Por Felipe Cuevas Mora

La jornada del lunes 6 de noviembre es una que difícilmente olvidarán los vecinos de Coronel, particularmente aquellos que residen cerca del sector Cerro Obligado: un voraz incendio en dos viviendas del campamento Los Pirquenes les costó la vida a 14 personas, ocho niños, todos de origen venezolano.

A casi tres semanas de una tragedia que define como una "bofetada al alma de Chile", el alcalde Boris Chamorro reconoce que esta permitió revelar el complejo panorama que vive la comuna producto del crecimiento exponencial de trece campamentos que reúnen a más de un millar de familias, varias de ellas extranjeras.

"Hemos tomado distintas acciones y no solo desde ahora, sino que mucho antes, haciéndonos cargo de estos campamentos a través de nuestra Unidad de Campamentos, que aborda el desarrollo comunitario en la línea de necesidades, asistencial, registro social, habitabilidad, programas de intervención o incluso en la línea de vulnerabilidad", cuenta en conversación con Diario EL SUR, para luego detallar que se gestionó con la Unidad de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Techo Chile mediaguas para las familias que fueron alcanzados por las llamas, entre otras acciones.

"Lo que más nos pedían los dirigentes, liderados por Julio Araya, es la intervención sicosocial del territorio, porque esto fue desgarrador -como dijo el Presidente Boric- pero ese concepto se debe transformar en un plan de intervención al territorio en materia psicosocial. Todavía tenemos familias afectadas, existió una intervención del Servicio de Salud de Concepción para contenerlas, y creemos que es necesario seguir haciéndolo", dice.

-Una de las premisas que usted reiteró durante la emergencia tenía relación con que el Gobierno "no los dejara solos". ¿Ha sentido el acompañamiento que esperaba?

-Quisiera que hubiese una preocupación más permanente y más allá de las reuniones de coordinación que hemos tenido con el seremi de Desarrollo Social, con la Unidad de Campamentos o la Delegación Presidencial.

Pasó el incendio, se apagaron las luces, se fueron las cámaras, tuvimos a ministros y cuanta autoridad se paseó por el campamento, pero al final del día seguimos quedando solos como municipio haciéndonos cargo de la limpieza del sector, de los operativos médicos y el apoyo sicosocial requerido (...) Han pasado tres semanas desde la venida de la ministra y la última reunión de la subsecretaria, no he recibido más llamados en esta materia".

Campamentos

Al abordar el nivel de intervención que se debe realizar en cada uno de los campamentos que tiene la comuna, el alcalde de Coronel vuelve los compromisos del Ejecutivo enfocados tanto a la repatriación de los restos de las personas fallecidas como el trabajo al interior de Los Pirquenes.

"Debemos saber que va a pasar con el campamento, donde es clave la intervención que se estaba trabajando por medio de la Unidad de Campamentos con una entidad particular, y aumentar los recursos para un programa especial de habitabilidad del Minvu. Pero ¿cuándo se va a implementar ese programa? Me gustaría saberlo", dice Boris Chamorro, para luego recordar que "está el compromiso de la subsecretaria de la Niñez Verónica Silva, de generar una intervención y catastro para saber cuántos niños tenemos en los campamentos de la comuna, y para eso se está coordinando el Ministerio de Desarrollo Social con nuestra dirección de Desarrollo Comunitario para crear un instrumento único que nos permita poder tener esos datos reales".

-Usted habla de la intervención al campamento, uno de los 13 que tiene la comuna. ¿Hasta qué punto debe llegar esa intervención?

-Hay compromisos asumidos por la Delegación Presidencial para pedirle a la Compañía General de Electricidad (CGE) que intervenga los campamentos, porque la mayoría están colgados al tendido eléctrico de manera irregular. Eso es una amenaza que debemos atender en lo inmediato y no en seis meses más, para lo que requerimos la autorización del dueño del terreno (Enel) para que entren y hagan un plan de intervención en ese y todos los campamentos de la comuna: tenemos cerca de mil familias asentadas en campamentos reconocidos por el Minvu, y siendo intervenidos por el programa de Campamentos.

-Una tarea clave son las gestiones que se puedan realizar con la empresa Enel, con quien las relaciones no han sido de las mejores respecto a esta materia.

-Entiendo que la delegada ha estado haciendo esa gestión, de las que no he tenido reporte, pero imagino que le debe haber ido bien. Mi pregunta es cuando CGE entra a trabajar en el territorio.

-¿Considera viable la solución de erradicar a las familias que allí residen y abordar soluciones habitacionales definitivas?

