Por Redacción

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, concurrió hasta el frontis del palacio de La Moneda ayer para reunirse con las diputadas de la bancada por la Dignidad de los Trabajadores de la Educación Mónica Arce (ind-PPD) y Viviana Delgado (PEV) para anunciar que durante la jornada de hoy sostendrá une reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, oportunidad en la que buscarán iniciar nuevas conversaciones sobre el petitorio que solicita el Magisterio y así poder resolver el conflicto que llevó al magisterio a iniciar un nuevo paro.

Sin embargo, el líder gremial descartó que este diálogo con el Gobierno anule la movilización de mañana: "Independientemente de lo que ocurra en la reunión no se baja el paro. Este paro no lo va a bajar este directorio ni lo va a bajar un grupo de dirigentes".

Díaz añadió que "nosotros nos debemos a las bases, y por tanto, indudablemente que cualquier situación que haya mejor que la última respuesta que entregó el ministerio debe de ser nuevamente consultada y serán las bases del Magisterio las que determinarán los caminos a seguir. Haremos todos los esfuerzos que correspondan porque ese es nuestro rol, para que el Gobierno entregue una respuesta satisfactoria y que verdaderamente dé sentido de urgencia a los temas que hemos venido planteando hace harto tiempo".

En tanto, la diputada Arce recalcó las dificultades por las que están pasando los trabajadores de la educación y señaló que "nosotros ante todos estos hechos y estos reclamos decidimos conformar esta bancada. Y hoy, si nosotros podemos ser un puente entre los gremios y el Estado, el Gobierno, estamos en absoluta disposición".

"Cuando la ministra Tohá indicó que hay que buscar una alternativa y un diálogo para no afectar a los estudiantes, yo le digo: ministra, los estudiantes ya están movilizados. De los colegios emblemáticos ellos ya saben que están siendo perjudicados. Entonces creo que estamos a destiempo de lo que está pasando, los hechos graves que están ocurriendo en nuestra educación pública", detalló la parlamentaria.

"derrota ideológica"

Desde la oposición ha surgido una dura crítica hacia el Ejecutivo por no tener éxito en las gestiones que buscan evitar el paro. La subjefa de la bancada de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Educación, Marcia Raphael, manifestó que "el paro del Colegio de Profesores es una pésima señal para los estudiantes, pero también es una derrota ideológica del Gobierno. No hay que olvidar que dentro de las solicitudes del gremio se encuentran promesas que claramente el Gobierno no cumplirá, como el pago de la deuda histórica".

La legisladora precisó que "el Gobierno debe reaccionar rápidamente con el fin de que los alumnos no pierdan clases. Pero también hacer una autocrítica del populismo del entonces candidato Boric, que hoy claramente tiene incidencia en este paro indefinido".

El diputado Stephan Schubert (Republicanos), dijo que "esto ocurre cuando un Gobierno promete más allá de lo que podía cumplir. Hoy el Colegio de Profesores está exigiendo esas promesas y ahora tenemos un ministro nuevo que va a tener que ver no solamente cómo responder a los profesores, sino que también, y más importante, cómo responder a todos los niños que van a dejar de asistir a clases por muchos días".

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, pidió a la Justicia que investigue los posibles vínculos con el atentado que sufrió el año pasado de su vecina Ximena de Tezanos Pinto y de la periodista Delfina Wagner, quien ayer se consideró "una perseguida política".

"El día de ayer, como en plena dictadura", la también expresidenta "solicitó que la justicia me investigue y que confisquen mi celular debido a mi trabajo por difundir mis ideas y mis críticas genuinas hacia el gobierno kirchnerista", escribió Wagner en sus redes sociales.

"Ser una perseguida política con 20 años sólo por mi forma de pensar y sin haber cometido ningún delito de por medio, me remite a lo más oscuro de la historia argentina", agregó la panelista de Crónica TV, quien en sus redes sociales se define como "comunicadora", "liberal de mente crítica" y "anti K".

Cristina Fernández solicitó a la Justicia que se investigue si Wagner mantiene nexos con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, detenidos por el intento de magnicidio.

Según había declarado Wagner el 4 de agosto pasado a LN+, la panelista vive en la casa de la vecina de Fernández en el piso de arriba del edificio frente al cual ocurrió el atentado, Ximena de Tezanos Pinto, quien ha declarado su rechazo a Cristina.

