Por Karlyng Silva Leal

Tras varias denuncias y detenciones previas de conductores del transporte público operando bajo los efectos de drogas o alcohol, Senda junto a la Seremi de Transportes y Carabinero iniciaron ayer una serie de operativos de fiscalizaciones enfocados particularmente en la locomoción colectiva.

En su primera implementación no se detectaron casos positivos, sin embargo las autoridades indicaron que se continuará repitiendo durante los próximos meses como una estrategia preventiva y de control, dando mayores certezas y seguridad a los usuarios que a diario utilizan los buses para movilizarse en el Gran Concepción.

Según informó Senda, desde las 10 de la mañana hasta las 14:00 horas de ayer se concretaron un total de 250 alcotest y 24 narcotest a conductores, la gran mayoría del transporte público, en Calle Collao con Tegualda en Concepción, vía en la que a diario transitan 22 líneas de transporte del Gran Concepción.

Tras finalizar el operativo, el director regional de Senda, Bayron Martínez, sostuvo que "en este caso no tuvimos pesquisa de consumo de sustancias o alcohol en los conductores, no obstante, vamos a estar haciendo este trabajo de manera habitual, mensualmente, en distintos lugares de la provincia de Concepción para darle seguridad y tranquilidad a las personas y también para disminuir la posibilidad de que personas se puedan tentar a conducir un vehículo de la locomoción colectiva bajo la influencia de alguna sustancia".

El seremi de Transportes, Héctor Silva, indicó a pocos minutos de iniciado el operativo que "una persona en particular marcó en el límite, a esta hora de la mañana, en alcohol, pero se le realizó el test nuevamente y salió bajo la norma, bajo 0,3 milímetros por litro de sangre, y se le permitió seguir su conducción".

Antecedentes

El seremi planteó que actualmente no existe una estadística precisa respecto al consumo de sustancias por parte de conductores, aseguró que "nosotros hemos detectado en este tipo de fiscalizaciones algunas faltas a la ley de alcoholes y la ley de drogas, pero también hay que recordar que de acuerdo a las mediciones realizadas en los últimos años -datos que existen en el Ministerio de Transportes y Carabineros- el 55% de los accidentes están asociados a faltas de los conductores".

"Suponemos nosotros que muchas veces pueden deberse a que no están en todas sus condiciones físicas para poder conducir, así que en virtud de eso es que se hacen estas fiscalizaciones y esperamos poder continuar con ellas durante lo que resta de este año", agregó.

En esta línea, Martínez apuntó a que "evidentemente hay preocupación por los eventos que se han generado, en otras regiones inclusive, por eso se realizan estos controles, para asegurarnos de entregar un mensaje claro y específico de control y de prevención, porque la conducción y seguridad vial para nosotros es fundamental que se respete y se disminuyan los accidentes de tránsito".

Un total de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, fueron detenidos la noche del miércoles en Lebu por detectives del grupo Microtráfico Cero, parte de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), esto en el marco de una investigación relacionada a infracciones a la ley de drogas y de armas, desarticulando así una banda que generaba temor en la comunidad.

El subjefe de la Bicrim Lebu, subprefecto Alejandro Rojas, detalló que la investigación se extendió por seis meses y buscaba "individualizar una estructura criminal dedicada al microtráfico de drogas a nivel barrial, que utilizaba diversas viviendas emplazadas en el sector norte de esta comuna que estaban destinadas al acopio, adquisición y comercialización de sustancias ilícitas".

El subprefecto agregó que "se procedió a la intervención de nueve domicilios, logrando de esta forma la detención de seis adultos, dos hombres y cuatro mujeres, cinco ce ellos con antecedentes policiales".

Las diferentes drogas eran vendidas a consumidores habituales de la zona, logrando incautar en los allanamientos un total de 2 mil dosis, avaluando el total de lo incautado en la suma de $5 millones 800 mil. En detalle fueron 5.544 dosis de cocaína base, 17 de cannabis sativa, una dosis de clorhidrato de cocaína, una munición calibre .22, $1 millón 300 mil en efectivo y otros elementos propios del delito.

Ayer los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Lebu para que se realizaran sus respectivos controles de detención.

Tras la negativa del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles y la Corte de Apelaciones penquista, la Corte Suprema acogió la acción de amparo presentada por la Defensoría Penal Pública del Biobío en favor de un joven que fue sobreseído tras ser condenado a cinco años y un día de cárcel por cultivo de cannabis para uso medicinal.

E.O.M. de 28 años fue condenado en diciembre de 2022 a una pena de presidio mayor en su grado mínimo por el cultivo de marihuana y el supuesto tráfico de esta droga, pese a que en el juicio la defensa particular expuso que el cultivo era para el consumo médico debido a las dolencias que sufría el imputado.

Una vez dictada la condena, la Defensoría representó al joven apelando a la promulgación de una nueva ley en mayo de este año, la cual justifica el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, esto mientras exista una receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, indicando el diagnóstico de la enfermedad, tratamiento, duración y forma de administración, la cual no puede ser mediante combustión.

La abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría, María Cristina Melgarejo explicó que la aplicación de esta una ley penal más favorable, para el representado "significa que esta condena queda sin efecto y hoy su conducta está justificada, porque es para un tratamiento médico y le permite rehacer su vida".

"Cuando se dicta esta nueva ley, que resulta más favorable, se le pide al mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria que la puedan modificar en base a esta nueva ley, sin embargo el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles no quiso hacerlo, tampoco la Corte de Apelaciones de Concepción y finalmente fue la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, la que acoge esta posición de la defensa", agregó.

Las nuevas leyes solo se aplican desde el momento de su publicación, por ende se prohibe aplicarlas a hechos ocurridos luego de entrar en vigencia, siendo la única excepción su aplicación retroactiva cuando es más favorable para el imputado, como ocurrió en este caso.