Por Felipe Cuevas Mora

El cierre de la discusión del Presupuesto de la Nación para el año entrante trajo consigo una serie de definiciones que directamente impactaron a los gobiernos regionales (Gore).

En el caso de la Región del Biobío, el proyecto de ley fijó de entrada $111 mil millones el presupuesto para programas de inversión (subtítulo 33), alejado de los $160 mil millones solicitados por el gobernador Rodrigo Díaz y su equipo a la Dirección de Presupuestos (Dipres); para gastos operacionales y de funcionamiento se destinaron $8.381 millones, la segunda más alta a nivel país.

La cifra destinada para programas de inversión representa un alza de un 7,4% respecto al presupuesto de entrada asignado para este año ($103 mil millones), pero también una disminución de un 12% de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pasando de $61.720 millones asignados este año a $54.470 mil millones para 2024.

Ante esto, desde el Gore Biobío reconocen que la asignación no fue la esperada, pero confían en que -al igual que durante este año- se logren agregar recursos adicionales para acercarse a los $160 millones solicitados inicialmente (durante 2023 se han apalancado más de $20 mil millones adicionales), todo con el fin de cumplir los compromisos adquiridos fundamentalmente por medio de una serie de convenios de programación firmados en el último año y medio.

Cifra insuficiente

El jefe de división de Inversión y Presupuesto Regional, Luciano Parra explicó que "la solicitud que se realizó junto al Consejo Regional consideraba a una estructura presupuestaria a la Dipres" y reconoció a que "no hay una satisfacción al no haber logrado un mayor presupuesto en esta primera parte, respecto a cómo vamos a comenzar el próximo año. Pero también vale considerar que en otros años hemos logrado incrementos de la cifra inicial a lo largo del año, tanto por la buena ejecución presupuestaria y la cartera de inversión que fuimos tramitando".

"No es el monto que queríamos, pero nos obliga a no bajar la guardia, mantener los esfuerzos y generar iniciativas que nos permitan mantener aumentos durante el año", añadió Parra.

Sobre el impacto que puede generar la baja respecto a la cifra proyectada en la puesta en marcha de nuevas iniciativas o los convenios de programación en curso -con carteras sectoriales o instituciones como Carabineros o la PDI-, el jefe de división dice que "tenemos una obligación de carácter contractual con todas las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional, que tienen su convenio y están en ejecución. No tienen ningún riesgo respecto a su ejecución, pero también vale recordar que los presupuestos son móviles y dependen tanto de las demandas de la ciudadanía como también de las contingencias, como fue este año con los incendios forestales, donde se centraron los esfuerzos y debemos readecuarnos si es necesario".

Parra detalló que los cuatro ejes que se han definido para el gasto del presupuesto de inversión es el combate a incendios forestales, empleo y ejecución de obras, seguridad ciudadana e inclusión en distintas áreas.

Caso convenios

Otro de los puntos de atención por parte de los gobiernos regionales luego de la tramitación de la ley de Presupuestos, apunta a las restricciones que se generó para el gasto a la luz del Caso Convenios: entre estas, se considera el concurso público obligatorio de todos los convenios, pero también la restitución de recursos y abstención de funcionarios para evitar faltas a la probidad.

Sobre esto, Luciano Parra expuso que "estamos obligados, comprometidos y en regla en términos de dar cumplimiento a las exigencias normativas y legales que tengamos. Es lo que hemos hecho, lo que hacemos y vamos a seguir haciendo; si la Dipres, Contraloría o Desarrollo Social nos exigen más gestiones, las vamos a hacer porque ese es el camino correcto para generar un espacio de confianza con la ciudadanía".

Junto a ello, el jefe de división apunta a que los cuestionamientos se han centrado en convenios con privados, "que, por cierto, a la luz de los antecedentes técnicos, este Gore es de los que cumplía en exactitud con los distintos instrumentos y exigencias: todas las iniciativas contaban con sus respaldos técnicos y administrativos, tenían su recomendación técnica, fueron visadas por al Subdere, creadas presupuestariamente por la Dipres y tomadas de razón por la Contraloría".

7,4% aumentó el presupuesto para la Región respecto a lo asignado para este año, pasando de $107 mil a $111 mil millones.

12% se redujo la cifra de la partida para Biobío del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, bajando a $54 mil millones.

El alcalde de Talcahuano y presidente (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) Henry Campos abordó los principales puntos de la reunión de seguridad que se realizó en La Moneda y fue liderada por el subsecretario Manuel Monsalve, en medio de la crisis de seguridad.

"Los alcaldes estamos pensando en el hoy, en los problemas que tenemos en nuestros barrios y comunas, y el Gobierno está pensando en mañana, en una estrategia a largo plazo cuando en realidad hoy está muriendo gente, asaltan con delitos violentos a las personas y se viven situaciones de vulnerabilidad de los derechos de muchas personas que libremente quieren transitar por las calles", dijo.

El jefe comunal añadió que "nosotros planteamos medidas inmediatas, urgentes y adicionales a las que ya se están estableciendo en estrategias de Carabineros y la PDI. Sin embargo, el subsecretario nos propuso establecer otra mesa de trabajo para analizar los delitos violentos y las estrategias, junto con ver el análisis legislativo de las materias de seguridad que competen a las municipalidades, y que sigue con algunas trabas", y dijo que sobre medidas como el estado de excepción o la aplicación de la ley de Infraestructura Crítica, "el Gobierno dijo que lo evaluará junto a la ministra del Interior, pero volvemos a lo mismo, a que será en el futuro. No nos han dado una fecha clara para ello".

Un complejo escenario es el que se ha vivido los últimos días en las dependencias de la Seremi de Educación, luego de que los funcionarios de la entidad agrupados en Andime sostuvieran por algunas semanas una movilización a nivel nacional.

A través de un comunicado, la instancia señaló que "observamos con gran inquietud cómo esta autoridad ha llevado a cabo acciones como la persecución mediante sumarios y anotaciones de demérito, las cuales claramente contravienen toda normativa establecida y vulneran los derechos laborales de nuestros colegas", y detallan que "la autoridad regional (Elizabeth Chávez) no ha gestionado de manera adecuada los procesos para cerrar investigaciones emanadas de Contraloría y no ha instruido procesos administrativos que permitan subsanar problemáticas internas. Estas negligencias han generado situaciones de agobio y hostigamiento entre su equipo de confianza y los funcionarios, creando un ambiente laboral insostenible".

En la misiva, la directiva regional planteó "iniciar un proceso de movilización ascendente, en busca de un ambiente laboral justo, respetuoso y libre de maltrato. Demandamos la salida de la Secretaria Regional Ministerial de Educación del Biobío y su equipo de confianza, responsables directos de promover esta actitud de abuso, amparando el maltrato y acoso laboral".

Ante esta situación, el seremi (s) Matías Aravena dijo que "hemos estado trabajando desde el inicio de nuestro Gobierno para fortalecer el clima laboral, generar espacios de participación entre los funcionarios y mejorar la convivencia entre quienes somos parte de la Seremi de Educación del Biobío. Trabajaremos para fortalecer la convivencia interna, en establecer canales permanentes de participación y comunicación entre esta autoridad y los funcionarios, trabajando para mejorar la convivencia en el servicio".