Por Felipe Cuevas Mora

Un plazo de seis meses de investigación, arraigo nacional y firma mensual decretó la magistrada Magaly Melgarejo del Juzgado de Garantía de Nacimiento para dos funcionarios de la empresa eléctrica Coelcha, tras ser formalizados por una serie de hechos vinculados al megaincendio "Santa Ana", que alcanzó más de 70 mil hectáreas en febrero del año pasado.

Durante la narración de los hechos sustentados en informes técnicos entregados tanto por la Policía de Investigaciones como por Conaf, la fiscal regional Marcela Cartagena detalló que un supervisor y un contratista de la empresa -de los cuales el tribunal pidió no revelar su identidad- actuaron de forma negligente al no concretar el despeje de una línea de media tensión en Nacimiento, permitiendo la propagación del fuego a otras cinco comunas en pocas horas, afectando a cerca de 300 personas, entre ellas 14 fallecidas y nueve que resultaron con lesiones graves.

La acción es la primera que presenta el Ministerio Público en esta materia, luego de que en septiembre se confirmara que se investigan al menos tres megaincendios, apuntando directamente a la responsabilidad de las empresas eléctricas en el siniestro que le costó la vida a una veintena de personas.

A la audiencia también concurrió un significativo número de personas, varias de ellas citadas como víctimas pero que no pudieron ingresar a la sala.

Los hechos

Durante poco más de una hora la fiscal Marcela Cartagena, junto al fiscal adjunto Jorge Lorca, leyeron uno a uno los 268 nombres de las víctimas del incendio, además de las 14 personas fallecidas y las nueve heridas de diversa gravedad, producto del siniestro iniciado el 2 de febrero por la cual ambos profesionales fueron formalizados.

En su narración la persecutora dio cuenta de que, al no realizarse el despeje de forma adecuada -la última mantención fue en 2021-, durante las primeras horas de ese día, "el fuego tomó contacto la línea eléctrica energizada, causando que material incandescente del árbol cayera al suelo, dando inicio a un incendio forestal", y que por condiciones climáticas, "el fuego rápidamente se propagó a nivel aéreo y superficial a través de la columna de convección, generando saltos de pavesas y provocando focos secundarios en el sentido de la dirección del viento suroeste, imperante a esa hora, a una velocidad que primeramente alcanzó los 30 kilómetros por hora".

Acto seguido, la fiscal detalló que vientos de hasta 68 kilómetros por hora permitieron la propagación descontrolada del fuego "en dirección suroeste, alcanzando las comunas de Lota, Coronel, Arauco, San Pedro de la Paz y principalmente la comuna de Santa Juana, afectando un total de 69.080,51 hectáreas de plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales, pastizales, viviendas, construcciones, otros bienes, animales domésticos, cabezas de ganado y vidas humanas". Tras un breve receso, y sin oposición de las defensas, la magistrada Melgarejo acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y seis meses de investigación.

Argumentos

A la salida de la formalización, la fiscal regional expuso que "era fundamental determinar la causa de este incendio, donde ocurrió y desde allí entender si había personas naturales que podían ser responsables de esta instancia. Las conclusiones a la que llegamos, las dos personas son responsables de estos hechos", y apuntó a que "se actuó desde la culpa o negligencia y no el dolo, cuestión que responde al tipo de cautelares que se solicitaron".

"Acá hubo cosas que no se hicieron, y otras que no se hicieron de manera adecuada: establecimos el último despeje de la franja se hizo en 2021, y según indagamos, no se hizo de manera incompleta. Hubo un no hacer y un hacer mal (...) La rama del árbol que tocó el cable de alta tensión no habría estado ahí porque la mantención lo habría impedido, es así de claro", complementó, junto con asegurar que la evidencia científica permitirá comprobar cómo se produjo el siniestro. Cartagena también recordó que "junto al fiscal nacional nos comprometimos con las familias de las víctimas a que haríamos un trabajo acucioso, y este es el primer paso", y no cerró la puerta a que más personas estén involucradas.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz manifestó que "saludamos la intervención pronta de la Fiscalía, que da cuenta de la preocupación del ente persecutor respecto a lo que vivimos, donde se perdieron vidas humanas, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y agrícola. Tomaremos las acciones civiles correspondientes cuando se conozcan los responsables".

