Por Karlyng Silva Leal

Convenios de programación con instituciones, fortalecimiento de municipios e proyectos enfocadas en víctimas de distintos delitos, son las tres líneas de trabajo que ha mantenido la Unidad de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, lo que ha implicado la aprobación de 38 iniciativas por $23 mil 463 millones, todo esto en el marco del Plan Biobío+Seguro.

Entre los ejes de trabajo destaca por su avance los convenios que el Gobierno Regional mantiene con diversas instituciones. Al respecto quien lidera la unidad, Sergio Claramunt, explicó que a Aduanas se les entregó un escáner, se encuentra en proceso de toma de razón por Contraloría la compra de dos equipos de rayos X móviles, pero también estando el caso de la Armada y Gendarmería con proyectos aún en revisión para ser aprobados por el Consejo Regional.

En esta línea se encuentran los convenios de programación con la Policía de Investigaciones y Carabineros, con un plazo de 6 y 5 años respectivamente. En el caso de la PDI durante este año se ha concretado la entrega de 47 vehículos -9 de ellos blindados-, 5 drones y computadores para las unidades de Investigación Criminal.

En el caso de Carabineros se el convenio incluye, entre otros aspectos, la compra de 55 vehículos y 5 drones que se encuentra en proceso de análisis jurídico, para comenzar luego con los procesos de licitación.

"Existe esa falta de equipamiento, tecnología, que por eso se formulan estos convenios de programación y están estos requerimientos y los gobiernos regionales de todo el país como el Biobío, contribuye fortaleciendo a las policías para que tengan un buen funcionamiento y vayan en pos de la investigación o la prevención", agregó Claramunt

Fortalecer municipios

Una de las aristas del plan Biobío + Seguro tiene relación con fortalecer las capacidades técnicas de los municipios. En este sentido, durante este año las 33 comunas de la región han postulado a proyectos que permitan comprar 87 vehículos para realizar patrullajes preventivos. No obstante, de estos a la fecha 22 comunas tienen los recursos aprobados con los trámites administrativos para la confección de los convenios en curso respecto a la compra de 52 móviles. Los 35 vehículos restantes postulados por las otras 11 comunas aún están en revisión.

Carolina Poblete, socióloga de la Unidad de Seguridad, explicó que hay una segunda iniciativa enfocada en los programas de prevención social y comunitarios en donde comunas pertenecientes a las agrupaciones Biobío Centro, Arauco 7 y Amdel presentaron sus solicitudes de forma conjunta y el resto de los municipios de forma individual. De esta forma existen 19 iniciativas postuladas, de las cuales 7 están aprobadas y sin transferencias concretadas.

Atención a víctimas

En la arista de atención a víctimas, el Gore mantiene 4 programas en distintas etapas. Uno de ellos es Psicólogos por Chile, que entró en vigencia en noviembre de 2022 dando apoyo psicosocial a quienes han sido afectados directa o indirectamente por hechos de violencia rural en la provincia de Arauco.

Por otra parte está el programa Reemprendiendo la Provincia de Arauco, que se encuentra en Contraloría a la espera de la toma de razón. Su aplicación beneficiará a 24 personas de primera categoría que sufrieron pérdidas económicas en el mismo contexto de violencia rural.

La Universidad Santo Tomás, a cargo de la iniciativa anterior, también está a cargo de un estudio que busca catastrar a un máximo de 100 víctimas de las provincias de Arauco y Biobío sobre violencia rural, reuniendo antecedentes y poder generar un nuevo programa Reemprende para ambos territorios que también integre a personas que no tienen iniciación de actividades, pero que de todos modos sufrieron pérdidas por la comisión de delitos violentos.

En última instancia se encuentra un convenio que el Consejo Regional aprobó a mediados de año respecto a la creación de un Centro Regional de Asistencia a Víctimas. Al respecto, el abogado de la unidad, Francisco Navarro sostuvo que este "busca asesorar jurídica, psicológica y socialmente a todas aquellas personas víctimas de violencia rural y víctimas de delitos urbanos de connotación pública en las tres provincias; va a trabajar en triada, es decir, abogado, psicólogo y trabajador social.

