Por Efe

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró ayer no culpable en el caso penal que los juristas apuntan como el más importante contra él: el de sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que culminaron en el asalto al Capitolio.

Trump, de 77 años, compareció ante la jueza Moxila Upadhyaya, del tribunal federal del Distrito de Columbia, donde se ubica Washington, para la lectura de cuatro cargos que pesan contra él, tras haber sido imputado por un gran jurado hace dos días.

Las acusaciones son conspirar para defraudar a EE.UU., conspirar para obstruir un procedimiento oficial, obstruir e intentar obstruir un procedimiento oficial y conspirar contra derechos.

Por la primera le podría caer una pena máxima de cinco años de cárcel, por la segunda y la tercera veinte años de prisión, respectivamente, y por la cuarta, diez años.

"Del cargo uno al cuatro, ¿cómo se declara el señor Trump?", dijo la jueza, según los periodistas que se encontraban en el interior de la sala, a lo que el exmandatario elevó su cabeza y contestó "no culpable".

Al final de la sesión, que duró menos de 30 minutos, la magistrada aceptó dejar libre al expresidente tras marcar las condiciones para su liberación, y fijó la siguiente audiencia para el 28 de agosto.

La jueza había ofrecido tres fechas distintas y la defensa de Trump optó por la más tardía, en el marco de su estrategia para retrasar este proceso lo máximo posible, pese a la intención del fiscal especial Jack Smith de que sea un juicio rápido.

Upadhyaya explicó que la magistrada que se encargará del proceso, Tanya Chutkan, nominada por Barack Obama y que ha presidido varios casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, está dispuesta a permitir que Trump no tenga que comparecer en la vista del 28 de agosto si él así lo desea.

Antes de abandonar el juzgado, Trump tuvo que aceptar una serie de condiciones, impuestas por la jueza y acordadas por las partes litigantes, para seguir en libertad, como no violar la ley federal o estatal, aparecer en la corte cuando se le requiera y no comunicarse con los testigos a menos que sea a través de sus abogados o en presencia de ellos.

Durante la sesión, Trump estuvo sentado en la sala junto a sus abogados, John Lauro y Todd Blanche, y a unos pocos metros de Smith, que ha liderado la investigación contra él en este caso y en la causa por los documentos clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago, Florida.

Fuera del juzgado E. Barrett Prettyman, sede de la corte, cientos de periodistas, seguidores y detractores de Donald Trump estaban agolpados frente al perímetro de seguridad del edificio, muy próximo al Capitolio.

El exgobernante está imputado en esta causa por los sucesos ocurridos entre las elecciones del 3 de noviembre de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y después del 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio mientras se celebraba una sesión de las dos cámaras del Congreso para ratificar la victoria de su contrincante.

Después de la comparecencia de este jueves, Trump se retiró en un vehículo negro y en cápsula en dirección al aeropuerto Ronald Reagan, en las afueras de la capital, para tomar su avión privado, el Trump Force One, en dirección a Nueva Jersey, donde tiene un club de golf en Bedminster.

"persecución política"

Antes de partir, el expresidente afirmó en breves declaraciones a la prensa a pie de pista que lo que le está pasando es "una persecución de un oponente político. Se supone que esto nunca tendría que haber pasado en Estados Unidos".

Con semblante contrariado, denunció que se le está persiguiendo por liderar los sondeos para las primarias republicanas del próximo año, en las que se elegirá al candidato de su partido para los comicios presidenciales de noviembre de 2024, y por estar por delante del presidente Joe Biden en las encuestas.

Aseguró que para él ha sido "un día muy triste" y que le ha resultado también "muy triste" venir a Washington y ver "la suciedad y la decadencia, y todos los edificios y muros dañados, con grafiti...".

"Este no es el sitio que yo dejé", apuntó el expresidente.

Antes de comparecer con la jueza, acusó en su red social, Truth, que "¡es de esperar que el último 'caso' Falso presentado por el Corrupto Joe Biden y el Trastornado Jack Smith sea trasladado a un Lugar imparcial, como el cercano Estado políticamente imparcial de Virginia Occidental!".

"IMPOSIBLE tener un juicio justo en Washington DC, que es 95% antiTrump, por lo que he pedido una TOMA DE CONTROL Federal para devolver la Grandeza a nuestra Capital", agregó.

Esta es la tercera imputación penal de Trump, que este año ha sido acusado también en Nueva York por un supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels -con la que mantuvo un "affaire" en el pasado- durante la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio, y en Florida por llevarse y mantener ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados de la Casa Blanca.

Aspiración presidencial

Ser el primer expresidente acusado penalmente en la historia de Estados Unidos, en principio, no afectaría a su carrera hacia la Casa Blanca en 2024, porque no hay ninguna legislación que le impida concurrir, incluso si termina entre rejas.

De hecho, existe el precedente del socialista Eugene Debs, quien se presentó a los comicios en 1920 y obtuvo casi un millón de votos mientras estaba en una cárcel en Atlanta tras haber sido condenado por sedición en 1918 por protestar por la implicación de EE.UU. en la I Guerra Mundial.

La ley no impide a Trump ser candidato presidencial desde la cárcel, con lo que podría ganar e incluso jurar el cargo de presidente. Lo que podría hacer después es una incógnita, quizás intentaría indultarse a sí mismo, como ha aventurado algún que otro experto en jurisprudencia estos días.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió, y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró a la campaña electoral de 2022 del hoy jefe de Estado, quien de inmediato quedó en el ojo de una tormenta política que cuestiona la legitimidad de su mandato.

Así lo informó el fiscal del caso, Mario Burgos, quien dijo en una audiencia pública que, como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, Petro Burgos "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre "hechos que conoce y son de preocupación para el país".

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó el fiscal.

Según el fiscal, en el acuerdo de colaboración Petro Burgos "corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía" sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos "que fueron respaldados con suficientes pruebas legalmente obtenidas".

El también diputado de 37 años admitió "que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra", un narcotraficante conocido como "el hombre Marlboro", como reveló a la prensa en marzo pasado su exesposa, Daysuris Vásquez, también detenida y procesada por lavado de activos y violación de datos personales, siempre según el fiscal.

Dinero del "turco"

Nicolás Petro también dijo haber recibido dinero de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, y de "Óscar Camacho, empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta".

"Una parte de este dinero fue utilizado por el mismo Nicolás Petro Burgos y su esposa (de entonces) para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y poder blanquear los dineros. Otra parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022", agregó el fiscal Burgos.

El persecutor dijo también que Nicolás Petro dio información "acerca de la financiamiento de la pasada campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales".

Cuestionamientos

Políticos de diferente signo cuestionaron inmediatamente la legitimidad del Gobierno.

Uno de los primeros en reaccionar fue el excandidato presidencial derechista Federico Gutiérrez, quien manifestó: "Si el Presidente Gustavo Petro sabía del ingreso de dineros sucios a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, la justicia debe ir hasta la profundidad de ese hecho".

El senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como "Jota Pe Hernández", fue más allá y dijo que acusará ante la Comisión de Investigación y Acusación al jefe de Estado.

El expresidente Andrés Pastrana, férreo crítico de Petro, aseguró que "debe enfrentar ya mismo lo que pone en entredicho la legitimidad de su mandato".

Una de las críticas más sorpresivas fue la del influencer Levy Rincón, uno de los impulsores de la candidatura de Petro en redes sociales: "Si Nicolás Petro tiene las pruebas de esa entrada de dinero ilegal a la campaña, así Gustavo Petro supiera o no, tiene que renunciar".