Denuncias sobre explotación sexual infantil
Los expertos han calificado como alarmante que siete de cada diez investigaciones sobre delitos relativos a explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, terminen sin responsables -en un archivo provisorio-, en un contexto en que cada año las denuncias por este delito suben.
Así lo plantea un informe de la plataforma Actuar es Urgente, integrada por fundaciones relacionadas con el cuidado de la niñez, que analizó las cifras de explotación sexual infantil del Ministerio Público entre 2017 y 2022. El documento señala que de un total de 1.215 investigaciones y procedimientos judiciales desarrollados en este período, sólo un 9,5% culmina con una condena contra el imputado, lo que evidencia "un alto grado de impunidad", se destaca en las conclusiones.
Se cree que en todo el país miles de niños y niñas son explotados sexualmente, ya sea por la misma familia o por quienes operan redes del tráfico y comercio sexual. Con frecuencia en los medios de comunicación se dan a conocer los casos de adultos que son procesados por estos delitos, a la vez que se conocen también situaciones de jóvenes que denuncian que durante su niñez fueron abusados al interior de algunas instituciones de las que formaban parte.
El abuso de menores es una forma de maltrato que incluye un amplio espectro de acciones entre un niño y un adulto. Es un delito muy reprochable y en aumento, si se considera que significa robar la inocencia y marcar la vida de un menor. En estos casos, se corta su línea de desarrollo sicológico y ese daño se observa en su etapa adulta.
La prostitución de menores, la pedofilia y sus actividades anexas son prácticas mucho más extendidas de lo que se cree. Basta recordar el bullado proceso judicial Spiniak, que se inició el año 2003, y otros que se han registrado con posterioridad. Ello explica que de forma permanente se desmantelen redes de pedofilia o de pornografía infantil, lo que indica que existe una demanda por este material o estas acciones son mayores de lo que se cree.
El año 2012 se puso en marcha un paquete de medidas para combatir los abusos contra adolescentes y niños, por lo que se puede solicitar de forma gratuita información acerca de personas que hayan estado involucradas en este tipo de delitos, a través de la página web del Registro Civil. La legislación inhabilita de por vida a los condenados por esos delitos a ejercer cualquier empleo directamente relacionado con niños y es importante fiscalizar su cumplimiento.
La experiencia muestra que éstos son delitos que tienen una alta tasa de reincidencia, de manera que la sociedad no puede permanecer indiferente y debe proteger a los menores.
La legislación tiene como objetivo resguardar a los niños, contribuir a la seguridad, la integridad física y psicológica de ellos, y dar algo más de tranquilidad a los padres, pero son éstos los que vez deben redoblar sus esfuerzos por protegerlos y disminuir al mínimo la oportunidad de verlos expuestos a estos ataques.
Los establecimientos educacionales e instituciones religiosas y de tipo social, tienen un rol fundamental en la prevención de riesgos ante situaciones de abuso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, a través de la mantención de vínculos, comunicación y redes de apoyo, por medio del contacto con docentes, asistentes de la educación, apoderados, educando en el autocuidado del bienestar integral y la dignidad.
La protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la adopción de medidas preventivas ante toda forma de abuso o explotación en su contra, encuentra su fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 19 y 34), y en el derecho que tienen los y las estudiantes y párvulos a que se respete su integridad física y psicológica, conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación.
El abuso de menores es un maltrato que incluye un amplio espectro de acciones. Es un delito muy reprochable y en aumento, si se considera que significa robar la inocencia y marcar la vida de un niño.