268 víctimas dejó el incendio Santa Ana, que alcanzó a al menos seis comunas desde el 2 de febrero del año pasado.

Un significativo avance registran los trabajos que se llevan adelante en la tercera etapa del proyecto de normalización del aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano, particularmente concentrado en una inversión para fortalecer sus estándares de seguridad, que alcanza los $7.169 millones y que ya llega al 76% de avance.

Durante la jornada de ayer, las autoridades realizaron una visita inspectiva para destacar el progreso de las faenas, concentradas la conservación de la Plataforma Sierra. El seremi de Obras Públicas Hugo Cautivo dijo que "estas obras se traducen en fortalecer nuestra infraestructura logística regional, con una mirada además en el desarrollo de la economía regional. Hoy, a través de la dirección de Aeropuertos, estamos permitiendo concretar mejoras que son muy necesarias para poder darle a este aeropuerto el nivel que se merece".

La delegada Daniela Dresdner en tanto, valoró que "era muy necesario avanzar en esto, dado que pavimentos de más de 50 años debían ser intervenidos y por lo tanto este es un gran avance para nuestro aeropuerto, por lo que esperamos que estén terminadas antes de agosto, que es la fecha contractual de término".

La directora (s) de Aeropuertos Claudia Álvarez detalló que "ya superamos el 70% de avance y estamos a días que comiencen las operaciones internacionales, por lo tanto, Carriel Sur siempre será una alternativa al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, como ha sido hasta ahora cuando se ha requerido; por esta razón, siempre nuestra misión es tener las mejores condiciones de seguridad para las operación de vuelos".

Otro de los elementos que se abordó en la visita es que desde mañana se reanudarán los vuelos internacionales desde Carriel Sur, con la ruta Concepción-Buenos Aires de JetSmart. Sobre esto, Cautivo puntualizó que "esperamos que efectivamente las tasas que teníamos, que eran cercanas a un 10% aproximadamente de crecimiento anual, tal vez se puedan ver superadas este año".

Una compleja situación es la que se vive al interior del municipio de San Pedro de la Paz, luego de que el exdirector de Secpla Andrés Castillo presentara una querella en contra de las concejalas Paula Opazo, Camila Ortiz y una funcionaria, por injurias y calumnias luego de haber sido acusado de una serie de conductas constitutivas de abuso laboral, sexual y otras infracciones.

En un comunicado, ambas concejalas y la Asociación de Funcionarios manifestó que "que las eventuales situaciones o conductas que acusa en la querella, se inscriben en el contexto de la denuncia formal ingresada a la Oficina de Partes del municipio, el día 9 de noviembre de 2022, por parte de funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación en contra de José Améstica, profesional que llegó con esta administración y que rápidamente pasó a ser el Jefe encargado del departamento de Estudios y Proyectos de Secpla, y en contra del querellante Andrés Castillo".

Además, se afirma que el alcalde contaba con una serie de antecedentes que le fueron entregados, mientras se llevaba adelante el proceso administrativo, pero que estos no fueron facilitados al fiscal que llevó adelante el sumario

Una nueva complicación suma Simón Acuña, exjefe de la División Social del Gore y uno de los formalizados en la arista de la Fundación En Ti del Caso Convenios. Según pudo conocer este medio, la cuarta prefectura de Carabineros de Coronel informó al Juzgado de Garantía de Concepción que el formalizado por cinco delitos, habría incumplido en dos ocasiones la medida cautelar de arresto domiciliario decretada desde noviembre pasado.

El documento detalla que "el personal de servicio en la población de esta unidad, procedió a fiscalizar la medida de arresto domiciliario total (...) informando que los días 17 de febrero (22.50 horas) y 22 de febrero (17.12 horas) el imputado no fue habido. De lo anterior se dejó constancia en la hoja de control de la medida cautelar, por parte del funcionario diligenciador, de los incumplimientos por el imputado".

Esto se conoce luego de que la semana pasada se desechara la solicitud realizada por su defensa para modificar las medidas cautelares, solicitando una de arresto nocturno con el objetivo de retomar sus actividades laborales.

En una declaración citada por Radio Biobío, Acuña afirmó que en el primero de los casos él se encontraba en su domicilio, mientras que en la segunda ocasión estaba prestando declaración ante la Fiscalía: "Lamento lo ocurrido porque siembra un manto de duda sobre un proceso que he cumplido a cabalidad".