Por Felipe Cuevas Mora
Fue en un clima complejo que el sociólogo Marco Millar asumió el 10 de noviembre pasado como coordinador regional de Seguridad Pública, el tercero de la actual administración: ese mismo día, diez bombas de ruido fueron detonadas en centros comerciales de Concepción.
A cuatro meses de un aterrizaje forzoso, cuenta a Diario EL SUR que una parte central de su labor ha estado enfocada tanto en dar cumplimiento a las políticas que lleva adelante la Subsecretaría de Prevención del Delito, como también fortalecer las coordinaciones y el diálogo, tanto con los estamentos públicos involucrados como con los municipios.
"Desde mi llegada, sin duda, se ha tenido que profundizar el diálogo y la coordinación. Es parte de los desafíos que nos ha tocado asumir como Gobierno, entendiendo que veníamos de una realidad particular con los años de pandemia y una contracción del Estado", dice.
Sobre el escenario actual en la Región, quien trabajó por ocho años como encargado técnico de Seguridad Pública en el municipio de Coronel, explica que "hemos visto, y es muy profundo, que los grados de inseguridad se alojan no sólo en las grandes urbes, sino también en lugares más lejanos como Alto Biobío, Tirúa o Curanilahue, con una sensación de inseguridad muy similar y los mismos delitos".
-¿A qué se puede atribuir la sensación de inseguridad? Las cifras revelan una baja en los episodios, pero un cambio en la peligrosidad de los delitos.
-En la Región, y respecto a los años previos a la pandemia, la dinámica delictiva mantiene una baja, pero sí tenemos delitos más gravosos, por ejemplo, el tema de los homicidios, robos de vehículos con violencia, y eso cala en los niveles de inseguridad.
Pero no sólo son los delitos, sino también los desórdenes o incivilidades, los que aportan a la sensación de inseguridad, y es ahí donde las herramientas del Estado deben llegar en su conjunto.
En ese punto, Millar da cuenta de una "dinámica compleja" para llevar las políticas públicas en materia de prevención a todos los territorios, y que "es ahí donde tratamos de avanzar, buscando acortar las brechas entre los registros policiales con los niveles de inseguridad: la última medición que tuvimos (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2023) mostró que el Biobío está dos puntos sobre la media nacional en temas de inseguridad y eso es preocupante".
Allí, destaca planes como "Estado Presente", que contemplan un despliegue con patrullajes y fiscalizaciones en distintos puntos: "Con la presencia del Estado genera una mayor sensación de seguridad -con la presencia de Carabineros y la articulación con Jedena- y ha tenido buenos resultados, porque lo hemos hecho casi en todas las comunas. El subsecretario Vergara nos puso el desafío de aumentarlas en al menos un 20%, considerando que el año pasado llegamos a más de 140 fiscalizaciones intersectoriales, y el desafío es seguir aumentando".
-A la luz de los patrullajes y fiscalizaciones que se realizan, ¿ustedes detectan que la comisión de delito ha adquirido nuevas dimensiones, por ejemplo, que atraviesen una comuna o provincia?
-Cuando comenzamos estas acciones, a fines de 2022, el primer hito fue un proceso de fiscalización interprovincial en Biobío y Concepción, con todos los municipios coordinados y desplegados. Esto con relación a que precisamente los delitos ahora son móviles, y en las acciones hay un grupo de personas que va a cometerlos a otra comuna y se mueven a otra.
Y la dinámica que tenemos debe responder a eso. De hecho, una de las solicitudes que nos hicieron en el último Consejo Regional de Seguridad Pública responde a abordar a nivel provincial los delitos. La semana pasada ya tuvimos una reunión con todos los equipos municipales de seguridad pública del Gran Concepción, y tendremos en las provincias de Arauco y Biobío, buscando estrategias conjuntas porque los desafíos frente a estos delitos más complejos requieren una mirada mucho más amplia.
