Por Karlyng Silva Leal

Durante la última semana la provincia de Arauco ha registrado varios ataques incendiarios que han terminado con viviendas completamente consumidas por el fuego, esto en medio de una serie de hechos de aún mayor gravedad que han tenido lugar en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Consultado sobre si esta situación apunta a un rebrote de estos hechos de violencia rural, el delegado provincial Humberto Toro indicó que se evidencian situaciones coyunturales en los hechos registrados.

La noche del viernes 11 de agosto en la comuna de Contulmo, dos viviendas ubicadas en la ribera del lago Lanalhue fueron quemadas por desconocidos, sin encontrar en el lugar panfletos o elementos reivindicatorios. No obstante, el martes la organización Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó este hecho exigiendo el traslado de un grupo de detenidos en la Cárcel de Angol que se encuentran en huelga de hambre".

Este mismo martes, una casa ubicada en la localidad de Quidico en Tirúa, fue quemada por sujetos que huyeron del lugar, registrándose también un corte en el tránsito con troncos de gran tamaño en el km 50 de la Ruta P72s, encontrando allí consignas a favor de los presos de Angol.

Coyunturas

El delegado de la provincia de Arauco explicó que pese a estas situaciones los datos estadísticos indican que en la zona se avanza hacia una reducción en hechos de violencia, no obstante, agregó que "nosotros hemos sido muy claros y francos con las comunidades, que es prácticamente imposible llegar a un nivel cero de riesgo, porque ese trabajo requiere más tiempo y van a ocurrir hechos de acuerdo a ciertas coyunturas que se van presentando".

En este sentido, explicó que si bien no se trata de situaciones previstas, si están constantemente siendo analizadas, como es el caso de las personas detenidas en Angol y que según las adjudicaciones de los hechos tendría directa relación, pero también se suelen registrar cuando se desarrollan audiencias judiciales respecto a detenidos por hechos violentos, asociados también a reivindicaciones por los denominados presos políticos mapuches por acciones previas.

"Nosotros vamos levantando todas las alertas a través del sistema de coordinación que tenemos con empresas, instituciones, etc, para que bajen el nivel de acciones en faenas, transporte, etc, cuando sabemos que pudiera ocurrir un hecho", agregó.

Ya que numerosos hechos violentos se han registrado en la Región de La Araucanía, que colinda con la Provincia de Arauco, Toro explicó que se mantiene una coordinación constante entre ambos territorios, en el marco del estado de excepción vigente, en que se comparten y analizan situaciones, así como las formas en que se están abordando. "Efectivamente nuestra preocupación siempre está en que se trasladen estos grupos delincuenciales y violentistas que se mueven de un lugar a otro", agregó.

En esta línea, el delegado destacó que se mantiene también un trabajo para diferenciar los delitos directamente asociados a atentados violentos como la quema de camiones, maquinarias y viviendas, que en varias ocasiones han sido adjudicadas por orgánicas radicalizadas y armadas; de los delitos que si bien no dejan de ser violentos, son de mayor connotación como los robos, asaltos , entre otros que utilizan las reivindicaciones como excusa.

Desde la Delegación Provincial de Arauco informaron que durante el primer semestre del 2023 se han registrado 42 causas ingresadas por delitos de violencia rural según datos del Ministerio Público, lo que en comparación a las 58 causas ingresadas en el mismo periodo en 2022, implica una disminución del 28% en este tipo de investigaciones.

Por otra parte según información solicitada vía Transparencia por la Delegación, entre el 2022 y junio de este año se han detenido 22 personas, quienes contaron con sus respectivos registros de audiencias de control de detención por delitos asociados a violencia rural. Por otra parte, señalan que entre el 2018 y el 2021, es decir 4 años, se realizaron 21 arrestos en esta misma materia.

Al respecto, al delegado Humberto Toro explicó que "estamos trabajando con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) y la Fiscalía para detener a las personas que están realizando actos de violencia y delitos que afectan a la paz y al progreso en el territorio. Hemos detenido a personas asociadas al robo de madera y de vehículos, pero también a quienes están vinculados a grupos radicales".