Sobre esta medida en particular, Navarro planteó que "la idea es que más que un programa, termine siendo una política pública, porque nos hemos dado cuenta que dentro del sistema procesal no tenemos la defensoría de las víctimas, aunque si hay programas de Gobierno, como el Centro de Apoyo a Víctimas, pero la idea es abarcar un poco más".

Carolina Poblete, socióloga de la Unidad de Seguridad, explicó que entre las iniciativas que se están evaluando para el próximo años descadan dos, una de ellas relacionada a menores infractores de ley y otra a videoprotección.

Al respecto indicó que en la arista social, se está evaluando qué tipo de programas poder impulsar para generar cambios conductuales en el mediano y largo plazo respecto a las niños, niñas y adolescentes que actualmente figuran como infractores de ley.

"Hoy atacamos una consecuencia, que son los delitos y la violencia, pero no hemos generado políticas preventivas como Gobierno Regional, que permitan abordar situaciones de riesgo. Tenemos que hacer un foco en los niños, niñas y adolescentes para prevenir conductas delictuales y prevenir lo que se llaman las trayectorias delictuales", explicó.

Por otra parte, destacó que entre los desafíos del 2024 se encuentra la instalación de centrales de videoprotección en las comunas que no las tienen y generar integración para el seguimiento de delitos.

"Si bien todas las comunas tienen estas cámaras con una tecnología adecuada, no hay sistema ni capacidad humana para que las miren, ni espacio adecuado, entonces la idea es poder generar un estándar de centro que, idealmente, integre a más de una comuna y que se pueda monitorear, ya que el delito se traslada y no conoce fronteras", agregó.

Al cierre de esta edición se mantenían en 1.800 las hectáreas de bosque nativo y plantación quemadas por el denominado incendio San Lorenzo, en la comuna de Santa Bárbara, la cual se mantiene además bajo una Alerta Amarilla, ya que Senapred señala que el fuego se mantiene activo en todo el perímetro y con una mayor intensidad en el frente de avance.

El director regional de Conaf, Rodrigo Jara, explicó que "luego de un sobrevuelo efectuado por personal de la Corporación, se ha proyectado una superficie de 1.800 hectáreas afectadas entre el centro forestal, plantación y bosque nativo. Actualmente existen 19 brigadas terrestres trabajando en el lugar, brigadistas de Conaf, Forestal Arauco, Cmpc y Comaco".

"Es un lugar bastante complejo para la construcción de cortafuegos, producto del relieve y topografía. Adicionalmente a esto se encuentran trabajando 4 recursos aéreos, entre helicópteros gestionados a través de Senapred y un helicóptero de empresa", agregó el director.

El presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, Ramón Figueroa, detalló que en el marco del apoyo que están prestando al combate del fuego, disponen en este momento "un total de 126 personas combatiendo el incendio, distribuidas en 15 brigadas terrestres. Además, se ha dispuesto 7 maquinarias pesadas, 2 camiones aljibe y un helicóptero para apoyar las labores de extinción, más los equipos de Conaf".

Indicó también que las condiciones meteorológicas al día de ayer eran favorables para el trabajo de las brigadas en el control del fuego.

Durante la jornada de ayer, Carabineros de Santa Bárbara fueron alertado por un lugareño sobre el hallazgo de osamentas en un predio de la comuna. Según constató más tarde la Policía de Investigaciones, estos corresponden a una persona y tendría una larga data de antigüedad.

Tras el aviso realizado a personal policial, detectives de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles acudió hasta el predio rural ubicado en el sector Los Maitenes, esto en el kilómetro 35,8 de la Ruta Q-665-r en la comuna de Santa Bárbara, donde un hombre habría realizado el hallazgo.

Al respecto, el subprefecto Juan Luis Fonseca, jefe de la Brigada de Homicidios angelina, indicó que "un habitante e la zona habría visto restos óseos con características humanas".

Una vez en el lugar, el personal policial pudo establecer que "estas osamentas humanas correspondían a la parte superior de un cráneo de data antigua", agregó Fonseca.

A esto agregó que los restos serían remitido al Servicio Médico Legal de Concepción, donde se realizarían una serie de pericias antropológicas correspondientes para establecer su origen y posible data de muerte.