Por Nicolás Álvarez Arrau

El invierno se acerca a un tranco acelerado. Pese a que aún falta para que la estación comience de lleno, hay sectores de la Región del Biobío que ya se han comenzado a ver afectadas por los embates del frío, la lluvia y la nieve. Así lo relata, por ejemplo, el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, quien a esta altura del año ya ha identificado familias aisladas con las últimas nevazones -tras lo que el municipio solicitó maquinaria para despejar los caminos interiores- y falta de forraje de emergencia para animales.

Sobre este último punto, advierte que la entrega de este material siempre se hacía durante abril, algo que, a su juicio, se había acordado con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. "Se acordó entregarlo en abril de cada año, pero este 2024 recién se reunieron hace unos días para evaluar cómo resolver la entrega de forraje para Alto Biobío, es decir, volvieron nuevamente al sistema antiguo y repitiendo experiencias de gobiernos anteriores, y siendo que este gobierno dijo iba a hacer todo distinto y que Alto Biobío sería una prioridad", lamenta el jefe comunal.

Fue el propio Presidente Boric quien el 27 de julio del año pasado, en un encuentro con comunidades pehuenche de Alto Biobío, señaló que "no solamente estamos respondiendo a la emergencia, sino que también tenemos un compromiso constante con apoyar la agricultura familiar campesina e indígena en el Alto Biobío. Entre abril y junio habremos entregado más de mil toneladas de alimento animal para prepararse con forraje, antes de los primeros temporales".

Piñaleo agrega que demorar hoy la entrega de forraje eleva, naturalmente, los costos y dificulta encontrar el producto y el servicio, "y una vez que llega a las comunidades se moja todo (...) Es un tema preocupante que no se logra entender desde Santiago, porque hay que anticipar las emergencias en zonas aisladas como esta comuna y otras".

Estrategias

Al respecto, la seremi de Agricultura, Pamela Gatti, explica que su ministerio está presente durante todo el año a través de sus diferentes servicios e instrumentos, como Desarrollo Territorial Indígena, planes de riego, programas de praderas, fiscalización de veranadas, entre otros, para apoyar a los agricultores de Alto Biobío.

"Sobre la entrega de forraje, esta sólo se puede realizar por la vía de emergencia agrícola, en conformidad a la Política Institucional para Situaciones de Emergencia", dice, y precisa que en el caso de Alto Biobío y sus sectores rurales "estos se ven continuamente afectados por las extremas condiciones climáticas en época invernal, afectando severamente el rubro ganadero, con impacto negativo en el manejo productivo y sanitario animal".

Esas características que son adversas e intrínsecas del territorio, insiste, son compensadas parcialmente a través de Praderas Suplementarias y/o concentrado animal. "Indap ha concurrido con apoyo de asesoría técnica e instrumentos de fomento como estrategia productiva y aumentar la superficie de suelo con especies forrajeras para aumentar la alimentación ganadera, sin embargo, el apoyo es limitado. También tiene dentro de sus funciones otorgar incentivos para mitigar y/o reparar los efectos de las situaciones, eventos o fenómenos de emergencia que afecten directamente a los negocios agrícolas de sus beneficiarios", señala Gatti.

En vista de lo anterior, desde la Seremi explican que es relevante contar con un catastro detallado del daño ocasionado, de manera de poder atender mejor la magnitud del problema, hacer un uso eficiente de los recursos institucionales y acogerse a la norma que rige los eventos de emergencia. Este trabajo, que se realiza de manera técnica con el objetivo de reunir información que permita analizar periódicamente la situación y eventualmente decretar emergencia agrícola, está a cargo, entre otros organismos, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que actualmente está realizando un monitoreo satelital de la nieve caída en Alto Biobío con el objeto de tener información técnica del sistema productivo agropecuario.

Durante 2023 Agricultura asignó un presupuesto de $436 millones, correspondientes a 1.100 toneladas de alimento animal, lo que equivale a 46.640 sacos y 2.332 usuarios beneficiados en la comuna cordillerana.

Contratistas de Puerto Coronel enviaron una carta a la delegada presidencial Daniela Dresdner en representación de 30 empresas que prestan servicios al terminal portuario. En la misiva de dos páginas señalaron verse perjudicados de no poder ejercer libremente su trabajo producto de la paralización que ya supera los 50 días.

"En conjunto, reunimos a más de 350 trabajadores y sus respectivas familias, que están viendo con mucha angustia y tristeza cómo la situación de Puerto Coronel no se soluciona y que, con mucho pesar, no hemos tenido ninguna respuesta por la autoridad correspondiente, viendo la nula preocupación de la situación que estamos viviendo, sabiendo que hay familias detrás de cada trabajador del Puerto Coronel", enfatizan.

Asimismo, aseguraron ser testigos "del bloqueo permanente de los trabajadores eventuales" del puerto que, según dicen, han impedido ingresar y recuperar herramientas de trabajo que quedaron allí el 26 de marzo.

"Sin perjuicio del cual, por los actos de impedimentos de los trabajadores eventuales a poder transitar libremente y con seguridad, vemos mermado y amenazada nuestra integridad física, esto pues el impedimento a ingresar a las instalaciones se realiza con total violencia, en donde las autoridades competentes no han demostrado ninguna intención de poder paralizar estos actos violentistas", plantean los contratistas.

Por último, en la carta a la delegada se afirmó que este es un problema que hoy escapa de un interés privado, pues se trata ya de "un problema público de interés estatal", y que por eso se apela a las atribuciones de la Delegación Presidencial para velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y su seguridad con apoyo de la fuerza pública.

Hasta la Seremi del Trabajo y Previsión Social llegaron representante de la Fesip para insistir en la preocupación por el contenido de la propuesta de nueva Ley de Pesca que se discute en el Congreso. Según el gremio, el texto deja entrever inestabilidad laboral para los trabajadoras del sector de pesca industrial, que en la Región del Biobío alcanzan la cifra de 6.500 empleos directos.

Juana Silva, presidenta de la Fesip, dijo que hay historia y que los trabajadores la conocen de sobra. "En cada proceso legislativo los únicos perjudicados hemos sido los trabajadores y trabajadoras de plantas de proceso que hemos perdido puestos de trabajo que no se vuelven a recuperar. Hoy alzamos la voz para que se legisle con igualdad, pensando en decisiones serias y empáticas con el mundo del trabajo que tanto aporta a esta región y el país", destacó.

La seremi Sandra Quintana, en tanto, señaló que "me traspasan su preocupación y yo trataré de ver cómo se ve esto a nivel nacional para que, en definitiva, se les pueda dar una respuesta también que les vaya dando la tranquilidad que necesitan".