Por Agencias

La cifra provisional de víctimas mortales por las inundaciones en Libia tras el paso del ciclón Daniel asciende ya a 11.300 en la ciudad oriental de Derna, según indicó ayer Naciones Unidas de acuerdo con datos de la Cruz Libia del país norteafricano.

La cifra de desaparecidos por el desastre natural se mantiene en unos 10.100, según la actualización de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas.

A las víctimas de Derna, ciudad afectada por la rotura de dos embalses cercanos durante las crecidas, se sumarían otras 170 en otras localidades del país, de acuerdo con la agencia humanitaria. Derna, ciudad de 100.000 habitantes en la costa libia, a unos 300 kilómetros al este de Bengasi, podría por tanto haber perdido en el desastre a al menos una quinta parte de su población, según el conteo de muertos y desaparecidos de Cruz Roja y Naciones Unidas.

La rotura de los embalses causó una crecida en el río que atraviesa la ciudad, arrastrando todo. Según organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, la situación en Derna es una "catástrofe de proporciones épicas".

Muchos cadáveres son recuperados cada día en las orillas de las playas de la ciudad, después de haber sido arrastradas al mar, indica el informe de la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, señalando que la ciudad tiene problemas de acceso a agua potable y que unos 55 niños se han intoxicado al beber agua contaminada.

Anuncian medidas

El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU), radicado en Trípoli (oeste) y reconocido por la comunidad internacional, Abdulhamid Dbeiba, anunció una batería de medidas para apoyar a los damnificados por el ciclón Daniel, que ha dejado al menos 11.300 muertos, más de 10.200 desaparecidos y 30.000 desplazados sólo en la ciudad de Derna según cifras provisionales de la Cruz Libia

Dbeiba se comprometió a pagar un mes adicional de sueldo a los funcionarios de los municipios afectados, acelerar el desembolso del cuarto trimestre de las ayudas familiares destinadas a esposa e hijos y priorizar a los residentes del este del país, señaló el GNU.

Para ello, explicó, el Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de una base de datos de todos los ciudadanos, realizada por el Centro de Investigación y Peritaje Judicial de la Unidad de Medicina Forense y la Unidad de Información y Documentación.

En cifras preliminares aportadas por el comité para el registro de daños, la superficie total de la zona afectada por las inundaciones se estima en seis kilómetros cuadrados, donde se destruyeron más de 6.100 edificios, de los cuales 1.500 resultaron parcialmente afectados y 890 fueron destruidos por completo. Por otro lado, la compañía nacional de electricidad logró reparar el 90% de las estaciones eléctricas perjudicadas y restableció el servicio de comunicaciones en más de 60 localidades y pueblos cuyas redes habían sido cortadas.

La sociedad de agua y saneamiento continúan con las labores de bombeo de agua desde viviendas y carreteras y han podido reabrir tres rutas alternativas para facilitar los desplazamientos. El Centro Nacional para el Control de Enfermedades reveló que el número de casos de contaminación por consumo de agua no potable aumentó a 150 y declaró el estado de emergencia por un periodo de un año en las zonas damnificadas como medida de prevención con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el cólera.

Una coalición de activistas de derechos humanos y asociaciones judiciales presiona al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para que proponga a una mujer negra como magistrada del Supremo Tribunal Federal, la primera en la historia de la corte.

Lula debe designar a un candidato o candidata al Supremo en las próximas semanas, ante la inminente jubilación de la presidenta del tribunal, Rosa Weber, que deja su silla a inicios de octubre, pero cuando ha sido preguntado si podría ser una mujer, ha rechazado comprometerse.

Al llegar a Nueva Delhi para participar en la cumbre del G20 la semana pasada, Lula se encontró con un inesperado cartel a la salida del aeropuerto: "En 132 años Brasil nunca ha tenido una mujer negra en el Supremo Tribunal", se leía en inglés.

En Nueva York, adonde Lula viaja este lunes para la Asamblea General de la ONU, un video proyectado en las pantallas de Times Square ha mostrado a una madre brasileña diciéndole a su hija que puede soñar con ser magistrada, a lo que ella responde: "Magistrada del STF... ¿Igual a quién, mamá?"

Los mensajes son parte de una campaña coordinada por la Coalición Negra por Derechos que ya ha recibido más de 30.000 firmas y el apoyo de la presentadora de televisión Xuxa y de la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco.

"Sería histórico si Lula nombrase y nosotros estamos contando con eso", declaró la ministra recientemente.

Para los activistas, es "inexplicable" la falta de diversidad en el máximo tribunal de un país cuya población es un 56 % afrodescendiente.

En más de un siglo de historia, el Supremo Tribunal ha tenido apenas tres hombres negros -ninguno desde 2014- y tres mujeres blancas -dos de las cuales están en ejercicio-. El resto, sobra decirlo, han sido hombres blancos. Tan solo el 1,7 % de los jueces del país se declaran negros y otro 13 % mestizos, según un estudio.

En Fundación Súmate del Hogar de Cristo nos alegramos mucho al conocer que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que reconoce a las aulas hospitalarias como una modalidad educativa válida.

Según lo señalado por el médico cirujano y diputado independiente Hernán Palma, este reconocimiento podría "beneficiar a más de 35.000 almas" que hoy no pueden asistir regularmente a clases por estar hospitalizadas.

En Súmate, hemos luchado durante 30 años para erradicar la exclusión escolar bajo todas sus formas, incluida la marginación del sistema educativo y de su contexto social y cultural que se produce por una enfermedad crónica grave que obliga a la hospitalización.

Hoy, en Chile, 227 mil niños, niñas y jóvenes no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educativo, vulnerando su derecho a la educación y acrecentando así mayores inequidades y riesgos sociales. Nuestras escuelas de reingreso son una solución concreta, aunque limitada, para estos jóvenes, por eso dedicamos ingentes esfuerzos para incidir en una política pública adecuada y aportar nuestra experiencia en reingreso a quien lo requiera.

Por eso, celebramos, cuando, en 2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Modalidad de Reingreso Escolar, la que al año siguiente fue ratificada por la Cámara de Diputados. Hoy vemos que el Proyecto de Ley se encuentra estancado y que, por desinterés o desidia, no hay avances en las mejoras que requiere para asegurar que la modalidad de reingreso logre finalmente una fuente de financiamiento adecuada.

Si bien nos alegramos por el reconocimiento a las aulas hospitalarias, que existen desde los años 60 del siglo pasado en Chile, recibimos esta noticia con cautela. Nosotros ya vivimos la alegría del logro y la frustración del empantanamiento del proyecto de ley. El éxito de estos anuncios depende en gran medida de los próximos pasos que den tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Un proyecto de ley, como bien lo sabemos en Súmate, no asegura financiamiento y, por ende, podría quedar guardado en un cajón y convertirse en letra muerta, tal como vemos que ha sucedido con la modalidad educativa de reingreso.

Los niños, niñas y jóvenes de Chile enfermos físicamente, como son los que están hospitalizados, y enfermos socialmente, como son los que viven en pobreza y marginalidad, los que sufren violencia, problemas familiares, económicos y de aprendizaje, no pueden quedar sin derecho a la educación. Y para ello se requiere acción y capacidad de gestión política y legislativa después de los optimistas anuncios.

Paula Montes,

directora ejecutiva de Fundación Súmate