Por Francisca Pacheco Pérez

Hasta en cinco veces su valor se han incrementado las primas de las pólizas de seguros durante los últimos cuatro a cinco años, y en paralelo las restricciones para contratarlos se han vuelto más rigurosas. Así lo afirman representantes de las asociaciones del transporte de carga, quienes transitan constantemente por la Macrozona Sur, entre las regiones del Biobío y Los Lagos.

Dicho incremento respondería al aumento de los hechos de violencia rural entre estas regiones, y las limitaciones más críticas a la hora de contratar los seguros se han dado en torno a la hora en la que se transita, la zona geográfica, y los montos máximos de indemnización.

Pese a que valoran ciertos acuerdos alcanzados en la materia, tales como un seguro especial que implementó el Gobierno para camioneros y contratistas forestales exclusivamente afectados por la violencia en la Macrozona Sur, sostienen que estos aún son insuficientes, pues tienen varias limitaciones, por lo que las conversaciones con las autoridades continuarán.

Aumentos y pérdidas

Freddy Martínez, vocero de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) por Los Ángeles, señaló que incluso hace una década se invertía sólo un 5% de los costos de estructura de cada una de las unidades de transporte en los seguros básicos, mientras que "hoy invertimos un 25% en los rubros que son más peligrosos de transportar, lo que es una cantidad muy importante".

El presidente de GPS Corredores de Seguros, Luis Alcalde, afirmó que "las compañías están dando coberturas dependiendo de los montos expuestos y analizando caso a caso la materia a asegurar, estableciendo sublímites para los adicionales de riesgos políticos, con tasas agravadas hasta sobre un 50%". Junto con ello, la mayor parte de la exposición local está siendo cedida a reaseguradoras externas, "quienes han tenido que absorber fuertes pérdidas".

Las restricciones de horarios y zonas geográficas obligan a los trabajadores a extender sus tiempos de viaje, que incluso llegan a duplicarse, a lo que se suman la inseguridad de los estacionamientos. "Han quemado hasta 30 camiones estacionados, entonces el seguro hace distinciones respecto a eso, y además hay restricciones de topes en términos de valor a indemnizar", sostuvo René Muñoz, gerente general de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag).

Por ejemplo, en el caso de los equipos móviles, dicha indemnización no supera las 2 mil unidades de fomento (UF), que actualmente representa alrededor de $72 millones de pesos. "Si se considera que nuestros equipos más caros pueden costar $1 millón 200 mil dólares, y lo más baratos $150 mil dólares, se entiende que no cubre nada", cuestionó.

Seguro parcial

Al menos tres trabajadores de Acoforag han abandonado el rubro en lo que va de 2023 a raíz del incremento, que haría insostenible el sector. "Cinco o seis veces respecto de lo que se pagaba hace cinco años atrás no se condice hoy día con las tarifas que se obtienen", precisó el ejecutivo. Eso sí, destacó el seguro parcial que se pactó con el Gobierno en conjunto con Banco Estado, por violencia rural, y que entró en vigor hace seis meses, aunque agregó que debe fortalecerse.

"No tiene deducible -lo que el seguro no cubre-, pero tiene el tope de que se tiene que quemar un 75% más del equipo para que pueda ser indemnizado. También, tiene el gran problema de que sólo es para equipos propios, lo que limita en gran cantidad a muchos que funcionan con el sistema de leasing (arriendo)", explicó.

Por ello, indicó que se mantiene un diálogo constante con autoridades del Ministerio del Interior, aunque las necesidades varían según cada gremio. En el caso de los contratistas forestales se requiere ampliar la cobertura a todos los tipos de equipos móviles, pues en ocasiones se cubre sólo el camión y no la carrocería, mientras que el vocero de la Asoducam planteó que "hemos pedido que se ofrezca un pack de seguros para hacerlos más comerciales y asequibles para nuestra gente".

Además, enfatizó en que el servicio debería ser cubierto por Estado en su totalidad, sobre todo considerando los riesgos a los que se exponen a diario.

El Mercado Campesino inició desde el jueves y hasta hoy una muestra con una decena de expositores, en el tercer piso del Mall del Centro de Concepción

La iniciativa reúne a 15 pequeños emprendedores ofrecer de manera directa sus productos y de este modo, permitir que su negocio logre posicionarse en el mercado local.

