Por Felipe Cuevas Mora

Fue en los últimos días de agosto que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) notificó a las 142 personas que habitan de forma irregular los cuatro edificios del lote 7 del complejo habitacional Mirador del Pacífico de Talcahuano, que debían abandonar el inmueble con notorias fallas estructurales, dadas a conocer en un informe técnico entregado a mediados de 2016 que planteaba que el terreno no era apto para la construcción.

"En virtud de las serias deficiencias técnicas de las edificaciones resulta urgente e imprescindible realizar la desocupación total del lote 7 para iniciar de manera inmediata su demolición (...) Solicitamos hacer abandono voluntario de los departamentos en el menor plazo y así evitar llegar a realizar desalojos forzosos con el actuar de la fuerza pública", reza el afiche que dejó Serviu en las puertas de acceso de los cuatro departamentos.

La decisión de realizar el desalojo y la posterior demolición está en manos de Carabineros, luego que Serviu pidiera la restitución administrativa por medio de la Delegación Presidencial, y se espera ocurra en las próximas semanas, considerando el foco de inseguridad en que se ha convertido, según relatos de vecinos de los otros lotes.

Incluso, luego de que se conociera la notificación del Serviu, los habitantes irregulares realizaron barricadas en señal de rechazo a la decisión.

El complejo Mirador del Pacífico fue inaugurado en 2013 como el condominio social más grande del país, con 1.032 departamentos distribuidos en trece lotes para familias víctimas del terremoto de 2010. Desde allí, se han invertido más de $8 mil millones para corregir filtraciones, humedad y mejorar la habitabilidad en doce lotes.

Decisión tomada

Eduardo Arriagada, director (s) de Serviu Biobío, recordó que, al momento de asumir la actual administración, una de las primeras tareas que se definió fue abordar el conflicto en Mirador del Pacífico; incluso la delegada Dresdner en una de sus primeras actividades se reunió con los comités de vivienda.

"Nos preocupa enormemente que las 142 personas que tienen tomados los departamentos están poniendo en riesgo sus vidas frente a un sismo mayor, producto de la mala calidad del suelo, hecho que ha sido certificado por varios estudios técnicos", dice, junto con señalar que "como servicio hemos tomado contacto permanente con ellos y debemos señalar que una vez hayan salido de los edificios que serán demolidos, serán atendidas por nuestro servicio para evaluar diferentes alternativas, cada una de acuerdo a la situación particular que presenten".

Sobre la situación de los originales dueños de 64 departamentos del lote 7, Arriagada explicó que "ya se les reasignó, en 2017, otros subsidios que fueron aplicados en diferentes puntos de la zona y que quienes viven actualmente en el lugar, son ocupantes ilegales ya catastrados y a quienes ya se les ha dado aviso para que hagan abandono del lugar, en varias ocasiones".

Labor municipal

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, lamentó que aún no se pueda resolver la situación de los cuatro edificios del lote 7, e indicó que "a raíz de situaciones producto de las lluvias y remoción de masa, la decisión del Serviu busca garantizar la seguridad de las personas. Lo que le pedimos a las familias es que se conformen como comité nuevamente, porque entendemos que deben buscar una solución habitacional y también con la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, porque varios aún no tienen recepción municipal y solo tenían un permiso de habitabilidad".

"El lote 7 no tendrá recepción municipal ya que el estudio de mecánica de suelo demuestra que se debe demoler. Aún no hay una fecha de desalojo, pero sí se informó que deben dejar los departamentos para hacer la restitución y demolición; el llamado que hacemos al lote 7 es que busquen la alternativa de dialogar con el ministerio. Se están abriendo las puertas, estamos trabajando en conjunto para buscar alternativas como un subsidio de arriendo. Nosotros estamos trabajando en una posibilidad de un albergue mientras tanto", complementó.

La polémica al interior de Renovación Nacional continúa. Luego de que el Tribunal Supremo ratificara el triunfo de la lista C, liderada por Claudio Eguiluz con el 59,81% de las preferencias en la segunda vuelta del pasado sábado, la lista rival encabezada por la exconvencional Paulina Veloso ingresó una denuncia ante Fiscalía por posible cohecho e intervencionismo electoral.

La denuncia se ampararía en declaraciones de militantes de Tucapel, que según señaló Veloso, acusaron al director de Desarrollo Comunal Edgar Sandoval y a la madre del alcalde Jaime Veloso, la ex concejal de Tucapel Magaly Jara, de amenazar con quitar beneficios sociales, favorecer en la entrega de los mismos a cambio de apoyar y votar por la lista de Claudio Eguiluz.

"Es muy grave que amenacen y presionen indebidamente a personas para que voten y favorezcan a un candidato, usando los beneficios sociales y los recursos públicos, esta situación debe ser investigada y aclarada", dijo la exconvencional.

Saúl González, candidato a vicepresidente y acusado también por su rol por parte del propio Tribunal Supremo, criticó a Eguiluz apuntando a que es alguien "condenado por delito tributario en el caso SQM, que ha abusado de su influencia al interior del partido con engaños y artimañas ha ensuciado esta y otras elecciones internas de RN para mantenerse en el cargo. Mintió descaradamente y me acusó de ofrecer subsidios habitacionales, cuando yo no soy funcionario público, no tengo ningún cargo público o de autoridad, situación extremadamente diferente a lo que ocurre en Tucapel, donde vemos la acción directa del Dideco".

En la semana donde explotó el interés por la alcaldía de Concepción, a poco más de un año que se realicen las elecciones municipales, quien será el saliente alcalde Álvaro Ortiz (DC) se refirió al clima previo en torno a quien lo reemplazará en el cargo: el periodista ya completó sus tres periodos como jefe comunal y se proyecta que compita al Parlamento en noviembre de 2025.

"Tenemos que aprender de nuestros errores, de la resiliencia que hemos tenido para salir de la pandemia, cuando nos ha tocado enfrentar incendios forestales, tornados, inundaciones o tsunamis. Cuando hablamos de unidad, lo que nos pide la ciudadanía es llevarlo a la práctica", dijo en la inauguración de las fondas de Fiestas Patrias en el Parque Bicentenario.

"Este es mi penúltimo 18 de septiembre como alcalde de Concepción, han sido los años más felices como concejal, y alcalde al haber estado frente de esta comuna. No nos farriemos lo que hemos construido ni nos dejemos llevar por los cantos de sirena", añadió, junto con señalar que "seamos responsables en cuidar lo que nos corresponde que sea nuestra ciudad, nuestros barrios y con unidad debemos mantenernos como concejo municipal, trabajar con el Gobierno Regional y Nacional. Debemos estar en los barrios, acordarnos de la comunidad en una comuna que respete sus raíces, tradiciones y costumbres".

"No nos olvidemos de nuestra historia, de donde venimos, donde estamos y hacia donde debemos apuntar. Este trabajo, que es el más hermoso, de construir ciudad para las próximas generaciones, debe encontrarnos en un momento clave para mirar hacia atrás, aprender de los errores y construir un mejor futuro", sumó.