Por el intento de atentado el 1 de septiembre de 2022, fueron enviados a juicio a los únicos tres acusados, lo que fue criticado en su momento por la vicepresidenta al considerar que se trata de "un intento" por "evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

El principal detenido es Fernando Sabag Montiel, acusado de ser quien apuntó a su cara con una pistola que no llegó a detonar. También están detenidos su novia, Brenda Uliarte, presunta coautora del delito de homicidio, y Nicolás Carrizo, de cuyo teléfono móvil supuestamente salieron varias comunicaciones vinculadas al atentado.

El ataque fallido fue perpetrado cuando Sabag Montiel, brasileño de entonces 35 años, se acercó a Fernández mientras saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, que le mostraban su apoyo pocos días después de que un fiscal lanzara un duro alegato contra ella en el juicio en el que estaba acusada de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).

La vicepresidenta acabó siendo condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua, sentencia que aún no está a firme.

"Que una mujer condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos en la función pública de por vida me ataque de esta manera, es para mí un gran reconocimiento", reaccionó Wagner ayer..

El Presidente Gabriel Boric convocó para hoy a representantes del Partido Republicano y el Partido de la Gente a una reunión en La Moneda para destrabar y avanzar la discusión del pacto fiscal y la reforma de pensiones.

El Mandatario ha llamado a reuniones a todos los sectores políticos para recoger ideas para dichas discusiones. Primero, le tocó con Chile Vamos y la semana pasada recibió las propuestas de Demócratas, la Democracia Cristiana y Amarillos por Chile.

Respecto a la invitación, la jefa de la bancada de diputados del PDG, Karen Medina, señaló que le parece óptima la decisión del Ejecutivo de conversar con todos los sectores porque "no tiene mayorías en el Congreso. No le queda más que darse cuenta de que debe hablar con todas las fuerzas políticas y buscar consenso desde todas las miradas".

No obstante, advirtió que "hoy día no solo necesitamos incluir y escuchar, sino que también sea incorporar a estos cambios las opiniones e ideas de la oposición".

Respecto a los encuentros, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, señaló a radio Cooperativa que "es reflejo del ímpetu, la necesidad de establecer que lo más importante es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, no solamente las pensiones futuras, sino también las actuales".

El caso Convenios ha permanecido en la agenda noticiosa ya por casi dos meses. La investigación periodística asociada y sus hallazgos, la intervención de la Contraloría General de la República, los procesos judiciales y las renuncias de autoridades en toda la escala jerárquica explican su persistencia en el tiempo. No se puede dejar de llamar escándalo a este caso, y por ello debe ser motivo de reflexión.

Hay aspectos, sin embargo, que no han sido suficientemente abordados. ¿Quiénes son y qué responsabilidad les cabe a los directores de las fundaciones cuestionadas? ¿Quién fiscaliza a las fundaciones en el cumplimiento de sus obligaciones y cómo lo reporta?

Al operar en medio de la sociedad civil y en el espacio público, las fundaciones dependen de la credibilidad de sus donantes, el público al cual afectan con sus acciones y la comunidad en general. Lamentablemente, es una realidad que el caso Convenios ha tendido un manto de duda sobre un número importante de ellas, en especial las que se relacionan con el Estado y obtienen financiamiento de este.

El desprestigio es severo y puede provocar que terminen pagando justos por pecadores. Para contrarrestar el daño, es necesario que se adopten medidas legales y de fiscalización. Sin embargo, aunque esos esfuerzos son urgentes, no serán suficientes si no van acompañados por un giro marcado en la gestión reputacional, lo cual involucra decisiones importantes en el ámbito comunicacional y en la información que las fundaciones entregan al público. El propósito debe ser restaurar la confianza, sin la cual estas ven imposibilitada su labor.

Resulta de suma importancia que las fundaciones cumplan con el deber de informar sobre sus actividades, pues esta práctica promueve la transparencia y la rendición de cuentas. De allí la necesidad de mecanismos de supervisión efectivos para garantizar que actúen en concordancia con sus misiones y responsabilidades. Esa labor hoy recae en el Ministerio de Justicia. Por desgracia, no es posible encontrar reportes de sus actividades de fiscalización al respecto.

Reconociendo los graves actos de corrupción del caso Convenios, el gobierno anunció una serie de medidas para impulsar la probidad y la fiscalización, siguiendo las recomendaciones de Contraloría y los análisis previos que habría realizado. Decepciona que los titulares -solo son eso- de esa agenda de probidad no anuncien la implementación de normas más estrictas para la gestión de las fundaciones, la promoción de una mayor transparencia en sus operaciones, la formación en ética y responsabilidad fiduciaria para los miembros de la junta directiva, y la creación de mecanismos de denuncia seguros y confiables para los empleados y voluntarios.

Juan Pablo Barros, vicedecano Universidad de los Andes