Agregó que como autoridad política se entregará todo el apoyo en las acciones que desarrollan las policías y Jedena (Armada en la provincia) en el marco del estado de excepción vigente, permitiendo avanzar en la reactivación de la economía, desarrollo social e infraestructura.

La Mesa de Trabajo por el Transporte Público de Concepción está convocando a una marcha ciudadana y un paro del los buses para el próximo 24 de agosto a las 11 horas, instancia a la que las federaciones estudiantiles y juntas de vecinos del Gran Concepción también han sumado su apoyo para avanzar en el petitorio entregado a las autoridades hace unas semanas.

José Coronado, vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Biobío, explicó que no han obtenido ningún tipo de respuesta a casi dos semanas de que la mesa entregara el petitorio que elaboraron durante los últimos meses a las autoridades, con medidas para mejorar la calidad del transporte público, las condiciones de trabajo de los conductores y el servicio en la ciudad.

Este petitorio firmado por una serie de representantes de la sociedad civil del Gran Concepción, tales como sindicatos de conductores, estudiantes, trabajadores, alcaldes, entre otros, fue entregado al Ministro de Transportes.

Al respecto, Coronado indicó que se agregó un anexo con iniciativas legislativas que no presentan avances en el Congreso y que se refieren a la instalación de cabinas de seguridad, garantizar los pagos de subsidios, instalar los cobradores de pagos automáticos, así como regular las jornadas laborales de los conductores.

De esta forma ayer se desarrolló una reunión de coordinación sobre el paro convocado para el mismo 24 de agosto a partir de las 11 horas, lo que busca ser una medida de presión para avanzar en acuerdos con las autoridades, que permitan en concreto mejorar las frecuencias del transporte, mejorar la calidad del trabajo para recuperar a conductores que salieron del rubro tras la pandemia y mejorar la calidad del servicio, por ejemplo, automatizando los pagos y sacando de circulación el efectivo.

Durante la reunión de coordinación de ayer estuvieron presentes varios representantes de federaciones de universidades locales como Macarena Sánchez, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, quien realizó un llamado a aquellos universitarios como secundarios "a participar de la marcha este 24 de agosto a las 11 horas en tribunales para exigir un transporte público digno para todos y todas, además de un trato justo y un alto a la vulneración de los trabajadores y trabajadoras del transporte público".

Además, ayer 7 Juntas de Vecinos de San Pedro de la Paz se comprometieron a marchar por el Puente Llacolén en apoyo a esta manifestación, sumándose al recorrido que se realizará por el centro de Concepción.

Luego de un mes desde que se reformalizó a Jorge Escobar Escobar por el delito de abandono en lugar solitario con resultado de muerte del menor Tomás Bravo en Arauco, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo en contra de la jueza Perla Roa, del Juzgado de Garantía de Arauco.

El jefe de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío, Cristian Sleman, explicó que "hemos presentado una acción de amparo en favor de nuestro representado, don Jorge Escobar, solicitando se anule la última formalización, ya que a nuestro juicio aquello resulta ilegal y arbitraria, ya que los mismos hechos fueron investigados por el Ministerio Público, encontrándose dicha investigación vencida y cerrada".

Cabe recordar que el imputado fue formalizado en 2021 por el delito de homicidio del menor que fue encontrado sin vida luego de una intensa búsqueda que se extendió por dos semanas y que conmocionó al país. Hace unos meses esa indagatoria se agotó sin avanzar hacia una acusación y eventual inicio de juicio.

En este contexto la Fiscalía, que mantiene la investigación bajo reserva, separó en dos aristas el caso, una que persigue el delito de homicidio con varios sujetos de interés y otra sobre el abandono del menor, para lo cual Escobar fue formalizado el 12 de julio, fijando un plazo de 45 días para el cierre de la indagatoria.

El defensor, agregó que todos estos procesos que mantienen al imputado en esa calidad por hechos ya investigados vulnera gravemente los derechos fundamentales de su representado, por lo que esperan que la Corte de Apelaciones de Concepción analice y resuelva a favor de Escobar Escobar.