Por Redacción

Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones emitieron ayer una alerta a todas las unidades de cada institución, especialmente las que cumplen labores en las fronteras, para la detección de un posible intento de ingreso al país del líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias el "Niño Guerrero", y más de 40 secuaces de la organización criminal internacional.

Esta medida se tomó ante la posible presencia de estos sujetos en territorio chileno tras la fuga desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela, que fue descubierta tras una intervención militar en dicho penal, que contaba con múltiples comodidades para los miembros de este cartel delictual y era su centro de operaciones.

En primera instancia fue la policía uniformada la que emitió esta alerta para evitar que ingrese al país el hombre de 39 años, quien habría huido de Venezuela hacía el sur del continente, por lo que se sospecha su acercamiento a Perú o Chile, donde el grupo criminal cuenta con muchos integrantes que buscan extender su influencia.

El pasado viernes el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló que "nuestra policía está alerta, pero no tenemos ningún antecedente que permita afirmar que el líder del Tren de Aragua está en Chile".

Según información publicada por Emol, la alerta de Carabineros se entregó a nivel nacional en todas las unidades del país de forma interna para que funcionarios de servicio tengan esa información.

Se trata de un sujeto de "alto compromiso delictual", que "posiblemente se puede haber trasladado hasta Chile". Según información del documento policial, Guerrero Flores, de nacionalidad venezolana, mide cerca de 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello negro y contextura gruesa.

Poderoso armamento

El documento de la PDI identifica a un grupo numeroso todos de miembros de la banda criminal, de los cuales se repartieron imágenes en las que varios exhiben poderoso armamento. La descripción de la policía civil habla de que pueden contar con fusiles AK-47, subametralladoras, esc opetas, granadas, además de armas cortas como revólveres y pistolas.

Entre sus delitos con mayores frecuencias se detallan el secuestro, la extorsión, los homicidios y las estafas por telefonía y redes sociales.

El documento apunta a informar a "todo el personal que realiza labores de control migratorio y fiscalización de pasajeros", para así "poner el máximo resguardo y lograr evitar que estas personas con antecedentes negativos ingresen al territorio nacional".

En total son 43 individuos identificados. Entre ellos, aparecen los nombres de Héctor Guerrero Flores, Richart José Espinal Quintero, Fernando José Torres Suárez, Eleazar Kasshoggi Mujica Rojas y Henderson Adrián Villarroel Duque.

Esto ocurre en Chile, mientras en Perú también hay gran preocupación y de hecho el martes se supo que el Ministerio del Interior ofreció una importante recompensa por información sobre el paradero de Guerrero. La cifra es de medio millón de soles, equivalente a 120 millones de pesos chilenos.

El gobierno de Venezuela emitió una alerta roja mundial a la Interpol para la captura de Guerrero en cualquier país en el que sea hallado. Mientras que Colombia y Ecuador también tienen alertadas a sus policías para que detecten cualquier indicio de la presencia del líder criminal dentro de sus fronteras.

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados manifestó su preocupación por el aumento de organizaciones criminales y las "graves amenazas en contra de fiscales y jueces".

"Esta situación se ha visto agravada recientemente por la orden de un Juez de Garantía de entregar antecedentes a los Defensores respecto de la identidad de testigos y agentes encubiertos, la que ha sido oportunamente dejada sin efecto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, cumplida por parte de los Defensores Públicos respectivos", agrega la asociación gremial haciendo referencia a un caso contra el Tren de Aragua.

En esa línea, el Colegio de Abogados "condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los fiscales y a los jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan".

"Adicionalmente, cabe señalar que la eficacia de la persecución penal y el adecuado juzgamiento de hechos delictuales cometidos por organizaciones criminales se ve afectado si no se brinda a jueces, fiscales, testigos, agentes encubiertos y a sus familias las protecciones previstas por la ley, siempre con pleno respeto a las garantías del debido proceso. Es indispensable proporcionarles los recursos, la formación y el apoyo necesarios para que puedan desempeñar sus funciones sin temor ni injerencias", indica la declaración del Colegio.

En ella además solicitan "a las autoridades del Ministerio Público la máxima diligencia en la investigación respecto de los delitos cometidos por organizaciones criminales".

El Presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley para regular los funerales de alto riesgo o también llamados narcofunerales, y los delegados presidenciales regionales tendrán que "a través de resolución fundada, establecer el nivel de riesgo del funeral, previo informe técnico elaborado por Carabineros de Chile".

Por otro lado, deberán ordenar que la iniciativa busca que "la inhumación se realice dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento" y en ese plazo tendrá que hacerse "la totalidad del proceso funerario", hasta el traslado al lugar de sepultación o cremación.

