Por Karlyng Silva Leal

El nuevo perímetro de exclusión que se aplicará al transporte público del Gran Concepción durante el mes de octubre traerá consigo una mayor capacidad del Ministerio de Transportes para fiscalizar y sancionar de forma efectiva a los prestadores de servicios. Así lo indicó el seremi de la cartera en Biobío, Héctor Silva, agregando que la regulación permite medir información sobre la operación de cada una de las líneas y generar un ranking de acuerdo a su desempeño.

"Evidentemente esto abre puertas para cosas que pueden salir bien o mal, pero te genera una cancha diferente, donde las fuerzas están mucho más equiparadas y eso uno lo puede ver con lo que pasó en otras capitales provinciales. Hoy nosotros estamos bastante entregados a esta regulación que es muy laxa respecto a cómo se controla y eso nos hace, para estos efectos, una institución que básicamente no tiene dientes para hacer una fiscalización efectiva y poder materializar sanciones.", sostuvo Silva.

Entrada en vigencia

Durante el año pasado, el gobierno retomó el trabajo que se habría estado realizando hace 5 años para actualizar la tecnología de fiscalización del perímetro de exclusión vigente que data de hace 20 años, de tal manera que en septiembre de 2022 ingresaron este nuevo perímetro a Contraloría, la cual tomó razón finalmente en abril de este año.

Desde la Seremi se han impuesto como plazo para implementar este nuevo perímetro el 15 de octubre, para lo cual durante los últimos meses se ha estado realizando un trabajo de recolección de antecedentes y documentos tanto administrativos como operativos de las líneas que operan en el Gran Concepción, lo cual presenta diferentes niveles de avance.

"En la medida que estén todos los documentos estaremos en condiciones de firmar con los representantes legales. Ellos nos plantearon que quieren partir todos juntos y si tienen todos los documentos lo haremos. Pero también les hemos dicho que el plazo que nos hemos dado es el 15 de octubre, pero si falta uno o dos que no cumplen, no los vamos a esperar, ya que tenemos la facultad de iniciarlo".

Fiscalización

Una de las principales dificultades con la regulación actual es el seguimiento y fiscalización en tiempo real del transporte público, ya que el ministerio accede a estos datos con un mes de desfase. "Vamos a poder establecer una medición efectiva de la operación de cada una de las líneas, esto significa que mediante GPS online sabremos las flotas que están operando al día, la frecuencia exacta con que salen los buses de los terminales y establecer puntos de referencia en los diferentes recorridos y saber si este se hizo entero", agregó Silva.

Con este seguimiento, el seremi explicó que se comienza a generar una especie de ranking sobre la calidad de la operación, donde las empresas que presten un servicio deficiente según los datos obtenidos a través del seguimiento y fiscalizaciones, pueden ser canceladas por el Ministerio de Transportes. Así se abre una licitación del determinado servicio y se puede mantener a la empresa prestadora en funcionamiento mientras otro oferente se adjudica el servicio.

Esta facultad también se aplicó en perímetros de exclusión de Valparaíso y Osorno, donde se cancelaron todos los servicios por malas conductas. Ese punto precisamente fue uno de los que se mantuvo en discusión por parte de Contraloría, lo que Silva aseguró fue solucionado en el perímetro listo para entrar en vigencia.

Además, si bien en la actual regulación existen los planes operacionales, no hay formas de darles seguimiento y control, lo que sí será posible con el nuevo perímetro. Al respecto el seremi sostuvo que "como habrá un control más riguroso de las frecuencias y cantidad de flota, podremos decirle a la gente que la micro en tal parte va a pasar a tal hora".

Para desarrollar estos procesos de fiscalizaciones, además la seremi contará con un aumento de personal. "Es un tremendo desafío y de cambios que se tendrán que realizar, han llegado un par de personas y esperamos que lleguen al menos dos más", finalizó.

