Por Karlyng Silva Leal

Una camioneta robada el 3 de septiembre del año pasado en Chiguayante fue el punto de inicio para un operativo policial que permitió la detención de dos hombres en Tirúa, presuntamente relacionados a la organización Weichan Auka Mapu (WAM) y la incautación de armas y municiones de guerra. La detención de ambos sujetos se amplió hasta el lunes, a la espera de una serie de diligencias que permitirán, eventualmente, reconocer vinculación de las especies incautadas en otros delitos de violencia rural.

La mañana del jueves Carabineros de Tirúa recibió una denuncia que indicaba a Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya como dos sujetos que se movilizaban en una camioneta robada y con placas patentes falsas en la que trasladaban armas.

Con esta información, el fiscal Danilo Ramos instruyó corroborar la identidad de los denunciados, además de la información de la camioneta, contactando al propietario de las patentes en Valparaíso, quien aseguró tener en su poder el vehículo; mientras que el que se encontraba en Tirúa correspondía a una camioneta con encargo vigente por robo del 3 de septiembre de 2022 en Chiguayante con patentes clonadas.

Investigación

Según antecedentes otorgados por Carabineros, Montoya (31) registra 2 detenciones previas por porte de arma de fuego y robo frustrado, mientras que Llanquileo (30) había sido detenido por robo con intimidación. Así mismo, como sujetos de interés, serían integrantes de la WAM y estarían vinculados a miembros de la Resistencia Mapuche Lavkeche (RML).

Al respecto, la fiscal regional, Marcela Cartagena, aseguró que inicialmente se imputarían cargos por receptación, la clonación de patentes e infracciones a la ley de armas, ya que se trata de "armas prohibidas, las granadas y la subametralladora son armamento que bajo ningún aspecto civiles los pueden portar".

Cartagena aseguró que las evidencias apuntan a que los sujetos podrían estar relacionados a otros hechos violentos sufridos en la provincia de Arauco y otros lugares de la región. En este sentido, las armas incautadas, que dejan una huella digital impresa cada vez que se percutan disparos, serán comparadas con las evidencias balísticas recogidas en delitos previos y comprobar de forma científica si es que están relacionados.

Allanamiento

Con estos antecedentes comprobados por carabineros, el persecutor solicitó una orden de entrada y registro, personal de la Sección Investigadora Policial (SIP) y de Control del Orden Público de Carabineros llegaron hasta el sector El Malo donde estaba estacionada la camioneta.

Habían dos inmuebles que fueron allanados en los que habitan ambos detenidos, encontrando en uno de ellos una subametralladora UZI, una carabina tipo fusil, dos granadas y una gran cantidad de municiones de grueso calibre. Además de dos lienzos con rayados alusivos a la organización radical WAM, la cual se ha adjudicado una serie de ataques incendiarios en la Región del Biobío.

Durante el control de detención, el fiscal solicitó la ampliación de la detención de ambos imputados a la espera de que se realicen una serie de diligencias, principalmente peritajes a las armas y municiones encontradas y el análisis de la información de un celular incautado. El juez Cristián Rosenberg accedió a la petición, ordenando que los imputados se mantengan detenidos en tránsito hasta el lunes en el Complejo Penitenciario Biobío, en Concepción.

Según detalló Carabineros, en los domicilios allanados se encontró una gran cantidad de municiones de grueso calibre. Entre ellas una carabina que utiliza munición de guerra y una subametralladora UZI, además de un cargador para fusil AK-47 y 2 granadas de mano aptas para ser utilizadas -encontradas en la parte posterior de la vivienda allanada-. Por otra parte se incautaron hombreras de protección y un transceptor portátil.

En cuanto a municiones se incautaron 10 cartuchos 7x57 mm para carabina; 360 cartuchos 7.62 mm; 10 cartuchos para fusil sin identificar; 1 cartucho 7.65 mm para carabina; 6 cartuchos calibre .38; 9 cartuchos 9 mm; 4 cartuchos calibre .22; 21 cartuchos calibre 12 para escopeta; 4 vainillas de calibre .20 percutadas y 1 vainilla 7x57 mm percutadas.

