Por Redacción

En medio de un ambiente tenso por la cercanía de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el próximo lunes, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución que condena los actos "irracionales de violencia" ocurridos durante el estallido social del 18 de octubre de 2019, lo que encendió nuevamente los ánimos en el Congreso.

El texto fue presentado por los diputados de la UDI Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Cristián Labbé, Henry Leal, Natalia Romero, Renzo Trisotti y Flor Weisse, y en él se propone "condenar los actos irracionales de violencia cometidos a partir del 18 de octubre de 2019 en nuestro país, para que nunca más los dirigentes políticos caigan en la irresponsabilidad de alentar la violencia y el vandalismo, ni guardar un silencio culposo".

Asimismo, indica que "la tesis octubrista perdió toda legitimidad cuando la mayoría de los chilenos rechazaron una propuesta constitucional partisana, refundacional y maximalista, que reflejaba lo contrario a lo que la sociedad chilena desea para su patria, como la unidad, el respeto hacia la autoridad y la defensa de nuestras tradiciones, costumbres y emblemas".

En la Sala de la Cámara recibió 74 votos a favor, 43 contra y 14 abstenciones, respaldado por los legisladores de oposición, aunque el diputado Raúl Soto (PPD) lo suscribió y los diputados socialistas Daniela Cicardini, Danisa Astillado, Leonardo Soto, Ana María Bravo y Marcos Ilabaca se abstuvieron, igual que la militante de Revolución Democrática Consuelo Veloso y el radical Alexis Sepúlveda.

No se trata de una propuesta nueva, ya que inicialmente fue presentada el año pasado y recién se votó ayer, cuando las recriminaciones se han agudizado en Congreso en el marco los 50 años del golpe de Estado.

Posiciones radicalizadas

En ese contexto, el diputado Cristián Araya (Republicanos), se manifestó a favor del proyecto y argumentó que "en los últimos cinco años este Congreso ha tenido la oportunidad de condenar, en al menos dos oportunidades claras, la violencia. La primera ante el movimiento insurreccional del 18 de octubre, pero ¿qué hicieron? Comunistas y frenteamplistas legitimaron la violencia, validaron los subversivos, incluso los recibieron con aplausos como héroes a los encapuchados".

El parlamentario añadió que "el año pasado tuvieron la oportunidad de reivindicarse, pero no aprobaron un proyecto de ley que modificaba la ley orgánica de partidos políticos para rechazar explícitamente la violencia. Socialistas, comunistas y frenteamplistas votaron en contra. Queda claro dónde están".

La diputada Emilia Schneider (CS) contestó que la derecha "lleva un buen tiempo tratando de reducir el análisis de lo que ocurrió en nuestro país en los últimos años a una competencia por quién condena más uno u otro hecho, cuando en realidad es una forma pura de ocultar que no tienen la voluntad de entender o hacerse cargo del profundo malestar ciudadano que apunta a toda la política".

"Desde la izquierda nunca hemos tenido un complejo con condenar la violencia y la delincuencia, a diferencia de ustedes, que aún justifican el terrorismo de Estado de la dictadura de la que fueron parte. Reivindicamos el derecho a la manifestación social y condenamos tajantemente las violaciones a derechos humanos en donde sea y cuando sea; en este caso las que ocurrieron en el Gobierno de su Presidente Piñera. Por eso no vamos a pedir perdón", dijo.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, reveló detalles de la declaración alternativa a la que elabora Chile Vamos, que se niega a suscribir el "Compromiso de Santiago"del Gobierno. En radio Universo, planteó que "justificar la violencia como modo de protesta es algo que no debería ocurrir nunca más y de eso uno esperaría algo de reconocimiento. Estas cosas no han dejado al país indiferentes y han dejado muchas huellas y no aparecen como compromisos de que no deberían repetirse. No son comparables al golpe de Estado, pero son debilitamientos de la democracia".

El Consejo del Banco Central decidió ayer en forma unánime, y en línea con la expectativa que tenía el mercado, bajar la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en 9,5% tras la sexta Reunión de Política Monetaria de 2023.

"En el escenario externo, la inflación ha continuado disminuyendo a nivel global, aunque sus perspectivas y las de política monetaria difieren entre países. Por un lado, en las economías desarrolladas se anticipa que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por un período prolongado", justificó elente emisor en un comunicado.

También argumentó que "en varias economías emergentes ya se dio inicio o pronto se iniciará el ciclo de recortes".

En cuanto a perspectivas de crecimiento mundial, tanto para este como para el próximo año se mantienen débiles, con lo que el impulso externo que recibirá la economía chilena se mantendrá acotado", advirtió elCentral.

"El escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo anticipado, proyectándose que la inflación convergerá a la meta de 3% en la segunda parte de 2024", agregó y señaló que "en términos generales, la actividad y la demanda evolucionan acorde a lo esperado" y el consumo privado "se estabilizó".

Serias críticas ha generado la aprobación en el Consejo Constitucional de una enmienda del Partido Republicano que establece incorporar en el texto de propuesta para una nueva Carta Fundamental que los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión.

Ante ello el vicepresidente del órgano, Aldo Valle, afirmó que "la tentación populista le está haciendo mal a ciertos sectores en el Consejo Constitucional. Nos parece que estamos ante una avanzada de una reprivatización de recursos naturales, de bienes públicos y creando un nuevo orden público económico bastante más regresivo".

El académico añadió que "lamentablemente se abrió el camino para que se puedan privatizar y quienes tengan los recursos para hacerse dueño de playas o de calles o de rutas lo puedan hacer. Eso francamente nos preocupa. Ojalá en las etapas que vienen se puedan superar. No es para nada serio ni responsable querer llevar adelante políticas tributarias mediante la Constitución".