Mercado Campesino es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, y tiene por objetivo busca apoyar a los agricultores para que logren mayor alcance y aumento en sus ventas, ofreciendo a los habitantes de las ciudades y pueblos productos que aseguran calidad, frescura e identidad a un precio conveniente para ambas partes.

Fabiola Lara, directora regional del Indap Biobío, dijo que "estas instancias son una tremenda oportunidad para nuestros agricultores y agricultoras, principalmente porque desde Indap tenemos una línea estratégica que es la comercialización, junto con el cooperativismo y la asociatividad de los distintos agricultores que viven en la región del Biobío", señaló.

Agregó que es necesario apoyar estas iniciativas sobre todo "cuando muchos de ellos lo han pasado mal debido a emergencias climáticas o por los últimos incendios que afectaron a la zona".

El sistema de pensiones chileno se encuentra en un momento crítico de reevaluación, considerando los objetivos primordiales establecidos por la OCDE. Estos objetivos buscan asegurar que las pensiones proporcionen un nivel de vida digno, sean equitativas y ofrezcan un ingreso de reemplazo cercano a los ingresos obtenidos durante la vida laboral. Sin embargo, se ha identificado un desajuste en la tasa de cotización, un elemento esencial para alcanzar estos propósitos.

En la actualidad, la tasa de cotización en Chile se ubica en un 12,8 %, significativamente por debajo del promedio OCDE de 18,2 %. Esto tiene consecuencias importantes, ya que la tasa de cotización es la base sobre la cual se construirán las futuras pensiones. Bajo este desafío, es importante considerar la contribución del empleador, que en Chile es solamente del 1,6 % en comparación con el promedio OCDE del 11,1 %.

Esta discrepancia en la tasa de cotización plantea un escenario preocupante en términos de tasas de reemplazo y, en última instancia, el riesgo de mayores niveles de pobreza entre la población adulto mayor. Además, la volatilidad económica y los retiros de fondos de las AFP han exacerbado la situación, sugiriendo la necesidad de medidas correctivas.

En respuesta a esto, tanto el Gobierno como la oposición han unido fuerzas para abordar el problema. Se ha acordado un aumento del 6 % en la tasa de cotización a cargo de los empleadores, acercándola a un 70 % del promedio OCDE, mientras que la tasa de cotización global se encontraría levemente sobre la tasa promedio. Sin embargo, surgen diferencias en cuanto a la asignación de este incremento.

El Gobierno propone destinar la totalidad del 6 % a un seguro social que complementaría las cotizaciones individuales. Esta propuesta tendría un impacto positivo en las pensiones, incrementándolas en una Unidad de Fomento por cada década de cotización, así como también incrementaría de forma inmediata las pensiones de miles de chilenos que actualmente se encuentran jubilados. Vale la pena resaltar que el 80 % de los afiliados a las AFP reciben pensiones por debajo del sueldo mínimo.

En contraste, la oposición sostiene que los fondos deben mantenerse como ahorros personales, argumentando además que las AFP son eficientes administradoras de recursos. A pesar de estas opiniones divergentes, ambas partes reconocen la urgencia de fortalecer el sistema previsional.

Esta discusión ha evolucionado desde un inicial apoyo al seguro social (6-0) hacia un equilibrio a favor del sistema de capitalización individual (0-6), pasando por propuestas intermedias (4-2) y tensiones políticas. La incertidumbre persiste en cuanto al curso que tomará esta deliberación, y el resultado impactará en la vida de miles de personas, influenciando la posición de Chile en relación con los países OCDE en términos de seguridad social.

En última instancia, esta conversación trasciende las diferencias políticas y busca construir un futuro más sólido y justo para las generaciones venideras. El objetivo es claro: mejorar las pensiones, reducir la desigualdad y proporcionar una base financiera sólida para los jubilados chilenos. A medida que la discusión continúa, la esperanza es que se logre un acuerdo que asegure la seguridad financiera en la jubilación y permita a Chile mantenerse alineado con los estándares internacionales.

Esteban Arias Montevechio

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello, Concepción