-Posteriormente a la intervención que le señalo, tenemos que ver que familias están habilitadas para acceder a una solución habitacional de forma regular, porque no podemos permitir que haya personas que se salten la fila considerando que hay un montón de comités en la Región que han esperado años por su solución habitacional.

Migración

Otro de los puntos complejos de la tragedia, explica Boris Chamorro, tiene relación con el alza de migrantes que han llegado a la comuna, los que solo en los campamentos representarían entre un 30% y 40% del total de habitantes.

"Es una situación que sobrepasa al municipio, al Gobierno Regional y al nivel central, ya que es un problema de Estado. Algunos de forma despectiva decían que 'era una familia venezolana', pero perdón, son personas y no importa su nacionalidad", dice con tono de molestia, apuntando a que "fueron niños los que fallecieron, que a pesar de que les entregábamos la educación en un establecimiento educacional municipalizado, no podrían acceder a uniforme, útiles escolares o alimentación que es lo que más requerían, y que no podíamos entregar porque no estaban reconocidos por parte del Estado".

-¿Qué tanto se ha intensificado el fenómeno de migración a la comuna de personas extranjeras en los últimos años?

-Esta es una situación que ocurre en Chile cuando se le abre la puerta a los migrantes, cuando el Presidente Piñera va a Cúcuta y ofrece a nuestro país como uno para albergar a los venezolanos en febrero de 2019. "Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile", dijo y desde allí se genera una instancia bastante compleja.

-¿De qué forma los municipios como el que usted encabeza pueden abordar este panorama?

-Desde mi mirada profesional, yo no le voy a negar a un niño o niña la educación en los establecimientos educacionales que administro. No le voy a negar una ración de colación a ese niño o niña, ni el uniforme ni los útiles escolares, porque merecen educarse y alimentarse. No importa si es chileno o inmigrante, es el deber de una autoridad entregar la educación independiente de su creencia, religión, condición étnica o nacionalidad.

Quien debe resguardar las fronteras es el Estado de Chile, quien debe generar una política de inmigración es el Parlamento y debe haber una línea de política internacional en esa materia. Pero no nos responsabilicen a nosotros los alcaldes, que administramos un territorio, de la llegada de migrantes.

Boris Chamorro recuerda el minuto de silencio que se realizó durante la entrega del texto constitucional que se plebiscitará en diciembre, y dice que "debemos poner en el centro de la opinión pública una política de inmigración integral para abordar esta situación. No sirven los minutos de silencio si no están asociados a hechos concretos, que es lo que esperamos de manera desesperada".

"Espero que, desde la bofetada al alma de Chile podamos contar con una política migratoria real en nuestro país y sea una oportunidad para destapar la necesidad habitacional que tenemos en nuestro territorio, y por sobre todo, que el deber del Estado y todos nosotros el hacernos cargo de la situación que viven niños y niñas en campamentos", cierra.

Pese a las obras de remodelación que se están realizando en las calles O'Higgins y Tucapel en la Plaza de Tribunales, desde la Corte de Apelaciones de Concepción comunicaron que los dos accesos al edificio se mantienen operando con normalidad, pero que para llegar a ellos hay que ingresar por Barros Arana y Castellón.

La presidenta del tribunal de alzada penquista, Carola Rivas, indicó que "los accesos a los juzgados que se encuentran en este edificio solamente podrán realizarse desde calle Barros Arana y Castellón, toda vez que los trabajos que se encuentran realizándose de remodelación impiden el acceso por calle Tucapel y O'Higgins. Reiteramos que la atención de todos los juzgados de este edificio se realizará de forma normal".

En el edificio de tribunales opera la Corte de Apelaciones, los Juzgados de Familia, de Letras del Trabajo y el Segundo Juzgado Civil, cuyos horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

La remodelación que se desarrolla en la plaza de tribunales es un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que debería extenderse por 180 días en total dividido en dos etapas. Esta primera fase se concentra en el sector de Tucapel y O'Higgins durante al menos dos meses, mientras que la segunda será por el área de Barros Arana y Castellón.

En total son 5 mil metros cuadrados los que se intervendrán, enfocados en reparar los daños causados durante el estallido social en el espacio público. En este sentido se realizarán trabajos de remoción, retiro y reposición de la instalación dañada como demolición de pavimentos en mal estado, proyecto de aguas lluvias, mobiliario urbano, semaforización y aseo general. Las obras comenzaron hace dos semanas, con una inversión que supera los mil millones de pesos.

Por otra parte, el municipio inició un proyecto de forma paralela para mejorar el alumbrado público y mejorar las áreas verdes con una inversión de $80 millones.