36 líneas de buses se encuentran licitadas actualmente en el Gran Concepción y bajo perímetro de exclusión

$2.500 millones vía subsidios es la estimación de recursos que el nuevo perímetro permitiría inyectar al sistema de transportes

El 31 de diciembre de este año finaliza la última prórroga del perímetro de exclusión vigente desde 2005, por ello el seremi Hector Silva enfatizó que no existe intención política de extenderlo otra vez.

Por lo que aquellas líneas que no firmen el perímetro el 15 de octubre podrían mantenerse operando con la antigua regulación hasta entregar los documentos correspondientes, pero no más allá de fin de año. "El que no logra incorporarse y firmar el perímetro, nosotros tenemos la facultad de licitar ese servicio", aseguró Silva.

Luego de dos años de trabajos, la segunda etapa de la Costanera a Chiguayante que comprende una ampliación a cuatro pistas entre las calles Esmeralda y Binimellis, estarían disponibles al uso el próximo 30 de octubre. Así lo constataron las autoridades regionales y comunales que realizaron una visita inspectiva a la obra.

El inspector fiscal e ingeniero civil de la Dirección de Vialidad del MOP, Marcos Pardo, detalló que las obras iniciadas en julio de 2021, presentan hoy un avance del 93,5%. "Básicamente las obras que faltan por terminar serían de paisajismo, iluminación y el semáforo de la calle Sargento Aldea. La obra ha tenido un trabajo bastante continuo, demorado un poco por las condiciones climáticas que han sido bastante adversas, pero vamos a poder concluir la obra de acuerdo a los plazos establecidos", agregó.

El gobernador regional (s), Óscar Ferrel, planteó la importancia de que estas obras estén listas previo a que inicien los trabajos de mejora en la carpeta de rodado de la Avenida Pedro de Valdivia en Concepción que iniciarán a mediados de noviembre.

"Entendemos que intervenir una avenida como Pedro de Valdivia trae efectos para los vecinos de Concepción, Chiguayante, Hualqui. Por lo tanto, uno tiene que ser lo más cuidadoso posible, porque en el fondo las personas ocupan esta infraestructura todos los días para llegar al colegio y a sus empleos. Por lo mismo estamos obligados a actuar de manera muy coordinada".

Respecto a las obras en Pedro de Valdivia, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, indicó que "son 120 días de plazo que tendrá la empresa para entregar este recarpeteo desde Concepción a Chiguayante. Son dos obras que cambiarán absolutamente los tiempos de desplazamiento, la forma en la cual se realiza y también va a generar un cambio en cuanto a las mejoras de conectividad".

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, planteó que estas obras vienen a hacer justicia a un lugar que solo contaba con una vía de conectividad. "Creemos que es importante que el Estado invierta rápidamente para terminar la costanera hasta el tramo 8 Oriente. Por eso pedimos al Ministerio de Obras Públicas que apure la licitación", agregó respecto a las obras que se mantienen aún pendientes en la comuna.

Para finalizar las obras resta trabajar en el

paisajismo, iluminación y el semáforo de la calle Sargento Aldea

A una pena de 10 años y un día de presidio efectivo fue condenado R.A.S.V. como autor del delito consumado y reiterado de violación de menor de 14 años, ilícito cometido entre los años 2010 y 2011 en la comuna de Arauco. A través de un fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que R.A.S.V aprovechó que quedó solo con la hija de su cónyuge de 12 y 13 años al momento de los hechos, para violarla en al menos dos ocasiones.

El juez Alberto Jaraquemada sostuvo que para aplicar la pena se consideró "la prueba de cargo, en especial la declaración de la víctima, testigos de referencia y pericias de credibilidad del relato y daño, sumado a otros medios de prueba, fundamentalmente mensajes de WhatsApp entre la víctima y el acusado".

Se determinó privar al condenado de la patria potestad si la tuviera, o inhabilitado para obtenerla si no la tuviera, quedando privado de todos los derechos que por ley se les confirieran respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus descendiente, no obstante se mantienen sus obligaciones legales que vayan en beneficio de la víctima o sus descendientes.

Una vez que el fallo sea ejecutoriado, el tribunal dispuso que se tomen las muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.