Entre las especies incautadas, el jefe de la Zona Biobío, general César Bobadilla, destacó la gravedad de la posesión de las granadas de uso militar, cuya fabricación sería nacional, son de tipo defensiva y ofensivas y encontrándose en condiciones de ser operadas.

Por su parte, la fiscal regional, Marcela Cartagena, sostuvo que "tenemos que hacer una investigación para encontrar la ruta que siguió esa granada para llegar al lugar donde fue encontrada, no es menor, es demasiado grave que un armamento como ese esté a disposición de personas civiles".

A través de la Procuraduría Fiscal de Concepción, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de dos exfuncionarios de Carabineros como autores del delito de asociación criminal, cohecho e infracción a la ley de control de armas, todos ellos relacionados a su participación en una organización delictiva dedicada al robo de madera y otros ilícitos en las comunas de Cañete, Arauco y Curanilahue en la Provincia de Arauco.

Los exfuncionarios Darwin Carrillo Rodríguez y Luis Berna Toledo, están siendo investigados por su presunta relación a la organización Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) al menos desde el 2021, pues se presume que entregaban información a un brazo armado liderado por Celso Fonseca Rivas, detenido a fines del 2022, que habría concretado delitos de sustracción de madera e incendios, utilizando armas en robos con violencia e intimidación, sustracción de vehículos y maquinarias forestales, receptación, entre otros.

Según la investigación, el querellado Carrillo Rodríguez que trabajaba en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue, proporcionaba información privilegiada a Fonseca sobre los movimientos y los procedimientos del personal policial en la zona a cambio del pago de sumas de dinero.

Por otra parte, Berna Toledo, siendo jefe de la Sección de Investigación Policial de la misma Comisaría, colaboró en la asociación gestionando la compra ilícita de un arma de fuego para Fonseca. Al no poder concretar esta compra, le entregó una de su propiedad personal para utilizarla en delitos a cambio de dinero.

La organización criminal investigada habría participado en un atentado ocurrido el 15 de noviembre de 2021 contra funcionarios de la forestal Maxcon, instancia en que sujetos realizaron disparos en contra de los trabajadores, además del robo de una grúa avaluada en $50 millones, entre otros delitos que fueron adjudicados a la denominada RML, particularmente atentados registrados en el sector Los Ríos de Curanilahue en noviembre de 2021 y febrero de 2022.

Los dos excarabineros fueron detenidos a fines de septiembre junto a otras 9 personas en medio de un gran operativo que incluyó el despliegue de 140 funcionarios de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI con apoyo de la Armada. En medio de los allanamientos realizados se incautó un arma de fuego con sus cargadores y munición, un rifle de aire comprimido, radios portátiles, elementos tecnológicos, numerosos celulares, dos motosierras y $5 millones en efectivo.

Tras conocerse la sentencia para cuatro integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por el ataque incendiario a dos camiones y sus conductores en un predio forestal cercano al sector turístico Saltos del Laja, familiares se reunieron en el exterior del Complejo Penitenciario Biobío en Concepción, donde anunciaron que los comuneros iniciaron una huelga de hambre.

Javiera Plaza, pareja de Ernesto Llaitul, uno de los cuatro condenados, sostuvo que "ellos están llevando adelante una huelga de hambre que se inició el día lunes, por lo que igual nos hemos convocado aquí con las comunidades, los familiares, para darles nuestro apoyo y nuestro respaldo a ellos como weichafes de la CAM".

A esto agregó que "ellos con mucha dignidad están enfrentando esta condena y van a llevar adelante su huelga de hambre hasta las últimas consecuencias para conseguir la nulidad de su juicio".

Cabe recordar que Ernesto Llaitul -hijo del líder de la CAM Héctor Llaitul-, junto a Esteban Henríquez, Ricardo Reinao y Nicolás Alcamán fueron sentenciados a más de 15 años de presidio como autores de dos delitos de homicidios frustrados, además de un incendio consumado a un vehículo y otro tentado. Todo esto tuvo lugar el 9 de septiembre del año 2021 en la comuna de Los Ángeles.

El día jueves, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles comunicó la sentencia, voceros de la CAM realizaron un llamado a las organizaciones en resistencia a pronunciarse respecto a la condena, mientras que los defensores se mantienen revisando el fallo judicial para solicitar a la Corte Suprema que declare la nulidad del juicio.