Por Felipe Cuevas Mora

Una serie de novedades ha registrado las últimas semanas la puesta en marcha del segundo servicio local de educación a nivel local, como parte del proceso de desmunicipalización de los colegios en todo el país que partió hace seis años.

La semana pasada la Dirección de Educación Pública (DEP) del Mineduc confirmó que el exsubdirector de la división de Educación General de la cartera Ramón Jara como director ejecutivo del SLE Andalién Costa, que reunirá a 20 mil escolares de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana y entrará en régimen en enero de 2025.

Además se firmó un convenio entre el municipio de Lota y la Seremi de Educación para concretar el traspaso de $446 millones que permitirán regularizar el pago de cotizaciones previsionales pendientes a los trabajadores de la educación en la comuna.

Sobre el estado de avance del proceso a nivel regional, el director de Educación Pública Jaime Veas explicó a Diario EL SUR que "ningún trabajador de la educación se traspasará al servicio local con deuda: las deudas que tenga un municipio al momento del traspaso se deben pagar completamente".

Puesta en marcha

En su reciente paso por la zona, Veas valoró positivamente el trabajo que han realizado los municipios en el proceso previo a los traspasos a los ocho servicios locales que tendrá la zona: de ellos, Andalién Sur ya funciona desde 2019 y reúne a cerca de 17 mil escolares de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui.

"Es un servicio bastante bien evaluado por nosotros como dirección nacional. Lo calificamos por su alta innovación desde la gestión técnica-pedagógica, estamos contentos por ello y también las inversiones que están haciendo", comenta.

Sobre los próximos servicios, dice que en el caso del SLE Puelche -que agrupará a Antuco, Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío- "hay un tremendo desafío, con la protección de la lengua originaria, el chedungún, que formará parte identitaria del servicio, cuestión que conversamos con el alcalde (Nivaldo) Piñaleo en Santiago. Y eso es un mandato legal, recoger la identidad de los territorios, y así lo haremos: piense que los niños aprenden castellano como segunda lengua".

Para el caso de Andalién Costa, reconoce que es clave avanzar en resolver las deudas municipales, sobre todo en el caso de Lota, y explica la modalidad: "Hay créditos del Estado, a través de un convenio de transición, quien debe pagarlas finalmente es el propio municipio por medio de cuotas del Fondo Común Municipal. Para las comunidades de Lota, el servicio local es una buena noticia porque permitirá estabilizar la situación de esos servicios educativos".

-¿Qué tan relevante es la decisión de postergar la puesta en marcha del servicio local Andalién Costa, a la luz del complejo panorama financiero?

-El informe de medio término recomendó que el periodo de formación de un servicio local debía ser de dos años, y eso lo haremos con todos los servicios en adelante hasta el corte de 2027. Eso implica que no solo en Andalién Costa ampliamos un año, sino que todos los servicios se trabajarán con dos años.

Además, en Andalién Costa ya tenemos el nombramiento de su director ejecutivo, y recibirá el servicio educativo el 1 de enero de 2025, mientras que en el caso de Puelche inicia funciones en 2024, y recibe el servicio en enero de 2026. Siempre será así en adelante, y el proyecto de ley que tenemos en el Parlamento también se perfecciona aquellos aspectos pendientes, como es el periodo de funcionamiento: mientras eso ocurre, tenemos una fórmula que permite ampliar el periodo a dos años gracias a la aprobación de la partida presupuestaria, que se asignará en el año tres cuando se entreguen los establecimientos.

A la hora de abordar el proceso de desmunicipalización, Jaime Veas dijo tener "la convicción de que los establecimientos públicos no podían seguir de la mano de los municipios, y así se resolvió en 2017. Debíamos generar un nuevo órgano para el desarrollo de la Educación Pública, y corresponden a servicios públicos descentralizados; crearlos es la primera solución organizacional desde 1920, con la ley de Educación Primaria Obligatoria. En América Latina esto no existe, pero si en algunos estados de Estados Unidos y Canadá: estamos viviendo un cambio estructural en la educación de nuestro país".

Desde el 1 de julio, comenzó a regir un nuevo valor en el peaje Agua Amarilla de la Ruta del Itata, todo en el marco del proceso de relicitación de la concesión que administra la autopista que une Concepción y Chillán, hoy a manos de Globalvía y gracias a una extensión de contrato hasta marzo de 2025 (terminaba en abril).

Mientras la relicitación está en curso, con once empresas que compraron las bases del concurso público, la Dirección General de Concesiones emitió esta semana el informe con indicadores respecto al tráfico que tuvo la conexión vial durante julio, dando cuenta que pese a la baja del peaje a $3.900, la concesionaria ingresó casi $3 millones de pesos más respecto al mes anterior en conceptos de pago de la tasa.

Según informa el documento, durante el mes de julio se registraron 547 mil transacciones en la ruta (la cifra más alta desde marzo), y el ingreso mensual fue de $2.680 millones, cifra mayor en un 0,22% respecto a junio y lo que representa una caída de un 22,9% respecto a julio del año pasado.

En el caso del último indicador que da cuenta de una caída respecto a los recursos respecto a la misma fecha del año pasado, este corresponde a una tendencia que se mantiene en la ruta durante los últimos doce meses: en julio del año pasado, los ingresos superaban los $3.221 millones.

El documento, que mes a mes entrega periódicamente la concesionaria, también da cuenta que, del total de recursos ingresados por concepto de peaje, el 80,8% corresponde al aporte realizado por la plaza de peaje Agua Amarilla ($2.167 millones), cifra que en promedio es un 3% menor respecto al mismo indicador del año pasado a la misma fecha.

Todo esto, en el medio del proceso licitatorio que buscará contar con una nueva empresa concesionaria a fines del próximo año. El contrato por $540 millones de dólares contempla un periodo de administración de 45 años o menor, dependiendo del volumen de ingresos económicos, y entre las principales novedades tendrá una serie de obras para mejoramiento de la ruta, como eliminación de plazas de peaje por free flow.

Luego de un mes que el gobernador Rodrigo Díaz decidiera aceptar las renuncias de tres de sus asesores más cercanos cuestionados en el marco del Caso Convenios -el administrador regional Rodrigo Martínez, el jefe de gabinete Rodrigo Alarcón y el jefe de división Social Simón Acuña-, desde el Gobierno Regional se confirmó este miércoles que en al menos dos de los tres cargos ya se ratificó a los directivos titulares. Se trata de Iván Valenzuela como administrador regional y Luciano Parra como jefe de la División Social: ambos cumplían el rol desde hace cuatro semanas de manera provisoria.

Con esto, Díaz busca dar una señal de "compromiso con la excelencia en el servicio público y la continuidad en la gestión de quienes han demostrado su capacidad y experiencia en pos de los intereses de la Región", según expresó a través de un comunicado.

Tanto Valenzuela como Parra han desarrollado parte de su trayectoria profesional junto a Rodrigo Díaz, fundamentalmente en su época de intendente: el ratificado administrador regional fue seremi de Economía, mientras que el nuevo jefe de división fue jefe de Planificación y Desarrollo Regional en el mismo periodo.

Resuelta la interrogante de ambos cargos, aún resta saber que ocurrirá con la jefatura de gabinete, a la fecha a cargo de Carolina Toro de forma provisional, y la jefatura de división de Fomento e Inversión, sin un titular tras la salida de Valenzuela.