El proyecto se encuentra con discusión inmediata y también plantea mayores sanciones para delitos cometidos durante narcofunerales.

El Mandatario remarcó que se tiene registro de 1.736 hechos de este tipo desde 2019 y aseguró que "no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas".

"No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos, no lo podemos permitir, es algo que ante los más de mil 736 funerales entre mayo de 2019 y este año han causado, se ha ido naturalizando y no estoy dispuesto a que esto naturalice", agregó.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que "lo que el Gobierno de Chile está haciendo para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado es serio, es integral, es sistemático, no está empezando hoy y va a dar frutos en la medida que seamos persistentes, en la medida que seamos sistemáticos, en la medida que seamos serios".

Piden urgencia

En la ceremonia realizada en La Moneda para anunciar el proyecto llamó la atención la presencia del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (UDI), quien recalcó que era el único jefe comunal "de oposición que ha estado presente en esta actividad, justamente porque no me pierdo que en este tema en particular y en la seguridad en general, tiene una mirada nacional. Nos requiere a todos".

"Por muy opositor que uno pueda ser a un Gobierno, nunca se justifica votar en contra de una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos. Lo que antes algunos votaron todo en contra y hoy día nos piden sus votos, van a contar con nosotros", insistió Carter y emplazó al Gobierno a "ponerle urgencia" al proyecto de narcofunerales.

"No da lo mismo si es una discusión simple o se pone discusión inmediata, se requiere urgencia en esto, de modo tal que tengamos una ley pronto", justificó el alcalde.

El Gobierno tiene plazo hasta mañana para presentar el veto sustitutivo presidencial al proyecto de ley de usurpaciones, que cuenta con el apoyo del Socialismo Democrático, pero causa dudas en el Partido Comunista, que ha condicionado su apoyo para esta iniciativa a la supresión de las penas de cárcel para en esta iniciativa. Ante ello la oposición decidió tomar una postura fuerte y la UDI acusó al Ejecutivo de ceder ante las presiones del PC y de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La iniciativa sobre usurpaciones fue aprobada a fines de agosto por el Senado y visada por la Cámara Baja, por lo que quedó despachada. Sin embargo, quedó la indicación que incorpora la polémica figura de la "legítima defensa privilegiada", por lo que La Moneda anunció que se ingresará un veto presidencial.

La situación implica que el Congreso tendrá que aceptar las observaciones del Mandatario, ya sea incluir vetos aditivos, supresivos o sustitutivos o una mezcla. De lo contrario se necesitará dos tercios para mantener lo ya aprobado.

La posición del PC fue resumida por la diputada Karol Cariola, quien afirmó que "creemos que en el caso de la usurpación, cuando se trata por ejemplo de tomas de terreno, no pueden llevarse adelante acciones que impliquen necesariamente, por el solo hecho de la usurpación, penas de cárcel".

"inentendible"

Esto más la declaración de la CAM, que amenazó con usar "las armas si es necesario", hicieron reaccionar a la bancada de diputados de la UDI: Henry Leal y Flor Weisse expresaron que "es absolutamente inentendible que el Gobierno, una vez más, esté cediendo a las presiones del Partido Comunista, que esta vez ni siquiera se avergüenzan de estar del lado de los usurpadores, violentistas y terroristas que no sólo mantienen atemorizada a toda la Macrozona Sur, sino que también al resto de nuestro país".

"Por definición, ninguna toma de un bien público o privado es pacífica. Ninguna apropiación indebida o usurpación podría ser considerada como 'no violenta', como pretende hacernos creer el Ejecutivo, de manera que lo único que están haciendo con eliminar las penas de cárcel en estos casos es poniéndose del lado de grupos como la CAM, protegiendo sus propios intereses en vez de defender a los chilenos", añadieron los parlamentarios.

No eliminar penas

Ante esto la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió al PC y la oposición que "el Ejecutivo no tiene propósito de eliminar penas en ningún tipo de usurpación. Lo que vamos a hacer es buscar una graduación, porque como quedó este proyecto, trata de la misma manera y otorga las mismas penas a situaciones muy distintas, de muy diversa entidad y gravedad".

"Nosotros vamos a buscar que esta ley sea como todas las leyes penales, que establezca una gradualidad de penas de acuerdo a la gravedad del hecho y que en todo caso haya penas adecuadas, porque nos parece que es lo que está pidiendo la sociedad, que de cuenta que queremos que esto quede claramente sancionado", añadió.

También respondió al llamado de la CAM: "La estrategia de amenazar, intimidar a quienes tienen que tomar decisiones, en este caso no va a funcionar. El Estado de Chile tiene que tener las herramientas para defenderse de estrategias que lo que hacen es afectar derechos de personas".