Por Diana Aros Aros

Un total de 18 días cumplieron paralizadas las operaciones en Puerto de Coronel, debido a una falta de acuerdos entre los trabajadores eventuales y la empresa. Y es que los portuarios se han mantenido a las afueras del recinto exigiendo el diálogo con la gerencia de la empresa, mientras que la firma ha manifestado que se han activado "formas de presión que rompen la posibilidad de un diálogo real".

Bajo ese contexto, la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, liderada por la delegada presidencial Daniela Dresdner, junto a la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, y representantes de la Dirección del Trabajo, con el objetivo de llevar a cabo una mesa con Puerto de Coronel y los trabajadores eventuales y así buscar las alternativas que permitan retomar las operaciones del recinto.

No obstante, tras una reunión que se extendió por casi cuatro horas, no hubo definiciones y las partes acordaron una nueva reunión para este lunes a las 10 horas en dependencias de Puerto de Coronel.

Sobre la negociación, Dresdner señaló que "a mí solamente me ha tocado el rol de mediar para que el diálogo se produzca. En este caso, hemos tenido un diálogo muy fructífero que ha avanzado bastante y esperamos que pueda continuar el día lunes en las dependencias del Puerto de Coronel".

De este nuevo encuentro, la delegada presidencial regional apuntó que como autoridad no será parte de esta segunda reunión, pero que será liderada por el Ministerio del Trabajo. "Creo que acá lo importante es que siga avanzando el diálogo entre la empresa y los trabajadores", dijo.

Cabe destacar, que, tras este encuentro, tanto los dirigentes sindicales de los portuarios como la empresa declinaron a referirse a lo conversado en la reunión y al conflicto en general.

Inicio del conflicto

El 26 de marzo se dio inicio a un conflicto al interior del recinto portuario, cuyo motivo fue la implementación de la nueva Política de Alcohol y Drogas aplicada por el puerto a sus trabajadores, la cual, según detalló la empresa en ese entonces a través de una declaración pública, se buscaba "reforzar la seguridad de nuestros trabajadores, sus fuentes de empleo y optimizar la eficiencia operacional de Puerto de Coronel. Junto con lo anterior, como empresa debemos garantizar que toda persona que ingresa a trabajar a nuestras instalaciones portuarias debe velar por la seguridad de todos y la igualdad de oportunidades laborales".

Estos hechos, que involucraron manifestaciones por parte de los portuarios, generaron que la empresa tomara la decisión de interrumpir sus operaciones. Esto, "luego de confirmar una reducción en los rendimientos de trabajo y tras 12 turnos laborales en los que los dirigentes sindicales no estuvieron disponibles para retomar el diálogo", indicaron en la misiva.

Por su parte, los portuarios han expresado que la problemática trascendió la implementación de esta nueva normativa de alcohol y drogas, y que existiría un conflicto relacionado a la designación de trabajadores para cada turno efectuado. A través de una declaración pública, los trabajadores portuarios, que suman a 800 trabajadores agrupados en tres sindicatos, expusieron que "hemos dado señales de nobleza al intentar buscar acercamientos cada vez que hemos sido llamados tanto por la gerencia como por las autoridades".

A esto, aclararon que "la no actividad del terminal no responde a acciones de los trabajadores, sino, más bien, a la decisión unilateral de la compañía de cerrar las puertas por dentro. Así mismo, las instalaciones, equipos y maquinarias de nuestro puerto no han sufrido daños ni alteraciones".

Ante los dichos de los portuarios, la empresa respondió que los trabajadores han coordinado protestas como "ruedas cuadradas", desmanes en la vía pública, "cuantiosos destrozos en las oficinas de la empresa y en la vía férrea. Como empresa hemos presentado las querellas correspondientes con evidencias indesmentibles. Ayer se presentó una segunda querella que representa lo expuesto. A esto se suman las acciones legales informadas por Fepasa".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de la empresa Essbio, en representación de consumidores afectados de las regiones de O'Higgins, Maule. Ñuble y Biobío, que fueron perjudicados por suspensiones, paralizaciones o no prestaciones de carácter injustificado en el servicio de agua potable y alcantarillado durante los años 2022 y 2023.

La acción legal, que fue ingresada ante el 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, también incluyó antecedentes por el incumplimiento en la compensación debida a los consumidores, conforme a lo establecido en la legislación.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, expuso que "estamos pidiendo que se apliquen las máximas sanciones a la empresa Essbio, respecto de estas conductas que hemos descrito y que podrían sumar, por cada uno de los consumidores afectados 2.100 UTM ($136 millones aproximadamente) en total por cada consumidor afectado".

A esto, Herrera detalló que con la demanda se solicita al tribunal que indemnice a todas las personas afectadas de conformidad a la ley y se paguen los saldos de las indemnizaciones debidas que no se han pagado a la fecha. Además, el director nacional del servicio añadió que "buscando que se indemnice el daño moral de los consumidores por haberse afectado también la dignidad de los mismos al estar un tiempo considerable sin este servicio básico".

Por su parte, desde Essbio no profundizaron en la situación y a través de una escueta declaración expusieron que "lo expuesto por el Sernac corresponde a cortes de emergencia, episodios que son intrínsecos a una empresa de servicio que opera 24/7. Nuestro objetivo siempre es reponer el suministro con la mayor prontitud posible y cumplir con la normativa vigente. En Essbio los clientes son prioridad, por lo que estamos abiertos a buscar soluciones".

Empresarios de pequeñas, medianas y grandes firmas locales fueron parte del encuentro Conecta Pyme Biobío, organizada por el Comité de Innovación y Pymes de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío), para explorar las distintas estrategias de colaboración entre empresas de distintos tamaños y el desarrollo del programa de proveedores en la Región.

En la instancia, se dio a conocer los detalles del programa de Desarrollo de Proveedores Locales de CMPC, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento de estos en los territorios, mediante la capacitación y mentorías personalizadas, posibilitando el crecimiento y la consolidación de empresas de distintos tamaños. Sobre esto, el gerente de Relacionamiento Estratégico de CMPC, Santiago Marín, expuso que "es necesario capacitar a los proveedores locales para que alcancen los estándares que la compañía requiere".

Desde Corfo, también explicaron los lineamientos del programa Desarrollo de Proveedores que tiene la corporación, el cual está disponible para todas las empresas del Biobío.