Origen de los megaincendios forestales
La Región del Biobío concentró el 51,4% de la superficie quemada en todo el país durante los incendios forestales que se registraron entre el 1 y 26 de febrero de este año, cuando el fuego alcanzó poco más de 200 mil hectáreas y perdieron la vida 18 personas, además de, según cifras oficiales, un total de 1.815 estructuras afectadas, entre viviendas, establecimientos educacionales y centros de salud. Se trata de una de las mayores tragedias que ha afectado a la zona en este tipo de emergencia y que cuyo proceso de reconstrucción, no sólo material sino también humano, ha concentrado el esfuerzo mancomunado de distintas organizaciones públicas, privadas y sociales.
Sólo la habilitación de viviendas de emergencia para las familias afectadas ha sido un proceso complejo, considerando los factores de lejanía, ruralidad y costos asociados a la habilitación de inmuebles en las zonas afectadas. Esto, sin contar que se han destinado equipos especializados en salud mental para abordar el efecto de la emergencia en quienes vivieron los días de incertidumbre y dolor ante la pérdida de sus hogares, y que se han habilitado programas especiales para apoyar a quienes han tenido que iniciar de cero sus actividades productivas.
Por eso, siete meses después, la información entregada por la Fiscalía Regional del Biobío fue importante, en torno a que tres de los grandes focos de incendios forestales que afectaron la región fueron originados en el contacto de ramas de árboles con cables del tendido eléctrico. Según esa misma información, se trata de siniestros que destruyeron en su conjunto más de 90 mil hectáreas de terrenos, cientos de viviendas y provocaron la muerte de 17 personas.
En el detalla se precisó que las indagatorias están acotadas a las empresas de distribución eléctrica Coelcha y Frontel en tres incendios. Se trata del que afectó 5.323 hectáreas en Nacimiento desde el 29 de diciembre de 2022; un segundo que comenzó el 3 de febrero de 2023 y que fue conocido por la opinión pública como Santa Ana, que afectó a las comunas de Nacimiento y Santa Juana con más de 85.800 hectáreas consumidas, 17 personas fallecidas, múltiples heridos y viviendas quemadas; y el tercero, también registrado a partir del 3 de febrero pero en la comuna de Arauco, específicamente en el sector Llico y Punta Lavapié, con cerca de 60 hectáreas quemadas y con ello al menos 80 viviendas completamente destruidas.
El Ministerio Público fue claro y preciso en la entrega de antecedentes. El origen de estos tres incendios se determinó a través de investigaciones científicas y pericias comprobables a cargo de la Policía de Investigaciones y de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, las que apuntaron a que fueron provocados por líneas de alta tensión que atraviesan "fajas que no tienen la mantención adecuada". Se detalló que se recopilaron antecedentes fotográficos específicos, además de evidencia recuperada y periciada, además de declaraciones de testigos y la aplicación de tecnologías propias de la PDI y Conaf, cuyo resultado final fue que ambas instituciones llegaron a las mismas conclusiones por separado, en cada una de sus indagatorias.
Lo que se estableció, en específico, es que material vegetal, como las ramas de un árbol que se encontraba en una zona que por ley debería estar despejada por la operación de cableado eléctrico, generó una fuente de calor provocada por la generación de energía y que habría entrado en contacto con el material combustible con un alto grado de sequedad, comenzando así un foco de incendio. Ahora comenzará la etapa de análisis de toda la información, donde la Fiscalía tendrá que definir las responsabilidades penales existentes en la situación, posiblemente en el marco de la Ley de Bosques, algo que se determinará en la siguiente etapa de las indagaciones.
La información de la Fiscalía Regional sorprendió a los municipios de Nacimiento, Santa Juana y Arauco en pleno proceso de preparación y ejecución de medidas que buscan prevenir y mitigar el paso de nuevos siniestros durante la presente temporada y llevó a una necesaria reflexión respecto de las atribuciones y fiscalizaciones de estas labores. Actualmente, las comunas cumplen con capacitaciones, despeje de ramas y árboles de zonas pobladas, creación de cortafuegos, pero no en trabajos de despeje de las fajas de seguridad existentes bajo tendidos eléctricos de alta tensión, ya que no existen atribuciones municipales para ello.
Esto se ve reflejado tanto en la realización de los mismos, que no pueden ser concretados con recursos públicos, ni en la fiscalización de las labores, ya que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Con una alerta por la temporada de incendios forestales ya en marcha y las condiciones climáticas que favorecen el crecimiento de la vegetación, la coordinación público-privada que se logre a partir de la información entregada por la Fiscalía es especialmente relevante para definir los pasos a seguir y evitar que estos accidentes vuelvan a ocurrir en una región que ha enfrentado un año lleno de complejidades y que no debería volver a pasar por lo mismo.
Las comunas cumplen con capacitaciones, despeje de ramas y árboles de zonas pobladas, creación de cortafuegos, pero no en trabajos en las fajas de seguridad existentes bajo tendidos eléctricos de alta tensión, ya que no existen atribuciones municipales para ello.