"Jamás hicimos una compra o un gasto sin que una persona del Gobierno Regional lo visara"
Carlos Careaga defendió los pagos a funcionarios Gore y de remuneraciones, apelando a que todas tuvieron visto bueno de la autoridad. "Me siento defraudado por ellos", indicó.
Este miércoles, y de forma sorpresiva en la última sesión del Consejo Regional, el administrador regional Iván Valenzuela reveló que la Fundación Educación Financiera (Fundef) presentó un recurso de protección para revertir el cierre de un cuestionado convenio, investigado por la Fiscalía en el llamado Caso Convenios, siendo la primera fundación cuestionada en realizar esta acción.
El presidente Carlos Careaga y vía telemática el abogado Diego Rodríguez respondieron a Diario EL SUR una a una las consultas relacionadas tanto al recurso como a las irregularidades imputadas por la Contraloría y descritas en distintas acciones legales: a la fecha, ni Careaga ni ninguna persona vinculada a Fundef han sido requeridos para declarar por la fiscal anticorrupción María José Aguayo.
"Recibimos el 2 de abril un correo de nuestra contraparte técnica, Ignacia Maturana -que es la tercera que tenemos porque han sido cambiadas: primero Tamara Vidal, luego Camila Hermosilla- que dice que no se puede seguir ejecutando el programa y que debe estar suspendido, con todo lo que conlleva hacerlo de un momento a otro", dice Careaga.
Rodríguez aclara que el recurso de protección cuestiona el actuar del Gore y no el cierre del programa, ya que "no había un acto administrativo o una resolución y tampoco una motivación ni justificación normativa, sino que todo con una sanción que era 'mientras o después de este correo, todo lo que ejecute tendrá financiamiento objetado'".
Los hechos
El convenio fue firmado el 29 de diciembre de 2022 para llevar adelante un programa que buscaba "fortalecer las habilidades y herramientas de voluntarios de la Región" contemplaba una asignación de $380 millones y una ejecución por 24 meses.
Según la narración de Careaga, fueron requeridos por el Gore en el marco de la emergencia de los incendios forestales en febrero, para "poder ayudar, ya que se estaba creando un centro de acopio donde nosotros dijimos que se podían levantar voluntarios. De eso, vienen las primeras solicitudes de comprar colaciones para voluntarios y funcionarios, y luego crear kits de primera necesidad que debíamos acercar a las personas".
En ese punto, surge el cuestionamiento de Contraloría sobre la contratación de dos funcionarias del Gore financiadas con los dineros de Fundef, plasmado en un preinforme de enero; sobre ello dice que "vinieron otras 'pedidas' donde nosotros a medida que gastábamos recursos fuimos viendo como poder sostenerlo, y después está el tema de los profesionales que siempre tuvieron esta fundamentación de que en la Región hubo tres decretos de que era zona de catástrofe y que se debían generar acciones desde los servicios públicos para accionar con mayor diligencia. Se nos hizo hincapié en aquello, y dentro de eso que pudiéramos utilizar los recursos del proyecto para temas de la emergencia", añade.
-¿Quién hizo esa solicitud?
-Quien habilita la conversación con el Gore es nuestra contraparte técnica, quien tiene una comunicación fluida que me permite ir informando lo que voy haciendo. Siempre fue mi contacto, pero también gente de la división de Desarrollo Social y Humano en diferentes momentos: es difícil imputarle solo a una persona, pero si tenemos respaldado todo, donde además las solicitudes estaban en conocimiento de muchas personas del Gobierno Regional. Jamás hicimos una compra o un gasto sin que una persona del Gore lo visara.
-¿Qué responsabilidad les atañe como fundación en todo esto? Pregunto porque también se ha cuestionado el pago de sueldos con recursos asignados por el Gore y el traspaso de dineros cruzados destinados a otras fundaciones donde ejercen roles los directores.
-Me gusta que hayas nombrado ese tema, porque no es una problemática que vivimos nosotros. La ley es clara en señalar que los directores sí pueden recibir remuneraciones dentro de la fundación, salvo que los estatutos digan lo contrario y que el directorio no esté en acuerdo, algo que no ocurre aquí.
Si es verdad que salimos en prensa en torno a que nos estamos autofinanciando, cosa que legalmente se puede hacer, salvo que el fondo diga lo contrario. El Gore en ningún momento informó que los directores no se podían pagar con cargo al fondo, y esto sucede con otros fondos. Si sabíamos que había un instructivo interno que decía que no se podía hacer, lo solicitamos varias veces y tenemos el correo donde hay un pronunciamiento jurídico del Gore que señala que sí se pueden percibir remuneraciones.
En ese punto, Careaga defiende su actuar y señala que "yo genero un rol, soy presidente de la fundación, representante legal y soy encargado del programa y genero actividades, voy al territorio, trabajo y eso se ve en todos los informes de actividades".
Sobre los vínculos con otras fundaciones y las contrataciones cruzadas, dice "soy categórico en decir que recibía recursos por ser jefe de proyectos solo en este convenio, y no de otro. No recibo remuneración de un proyecto de Impulsa, pero sí hubo una persona de Impulsa que recibía remuneración acá porque cumplía dos labores con horarios distintos y con boleta de honorarios".
-¿Como califica el actuar del Gobierno Regional?
-El convenio que tenemos con el Gore es uno que nosotros no redactamos o decidimos en una mesa, sino que viene emanado del Gore con cláusulas y ciertas estructuras. Hay una posición dominante donde me pueden liquidar, yo pongo una garantía de fiel cumplimiento que asegura que ejecutaremos bien.
En estos momentos me siento defraudado como persona, porque hemos actuado del minuto uno ajustados a hacer las cosas bien, de forma correcta. Siempre hemos entregado toda la información e informes todos los meses, con toda la documentación requerida.