"La comunidad nos tiene confianza y se denota con el alto ingreso de causas"
Durante este año a cargo de la jurisdicción, el ministro manifestó su preocupación por nudos críticos en la cantidad de carga laboral por aumento de causas en tribunales penales, familiares y civiles.
Diversos desafíos en materia de gestión en la tramitación de causas, agilizar procesos con diferentes servicios e instituciones, así como la adaptación de espacios ante la próxima puesta en marcha de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes. Estas son algunas de las áreas de trabajo que el ministro Mauricio Silva, quien preside durante este año la Corte de Apelaciones de Concepción, espera trabajar y fortalecer durante su periodo de gestión.
Con más de 30 años de carrera judicial en diferentes tribunales del país, el ministro destacó que su principal foco es que los tribunales funcionen de forma adecuada y entreguen el servicio que la comunidad les demanda. En esta línea comentó que "aún cuando en las encuestas salimos bastante mal, la comunidad nos tiene confianza y se denota en el alto ingreso de causas, confían en que los tribunales resolverán sus dificultades y se ha notado en una acción muy sencilla, que es el recurso de protección".
-En este primer mes de trabajo ¿cuál ha sido la dificultad que más le preocupa sobre la operación de los tribunales?
-Tenemos un aumento en los ingresos de causas en la mayoría de los tribunales, en especial en los penales, de familia y civiles, porque a propósito de la pandemia el flujo de ingreso y la activación de algunas causas. En contrapartida, los tribunales han tenido que asumir esta situación con la misma dotación histórica de personal, lo que ha causado un problema de recarga laboral bastante importante (...) De todas maneras, con el personal que se tiene igual se está haciendo el trabajo, cuando detectamos mucha sobrecarga se aplica un plan especial para asumirlo en el determinado tribunal, porque es importante que las resoluciones y decisiones se efectúen en un tiempo oportuno.
-Actualmente ¿cuál es la situación del teletrabajo en la jurisdicción?
-En el Poder Judicial hay ciertas áreas que pueden trabajar de esa manera y hay otras en que la presencialidad es imprescindible, actualmente tenemos una actividad mixta, incluso se puede llegar al 20% de los funcionarios de un tribunal trabajando en forma telemática (...) La regla general es que en tribunal de primera instancia, las audiencias se realicen presencialmente, sobre todo cuando se rinde prueba, pero también hay ciertas áreas muy acotadas en las que se puede utilizar el sistema de videoconferencias.
-¿Hoy todos los tribunales tienen la tecnología necesaria para este tipo de modalidad?
-Si, es una tecnología en constante renovación, se está corrigiendo, de repente presenta ciertas imperfecciones. El año pasado por ejemplo se nos cayó el sistema, no sabemos si hubo un hackeo, pero se están tomando las medidas para que no vuelva a ocurrir y cada vez tenemos un sistema más fluido para el desempeño de los tribunales.
-Al asumir la presidencia comentó que su gestión pondrá el foco en los adultos mayores, ¿cómo espera avanzar en esa área?
-Los adultos mayores son un grupo vulnerable que cada vez va siendo más masivo, falta interés en tomar medidas específicas respecto a sus condiciones propias para que accedan a la justicia con facilidades que permitan equilibrar las dificultades que enfrentan en comparación al resto de las personas. Ahí estamos tratando de conectarnos con la institución del Estado a cargo de estas materias para hacer actividades en conjunto y desarrollar tal vez algunos seminarios, publicitar más esta situación, porque hay ciertas áreas como servicios jurídicos, notarías o el Conservador de Bienes Raíces en donde a veces se ponen más requisitos para que puedan actuar autónomamente, hay algo que parece no estar muy claro respecto a cuáles son sus derechos.
-¿Respecto a la atención de imputados hay algún nudo crítico que haya detectado?
-Nos preocupa que, sobre todo en materia proteccional de menores de edad, hemos tenido dificultades en que los sistemas de salud proporcionen programas especiales para aquellos niños, niñas y adolescentes que llegan a tribunales de familia y también penales con algún diagnóstico o sospecha de patología psiquiátrica. Obtener informes y tratamientos sobre esa materia es una dificultad que provoca un impacto en los menores, entonces ahí estamos tratando de relacionarnos lo más posible con los sistemas de salud de la región para acordar prestaciones que sean adecuadas y cubran esta necesidad.
Además, hay una nueva institucionalidad que empezará a operar el próximo año, la ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo que trae bastantes cambios en materia de tribunales, de hecho se establecen salas especiales para estos casos, también sobre centros donde eventualmente podrían ser internados (los menores imputados), o los programas que se requieren cuando se les establece una responsabilidad penal. Tenemos este año para prepararnos y que este nuevo sistema funcione adecuadamente en la región, la idea es ponernos en contacto y concordar con el resto de las instituciones que van estar involucradas.