Napadensky añade que es muy probable que dadas las actuales condiciones este decrecimiento en la entrega de permisos se extienda durante los próximos dos años, sin repuntes significativos a raíz del stock disponible, la ralentización de los proyectos de vivienda social y las expectativas de las familias que prefieren arrendar.

Las pocas que crecen y las muchas que bajan

De las 33 comunas regionales, sólo seis incrementaron la entrega de permisos de edificación durante el período de análisis. Tucapel lo hizo en 124%, pasando de 59 en 2017 a 132 el año pasado. Francisco Herrera, director de Obras Municipales, plantea que en su caso el fenómeno responde a la llegada de dos conjuntos habitacionales nuevos, así como a las postulaciones de ampliación del Serviu. "Junto con eso se ha potenciado la fiscalización, porque la DOM ha destinado profesionales que han recorrido el territorio, y la comuna también ha ido creciendo en habitantes y construcciones. Eso llama el interés y ha hecho que la gente venga para acá y comience a normalizar sus edificaciones", dice.

En Penco, que pasó de 40 a 44 -alza de 10%-, el alcalde Víctor Hugo Figueroa se remonta al año 2016, cuando se actualizó el plan regulador comunal con la finalidad de habilitar terrenos industriales para uso habitacional. "Pasamos algunos paños de uso industrial o bodegaje a habitacional, entonces fueron varios cientos de hectáreas que cambiaron su tipología de terreno a extensión residencial", desliza.

El alcalde plantea que esta acción permitió poner fin a una histórica fuga de pencones de clase media que por la falta de vivienda debieron buscar nuevos lugares para asentarse. Eso, sin embargo, cambió a partir de 2017, "con un auge y un crecimiento grande de construcción de viviendas, que no ha estado exento de críticas, pero es fácil odiar a las inmobiliarias cuando tú tienes tu casa. La verdad es que hoy recién se están construyendo departamentos para la clase media de Penco, por lo que se está poniendo fin a la migración de muchos vecinos".

En el grupo contrario asoman ciudades como Lebu, que disminuyó el otorgamiento de permisos en 55%, es decir, de 100 pasaron a 45. Cristián Peña, jefe comunal, argumenta que cerca del año 2017 hubo un boom para regularizar patentes comerciales mediante los permisos de construcción, hecho que abultó la entrega por parte del municipio. Esto, sin embargo, hasta la pandemia, pues la crisis sanitaria hizo que los vecinos dejaran de hacer trámites, lo que motivó a las personas a construir sin permisos de edificación, "un mal que se empezó a quedar", según el alcalde, que indica que su municipalidad hoy no cuenta con la capacidad para llevar a cabo acciones de fiscalización sobre las construcciones.

Peña igualmente explica que en el último tiempo ha bajado la inversión en construcción y ampliación de vivienda por parte del Estado, "porque aquí Lebu crece en base a inversión del Estado, no hay empresas que construyan edificios". Agrega que cuando se construye una población se otorga sólo un permiso de edificación, "por eso igual hay una baja".

EL SUR tomó contacto con los municipios de Tomé, Chiguayante, Concepción y Tirúa para contar con sus análisis, pero hasta la hora de cierre de esta edición no hubo respuestas. También se solicitó la opinión de Hualpén, aunque sólo se limitaron a decir que los datos del Sinim "merecen dudas" -pese a que son aportados de forma anual por los propios municipios- y que la baja de 88% en la comuna "podría responder a varios factores, principalmente condiciones económicas del país".

Baja pronunciada de la provincia de arauco

Un 60% menos de permisos de edificación dieron las administraciones de la Provincia de Arauco en cinco años, porcentaje que se agudiza respecto a las realidades de Concepción y Biobío. De acuerdo a Francisco Schiappacasse, es posible que acá tenga algo que ver la violencia rural y la percepción de inseguridad, que inciden en el trabajo de las empresas constructoras y la inversión en general. Todo esto, asegura, se traduce en una merma de nuevas construcciones y emprendimientos.

Aaron Napadensky, en tanto, explica que esta es una zona periférica, en donde quien siempre termina moviendo la aguja es la inversión pública vinculada a vivienda social, es decir, es factible que en Arauco se experimente una ralentización de los proyectos inmobiliarios asociados a este tema.

Una opinión similar tiene el alcalde Cristián Peña, quien también es presidente de Arauco 7. En primer lugar, dice que el factor violencia no es parte de la ecuación, "porque la gente igual ha construido". "Yo creo que se debe a la cantidad de subsidios que se entregan, pues cuando el Serviu entrega un subsidio para ampliar una casa, se necesita un permiso de construcción. Entonces, si Lebu en 2022 tuvo 45 permisos, lo más probable es que 25 hayan sido subsidios (...) Es probable que en la Provincia se hayan otorgado menos subsidios", subraya la autoridad.