Por Redacción

El Consejo Constitucional entregó ayer su propuesta de nueva Carta Fundamental al Presidente Gabriel Boric, quien firmó el decreto para realizar el plebiscito el próximo 17 de diciembre, expresó confiar "plenamente en la sabiduría del pueblo chileno" y llamó a participar en el proceso. Mientras, la presidenta del organismo, Beatriz Hevia (Republicanos), habló de una "crisis moral".

El Mandatario agradeció el trabajo "difícil" de los consejeros y consejeras, y subrayó que ahora con la propuesta en mano "se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa".

También dijo que "en caso que la propuesta de nueva Constitución sea aprobada, como Gobierno cumpliremos con su correcta implementación e instalación", pero si se rechaza, "nuestro Gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando".

Boric mencionó además que "los chilenos y chilenas deberán decidir si es que es una propuesta nos une". "Como Gobierno lo que nos corresponde es facilitar este pronunciamiento y acoger el veredicto de la soberanía popular (...)Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno. Escuchemos y confiemos en el veredicto democrático del próximo 17 de diciembre", cerró.

"verdaderos chilenos"

En su discurso, antes de disolver el Consejo, Hevia expresó que "olvidar el triste espectáculo de división y confrontación que nos dejó el proceso pasado era un mínimo indispensable y debo afirmar con satisfacción que lo hemos cumplido".

Agregó que "más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional".

"Cuando asumí la presidencia de este Consejo hice alusión a que este país vive una crisis moral y social de proporciones, una crisis en todos los aspectos de la vida de esta nación y que se ha expresado en muchas formas, como la corrupción generalizada, la desconfianza en las instituciones, la polarización política, injusticias inaceptables o la falta de valores cívicos y valores éticos. Abordar una crisis de esta magnitud requiere un esfuerzo colectivo y por lo mismo enfrentar este desafío es una tarea urgente. Espero que la Constitución que hemos elaborado contribuya a conseguir ese objetivo", sentenció.

Estas palabras fueron cuestionadas por consejeros oficialistas como María Pardo (CS), quien calificó el discurso como "divisivo y propagandístico". Y Karen Araya (PC) acusó que "ellos han utilizado el revanchismo para escribir el texto constitucional y también para terminar esta ceremonia".

Otros actores

Quien se erigió como líder republicano en el Consejo, más allá de la presidencia de Hevia, fue Luis Silva, quien ayer afirmó que el texto propuesto "sí es una Constitución de unidad" y que en caso de que no sea aprobado "no es grave", porque "tengo la certeza de que seguirá vigente la que tenemos".

Pero en su mismo partido surgió una nueva voz crítica: el diputado Johannes Kaiser anunció que votará En Contra, al igual que el Partido Liberal.

Al cierre de esta edición, la DC definía en una Junta Extraordinaria su postura, probablemente también En Contra.

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, aseguró que "los verdaderos chilenos" quieren "que se cierre este proceso constitucional".

Luego de la discusión de ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, la sala debe votar hoy y dejar listo para su despacho el veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones, en medio de un ambiente crispado entre la oposición y el Ejecutivo. Tras su paso por el Senado fueron aprobadas 13 de las 14 indicaciones que ahora son debatidas por los diputados.

En medio de las alocuciones, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper planteó una dura crítica a La Moneda: "El Gobierno lo que ha hecho es hacerle una encerrona al Congreso Nacional: o usted me aprueba lo que le traigo o se queda sin ley. Y aquí yo lamento mucho que un Gobierno que dice ser dialogante con el Congreso lo ha ejercido de la peor manera posible, y en contraposición de las víctimas".

Estas palabras fueron respondidas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien las calificó como ofensivas: "Me parece que realmente es un insulto, porque la encerrona es un delito y lo que el Gobierno de Chile está haciendo es aplicar la Constitución. Se evita que terminemos con un mamarracho, se evita que a través del veto se debilite la ley, porque el Presidente no quiere debilitar la ley".

Además, la jefa de gabinete insistió en las críticas al proyecto original. "Todas las usurpaciones son delito, pero se diferencian las que aplican violencia y las que no", advirtió. Con el veto, agregó, "estamos solamente generando la posibilidad de que el juez pueda evaluar que en ese caso, quizá, lo más prudente es no aplicar la cárcel, sobre todo si es primera vez, sobre todo si ese bien no había sido usurpado antes, sobre todo si lo restituyeron pacíficamente".

Esta posición fue respaldada por la diputada Lorena Fries (CS), quien afirmó que con el veto "se mantiene en el juez la posibilidad de evaluar". Y reprochó que "hay una tendencia en este Parlamento por desconfiar de la Justicia y tratar de dejar todo plasmado en un texto legal, como si los jueces fueran meras correas transmisoras".

Solo el 39% de los chilenos está satisfecho con la disponibilidad de atención médica de calidad en caso de necesitarla, situándose bajo el 67% promediado por los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Health at a Glance 2023 de este organismo, que ofrece un vistazo a datos comparable en cuanto al desempeño de los sistemas de salud.

En acceso, Chile tuvo mejores indicadores que el promedio OCDE en solo 23% de los datos comparados, mostrando grandes diferencias en tiempos de espera para cirugías y un alto desembolso de recursos personales (30%) para asumir costos sanitarios en relación al promedio de estados miembros (18%).

Con respecto a la disponibilidad de recursos, Chile se situó por sobre el promedio de la OCDE en solo el 5% de los indicadores estudiados, con solo dos camas por cada 1.000 habitantes en hospitales (4,3 es el promedio OCDE), menos de 2.700 dólares per capita destinados a salud (4.986 promedio OCDE) y una menor cantidad de empleados en el área de salud respecto del total de población activa.

En la categoría de factores de riesgo, el sistema sanitario chileno alcanzó mejores cifras que el promedio OCDE en el 56% de los indicadores revisados, destacando la baja en el consumo de alcohol y la prevalencia del vapeo, aunque con un aumento de la obesidad y los riesgos asociados a la contaminación del aire, considerando que Chile posee algunas de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica.

Durante los últimos años, cambiar el sistema de salud ha sido una de las demandas sociales más recurrentes por parte de la población, en particular el sistema privado de isapres.

Clínicas de Chile expresó ayer en un comunicado que las indicaciones que presentó el Gobierno a la ley corta de isapres "solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado con un impacto muy negativo en los pacientes y en la operación de los prestadores privados".

La agrupación lamentó que recomendaciones del Comité de Expertos no fueran consideradas en las modificaciones, pues el grupo "era de amplia representación" y "buscaba establecer bases que permitieran lasostenibilidad del sistema en el corto plazo (...) Esperamos que la discusión legislativa de las próximas semanas permita resolver de una vez la tremenda incertidumbre que hemos debido enfrentar y que ha frenado el desarrollo del sector".

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó ayer en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados echar pie atrás en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que se conoce como desmunicipalización. El ministro acudió al Congreso para responder por la extensa crisis educacional que afecta a la Región de Atacama.

Ante voces del Legislativo que piden frenar los SLEP, Cataldo dijo: "No tengo dudas. Considerando que cada semana me llama un alcalde distinto diciéndome que no pueden pagar remuneraciones, este proceso debe continuar, discutiendo que todo que haya que discutir, pero la alternativa no es volver atrás".