Por Felipe Cuevas Mora

Con la intención de retomar la agenda de actividades habituales, tanto el Gobierno Regional como el Consejo Regional han avanzado en sus labores a casi un mes de que explotara el Caso Convenios en la zona, que mantiene tanto a la Fiscalía como a la Contraloría investigando irregularidades en la entrega de $6.458 millones a fundaciones por medio de 19 convenios.

Mientras el gobernador Rodrigo Díaz y sus jefes de división se han desplegado por las provincias de Arauco y Biobío tanto para la entrega de ayudas por las lluvias como el abordaje de distintos proyectos, el órgano colegiado volverá a sesionar mañana de forma ordinaria después de 28 días, y este lunes reanudó el trabajo con la convocatoria a sala de 11 comisiones.

Desde ambas instancias reconocen que el mayor foco de atención está en las diligencias que lleva adelante la fiscal anticorrupción María José Aguayo. Pero a nivel de los consejeros se mantienen las posturas divididas en torno al actuar del gobernador y las medidas informadas en las últimas semanas.

Medidas en marcha

Desde el equipo de Comunicaciones del Gobierno Regional se detalló que el principal foco de trabajo respecto al Caso Convenios está centrado en dar cumplimiento a las 15 medidas pro-transparencia informadas antes que estallara la polémica por el convenio firmado con la Fundación En Ti, donde está relacionada Camila Polizzi.

Algunas de ellas, explican, ya se pusieron en marcha, como la revisión de todos los proyectos en el seno del Consejo Regional -independiente de su monto- que partió el 26 de julio en la última sesión ordinaria realizada en el Salón Mural, o el cierre administrativo de los proyectos y el cobro de la póliza de garantía por $25 millones en el caso de la Fundación En Ti.

Otras se están llevando adelante como la reciente contratación del excontralor Manuel Cerda para supervigilar los procesos internos de auditoría, y de la abogada experta en Ciberseguridad Ximena Sepúlveda, para implementar un sistema de integridad en la gestión interna, conocido como compliance. Los tres funcionarios que asumieron funciones en los cargos donde hubo renuncias, ya cuentan con su decreto de suplencia que les permite abocarse a sus tareas, se aseveró desde Comunicaciones del Gore.

En reciente entrevista con Radio Camila de Los Ángeles, el gobernador Rodrigo Díaz -que hasta el momento no ha prestado declaración ante el Ministerio Público- señaló que "tanto la Fiscalía como la Contraloría deben determinar si hay responsabilidades más allá de lo político, incluso en mi persona".

Miradas dispares

Con la convocatoria a las comisiones de Transporte, Educación y Gestión de Riesgo y Desastres, la mañana de ayer se retomó el trabajo de los microciclos por parte del Consejo Regional, luego de la última sesión de la comisión de Gobierno del pasado viernes 11.

En total, once comisiones de trabajo fueron convocadas entre ayer y mañana, con un foco central en la revisión de distintos proyectos, además de las subvenciones que asigna el Gobierno Regional a través de los recursos del Fondo Regional de Desarrollo Regional.

En los pasillos del segundo piso, y lejos de los días en que los focos y cámaras de los matinales televisivos captaran la atención de los 28 representantes, los miembros del órgano colegiado apuntan a retomar la agenda sin dejar de lado la labor fiscalizadora.

Tania Concha, consejera del Partido Comunista explicó que "no podemos dejar estancado el trabajo del Consejo por estos casos de corrupción, porque así dejamos estancada la inversión pública; al pasar un proyecto un mes más tarde, su ejecución puede retrasarse hasta por un año".

"Somos los fiscalizadores, pero necesitamos herramientas para hacerlo. La modificación a la normativa para la elección de los gobernadores nos quitó todas las facultades y gran responsabilidad de eso lo tiene el Parlamento, que votó la ley que acotaba la incidencia de los consejeros en proyectos sobre 7 mil UTM", añadió, junto con pedir al Ejecutivo una ley corta para abordarlo.

Su par de la UDI, Marcela Tiznado planteó que "hay más de tres mil iniciativas que están funcionando de forma regular, y el foco debe estar en cómo mejorar los sistemas de control, fiscalización, las medidas de probidad y transparencia, que valora la ciudadanía, pero sin dejar de lado el trabajo que realizan los entes persecutores. Las instituciones deben hacer su trabajo, y las decisiones se tomarán cuando se conozcan los resultados de esas diligencias".