Tipos de delitos
-¿Cómo se explica, desde la óptica de la Subsecretaría, el fenómeno que ha ocurrido a nivel delictual en Los Ángeles, con homicidios, bandas delictuales e incluso fenómenos como el sicariato?
-Los Ángeles no queda exento a los problemas de las zonas urbanas. Quizás está alejada del centro político de la Región, pero concentra las mismas problemáticas a nivel de pobreza, marginalidad, tomas de terreno, comercio ambulante y, en ese sentido, la mirada del Estado es afrontar este problema de frente.
Es un análisis que no es fácil de realizar ante los múltiples factores que inciden en las problemáticas delictuales, pero si hay una priorización importante y necesitamos fortalecer el trabajo realizado, articulando también a los municipios alrededor con problemáticas similares, haciendo que el enfoque territorial sea mayor.
Allí, el coordinador regional de Seguridad Pública releva que la capital de la Provincia de Biobío integra el plan Calle Sin Violencia, "con una estrategia compleja respecto al servicio de despliegue de las policías y también de las investigaciones criminales, junto a un equipo relativamente nuevo que viene a fortalecer las capacidades de la Fiscalía respecto a las investigaciones en homicidios y crimen organizado (ECOH). Nosotros vemos cómo articulamos las acciones que lleva adelante la Subsecretaría del Interior con el aporte que realicemos, por ejemplo con una inversión similar a la realizada en Concepción".
-Usted mencionó el plan Calle Sin Violencia. ¿Cómo evalúan el trabajo intersectorial que se ha realizado, desde el aporte que realizan como Subsecretaría?
-Esta es una política de focalización relacionada con los casos de homicidios, y si queremos evaluar, quizás, es muy corto el plazo. Pero, sí, en 2023 logramos quebrar un alza en los delitos, una tendencia siempre al alza durante la última década en la comisión de homicidios concentrada en estas tres comunas.
A partir de eso, sí hay un balance positivo con la mayor presencia del Estado, la focalización y niveles de participación, junto a la coordinación desde las delegaciones y junto a los municipios, evaluando como cambia y se mueve entre todo tipo delito, y en cualquier expresión. Cuando uno genera más control, más capacidades y apretando más, se genera un efecto globo que dinamiza y se mueve para otros lados. Esa es una ventaja del plan, que se ajusta en base a lo generado de manera diaria.
-Un problema histórico, y que cada vez queda más expuesto, es el del comercio ambulante ilegal. ¿Qué tan complejo resultar afrontar una práctica que ha trascendido comunas y niveles de envergadura, que lleva a pensar que hay una organización coordinada detrás para delinquir?
-Es una temática bastante compleja por el dinamismo con que se da la misma. Es muy móvil, de bajo control y bajas penas, en general es una falta que ni siquiera se ingresa en Fiscalía.
Allí hay un desafío importante, porque se ve en comunas grandes y tiene sus expresiones en sectores de Lota, Curanilahue, Arauco, Los Ángeles o Talcahuano, donde no sólo se relaciona con la necesidad de las personas de obtener recursos, sino que se ha expandido con esa particularidad de que pareciera que hay muchos más niveles de organización para generar un comercio ilícito, que es ilegal, en distintas expresiones y no sólo para vender frutas o verduras, sino ropa o fuegos artificiales.
En el cierre, Millar cuenta que tanto el plan contra el Crimen Organizado como el plan de Seguridad Pública tienen un foco especial en el comercio ambulante ilegal: "Hemos apuntado a la estrategia del copamiento, popular entre los alcaldes, pero que es muy difícil de llevar en el tiempo, sobre todo en estos espacios que son diariamente tomados. Y otra estrategia son las intervenciones focalizadas que terminan con decomisos y fiscalizaciones, que permiten regular y, si bien no son tan potentes, generan una acción que si es de forma permanente y sostenida en el tiempo da buenos resultados".