Días difíciles para toda la Región
Una semana difícil, tal vez la más difícil del último mes, es la que han tenido que enfrentar los habitantes de la Región del Biobío, con las miradas de todo el país puestas en las investigaciones que lleva la Fiscalía Regional en la zona por el denominado caso Convenios, que desde hace poco más de un mes suma denuncias respecto de la entrega de asignaciones directas a fundaciones y ONG para proyectos de los más diversos ámbitos.
Sin duda, se trata de una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la institucionalidad local, especialmente por el uso de los recursos estatales y los antecedentes que han ido surgiendo en el proceso de investigación de los casos. Es importante tener presente que el Ministerio Público inició, de oficio, tres investigaciones por traspasos directos de fondos a las fundaciones En Ti, Horizonte Ciudadano y ONG Red Cultivarte, decisión que fue argumentada por la posible existencia de irregularidades y, por lo tanto, delitos en cada uno de los casos incluidos.
Las indagaciones están a cargo de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Biobío, que se encarga de aquellos casos con características de corrupción, delitos económicos y crimen organizado, entre otros. Además, desde el Gobierno Regional se confirmó el inicio de una investigación sumaria al actuar de funcionarios en estas denuncias, a cargo del jefe de división Iván Valenzuela, y el Consejo Regional sesionará de forma extraordinaria durante la próxima semana con el fin de conocer los antecedentes que rodean los convenios cuestionados.
Las acciones fiscalizadoras suman y siguen, en medio también de una serie de denuncias realizadas desde distintos frentes políticos, que muchas veces tienen fundamentos claros, pero en otros casos es difícil llegar a comprender cuáles es el verdadero objetivo de los antecedentes que se entregan a la opinión pública. En la búsqueda de protagonismo y de imagen pública, muchas veces se toman decisiones al calor de las declaraciones y de datos no confirmados, lo que no sólo genera una mayor complejidad a la situación que ya es difícil per se, si no que además afecta directamente a quien se encargó de difundir hechos sin fundamentos veraces.
Diferente es la situación de quienes optan por realizar afirmaciones sin tener todos los antecedentes a la vista y que provocan que, una vez más, la instalación de la desconfianza gane terreno, ya que la actual situación de crisis sólo verá algún tipo de resultado al término de los diligencias judiciales o, derechamente, cuando se determinen y asuman también las responsabilidades políticas.
Uno de los hechos menos considerados en los últimos días por los distintos actores políticos, pero tal vez de los más relevantes, es el flaco favor que este tipo de situaciones hace a la Región y a sus habitantes, meros expectadores de una seguidilla de acciones que están dejando consecuencias, una de ellas la desconfianza.
De hecho, es relevante preguntarse cómo se lograrán llevar adelante temas que son centrales en la gestión local, como la definición del presupuesto regional -que requiere recursos públicos- o el avance de la Estrategia Regional de Desarrollo, entre otros, en medio de las dificultades generadas por el actual momento.
En el caso del Consejo Regional, la gestión de sus integrantes durante los dos últimos años ha estado marcado por un consenso mayoritario a la hora de aprobar proyectos o realizar el trabajo de cada una de las 21 comisiones en que dividen la labor normativa y fiscalizadora.
Prácticamente, la totalidad de las iniciativas propuestas por el gobernador Rodrigo Díaz, que define y prioriza los temas a tratar en las sesiones, han sido aprobadas por mayoría total o, al menos, amplia. Sin embargo, ese clima de trabajo enfocado en los temas urgentes y criterios compartidos más allá de la tendencia política pareciera haberse quebrado en las últimas semanas con la escalada del caso Convenios, y la profundización de las diferencias al interior del órgano colegiado.
Las medidas para la transparencia anunciadas por el Gobierno Regional son una buena señal, pero sólo pueden ser consideradas a corto plazo para las gestiones futuras, por lo tanto no es posible que disminuyan el impacto de la situación actual, que sólo se podrá superar cuando haya definiciones. Por otra parte, los consejeros regionales deben cumplir con su rol fiscalizador, pero sin descuidar la labor que requiere la Región, en la búsqueda de iniciativas y avances que ayuden a quienes han sido víctimas de emergencias complejas durante este año, como los incendios forestales y las inundaciones, así como también impulsen la reactivación económica tan necesaria para empresas y pymes.
El aporte a la ciudadanía sigue siendo central, no es recomendable descuidarlo, no sólo porque implica dejar de cumplir con el servicio público al que las autoridades han sido llamadas, sino también porque de quienes hoy ejercen esos cargos depende la confianza y credibilidad de quienes serán los próximos en detentarlos.
Uno de los hechos menos considerados en los últimos días por los distintos actores políticos, pero tal vez de los más relevantes, es el flaco favor que este tipo de situaciones hace a la Región y a sus habitantes, meros expectadores de una seguidilla de acciones que están dejando consecuencias, una de ellas la desconfianza.