El consejero independiente Gabriel Torres, en tanto, contó que junto a otros cuatro consejeros solicitaron una nueva sesión extraordinaria a raíz de que "no se conocieron con claridad algunos detalles respecto a las medidas informadas y el trabajo que realiza".

"Tenemos que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo, porque habrá investigaciones paralelas al trabajo atrasado que tenemos, con proyectos pendientes de revisión, donde las organizaciones sociales nos llaman para conocer el avance de estos (...) No hemos tenido una reunión de trabajo respecto a cómo vamos a llevar adelante el trabajo del Gobierno Regional, eso aún no se nos informa", complementó.

6.458 millones de pesos es el monto que actualmente investigan tanto la Fiscalía como Contraloría por el Caso Convenios en Biobío

Las observaciones que la Contraloría realizó al trato directo por el cual se buscaban retomar las obras de conexión del Puente Bicentenario con la avenida Chacabuco en Concepción, por un monto cercano a los $30 mil millones, abrieron la discusión en torno al estado actual de los proyectos que quedaron abandonados tras la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) en octubre pasado.

Entre ellos, se encuentran dos obras mandatadas por el Serviu: la etapa III del Eje Colón que forma parte del Corredor de Transporte que une Talcahuano, Hualpén y Concepción, además del puente Arturo Prat en Curanilahue.

En el caso del primero, el director regional (s) de Serviu Eduardo Arriagada detalló que "actualmente existe un contrato de obras de mitigación vigente y que durarán hasta que comiencen los trabajos que permitirán concluir el proyecto. Se está trabajando con la instalación de luminarias y garitas pedidas por la comunidad".

"Esperamos publicar la licitación a fines de septiembre, una vez que las bases sean aprobadas por Contraloría. El proceso administrativo que durará 60 días, por lo que esperamos estar comenzando las obras a más tardar en marzo de 2024", detalló.

Sobre la situación en Curanilahue, dijo que "hay un contrato de mitigación que perdurará hasta que comiencen las obras. Actualmente se está trabajando en la adjudicación del proyecto vía trato directo para retomar las obras. Una vez aprobado el decreto por Contraloría se espera que aproximadamente entre octubre y noviembre del presente año puedan continuar los trabajos".

Para el caso del puente Bicentenario, las autoridades apuntan a que la corrección de las observaciones que hizo la Contraloría al trato directo con una empresa que actualmente realiza proyectos de magnitud en la zona debería retrasar en uno o dos meses la planificación original, por lo que para el último trimestre de este año se espera que se retomen los trabajos que se espera sean entregados durante el segundo semestre de 2025.

"Esto es parte de un proceso normal con la Contraloría cuando hay un proceso de toma de razón en el cual se formulan observaciones, y nosotros estamos desarrollando todos los esfuerzos para hacer las aclaraciones del caso", expuso en estas páginas el seremi de Obras Públicas Hugo Cautivo.

En el caso del puente

Bicentenario, Contraloría

realizó observaciones al trato directo, que

buscarán subsanar.

Una positiva noticia recibió la comunidad educativa del Colegio Galvarino de San Pedro de la Paz, conocido como el colegio 'Iglú', luego de que este lunes la comisión de Educación del Consejo Regional aprobara la entrega de $1.100 millones que se sumarán al monto asignado por el Ministerio de Educación ($4.431 millones) para licitar las obras de reconstrucción del inmueble conocido por las bajas temperaturas en que sus alumnos desarrollaban sus actividades.

En concreto, los montos aprobados -que deberán ser ratificados por el pleno de mañana- permitirán realizar una nueva licitación para las obras de reposición del inmueble que se extenderán por 480 días y que ya cuentan con el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, valoró la decisión, y expuso que "este es un proyecto esperado en su terminación justamente porque quedó desfasado en los presupuestos, por esto de la alza de materialidad, por lo que significa el desfase también de los años que estaba este proyecto tramitándose. Por lo tanto, hoy día era necesaria la inyección de recursos, golpeamos la puerta del Gobierno Regional, y agradecemos al gobernador y a los consejeros que han aprobado estos recursos y esperamos que el día de miércoles en la sesión plena sean ratificados".

"Es un proyecto necesario por el crecimiento exponencial que tenemos", añadió.