas (que pudieron ingresar incluso en años anteriores), el 75% no tuvo una salida judicial, es decir, la Fiscalía tomó la decisión -en su mayoría- de archivar los casos de forma provisional (2.316) y en menor medida decidió no perseverar (113). De esta forma, de las 1.186 causas que fueron llevadas a tribunales, 518 terminaron con sentencias condenatorias definitivas, 141 fueron sobreseídas, 38 terminaron con acuerdos reparatorios y en 79 casos se aplicó la facultad de no investigar.
Defensoría penal
La Defensoría Penal Pública (DPP) es la institución que se hace cargo de cerca de un tercio de las causas de responsabilidad penal adolescente en la región. En esta línea, el coordinador de la unidad especializada para defensa penal juvenil, Jaime Pacheco, explicó que en la zona los delitos más reiterativos que se le imputan a adolescentes son los robos, hurtos, receptación, daños y lesiones, lo que se ha mantenido durante los últimos años.
"A pesar de que existe la percepción ciudadana de que los adolescentes cometen cada día mayor número de delitos, la verdad es que las cifras lo desmienten. Desde el año 2020 hasta el recién pasado, al menos en la Región del Biobío, el porcentaje que representan las imputaciones efectivas a adolescentes fluctúa entre el 3% y 4%. Esto es muy significativo si uno lo compara con años como el 2017, en el que alcanzaba un 7,6%", agregó.
Por otra parte, el abogado planteó que si se ha visto en los últimos años un aumento de los jóvenes que quedan sujetos a la medida cautelar de internación provisoria, pero que esto respondería a un contexto transversal en el que la privación de libertad se ha aplicado con mayor frecuencia incluso en mayores de edad.
"También la estadística indica que un número muy significativo de jóvenes que estuvieron privados de libertad durante sus procesos, cuando se les dicta la sentencia condenatoria, en definitiva, no son sujetos a una medida privativa de libertad", comentó Pacheco.
Nueva ley
Para el abogado Andrés Cruz, ex fiscal jefe de Talcahuano, comentó que con la nueva institucionalidad que prontamente cambiará el Sename por una un nuevo servicio, haciéndose cargo de los jóvenes infractores de ley; se requiere que hayan políticas sociales que se sumen a las represivas para evitar que los adolescentes puedan tener verdaderas oportunidades de resocialización y reintegración, permitiendo enfrentar las deficiencias que actualmente tienen los programas de reinserción social.
Considerando que de los infractores menores de edad, el año pasado 1.410 tenían entre 14 y 15 años y 2.151 estaban entre los 16 y 17 años; Cruz indicó que hay que tener mucha atención respecto a los tipos de delitos y los contextos en que los jóvenes delinquen, siendo fundamental para realizar una intervención efectiva con la finalidad de romper las posibles reincidencias.