Abarca desde el artículo 193 al 197 y trata y desarrolla las directrices principales respecto de la Contraloría General de la República y su función en el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, así como de la probidad en el ejercicio de la función administrativa. El origen de la Contraloría General está en el Decreto Ley N° 258 de 22 de julio de 1932 y en la Ley Nº 10.336 de 12 de mayo de 1952, promulgada bajo el gobierno de Gabriel González Videla. A nivel constitucional fue regulada por primera vez en la Constitución de 1925, por una reforma introducida por la Ley N° 7.727 de 1943, que la reconoce como organismo autónomo, condición que se mantiene en la propuesta.

La regulación que hace el proyecto es bastante similar a la de la actual Constitución. Un cambio es que incorpora el control de la probidad en el ejercicio de la función administrativa, y precisar las funciones y principios que rigen a la Contraloría, y en crear un tribunal de juzgamiento de cuentas independiente.

a. Normas reguladoras de la Contraloría General de la República.

Hoy, además de la Constitución, la Contraloría General de la República está regulada por una ley orgánica constitucional. En la propuesta esas leyes son reemplazadas por leyes institucionales, que cumplen el mismo objetivo y que deberán ser aprobadas por mayoría de los parlamentarios en ejercicio.

b. El principio de probidad.

La propuesta vincula el principio de probidad de los funcionarios administrativos al control de la Contraloría General, lo que es un cambio respecto del actual texto constitucional.

c. Precisión de funciones.

Se precisa a nivel constitucional funciones que no están en el texto vigente: fiscalizar a los privados respecto del uso de fondos públicos, informar la gestión financiera y emitir la normativa contable de la Administración del Estado y examinar y efectuar reparos a las cuentas como antecedente para el juicio de cuentas.

d. Principios que rigen el actuar de la Contraloría General.

La propuesta dice que la Contraloría General de la República se regirá por los principios de probidad, transparencia, publicidad, celeridad y rendición de cuentas. El Contralor deberá rendir cuenta anual a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Art. 193. Establece la autonomía, funciones principales, desconcentración territorial y principios que rigen las actuaciones de la Contraloría General de la República.

Art. 194. Establece los requisitos para ejercer el cargo de Contralor General de la República.

Art. 195. Regula la función de control de legalidad de los actos administrativos mediante la toma de razón (si el acto es legal) o de representación (si el acto es antijurídico), incluyendo aquellos dictados por el presidente de la República.

Art. 196. Establece un tribunal de cuentas para el juzgamiento de la administración de los fondos y recursos por parte de los funcionarios administrativos.

Art. 197. Mantiene la norma bicentenaria de que las tesorerías de la república no podrán dar curso a pagos sin un acto administrativo que lo ordene de conformidad a la legislación presupuestaria.

a. Normas reguladoras del Banco Central.

Actualmente, además de la Constitución, el Banco Cebtral está regulado por una ley orgánica constitucional. En la propuesta esas leyes son reemplazadas por leyes institucionales, que deberán ser aprobadas por mayoría simple.

b. El principio de transparencia.

La propuesta vincula el principio de transparencia a las funciones del Banco Central, lo que es un cambio respecto del actual texto constitucional.

c. Deber de rendir cuentas por parte de los Consejeros del Banco Central.

Hoy la obligación de los consejeros del Banco Central de rendir cuenta de sus actuaciones no está en el texto de la Constitución. La propuesta incorpora este deber.

d. Destitución y la remoción de los consejeros.

La propuesta regula el nombramiento, la destitución y la remoción de los consejeros del Banco Central, aspectos que no están contenidos en el texto constitucional vigente. Además, establece las responsabilidades para ellos.

Art. 198. El Banco central es un organismo autónomo, técnico y con patrimonio propio.

Art. 199. El objeto central del Banco Central es velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, para lo cual puede regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, además de dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. estabilidad

Art. 200 Restringe las operaciones del Banco Central con instituciones financieras, públicas o privadas.

Art. 201. La dirección y administración superior del Banco estará a cargo de un Consejo, el cual ejerce sus atribuciones conforme a la Constitución y la ley institucional del Banco. El Consejo deberá adoptar acuerdos teniendo presente la orientación general de la política económica del Gobierno.

Art.202. El Consejo del Banco Central estará integrado por 5 consejeros, que serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado por 3/5 de sus miembros en ejercicio. El Presidente de la República designa al Presidente del Consejo, que será el del Banco, para un período de 5 años o el tiempo menor que le reste como consejero. Los consejeros durarán 10 años en su cargo, pudiendo ser designados para nuevos períodos y se renovarán por parcialidades: uno cada dos años

Art. 203. El Presidente de la República puede destituir al consejero que se desempeñe como Presidente del Consejo y del Banco si incumple las políticas adoptadas o las normas económicas que imparte al Consejo.

Art. 204. El Presidente de la República puede remover a alguno o a todos los consejeros si incumplen los objetivos de la institución, la probidad pública o que infrinja la constitución y la ley institucional causando un daño significativo al país.

Art. 205. Se instituye que el Banco Central debe actuar conforme al principio de transparencia, que debe rendir cuenta pública al Presidente de la República y al Senado. El Banco debe adoptar normas de transparencia y rendir cuenta periódica sobre la ejecución de las políticas a su cargo.