Por Redacción

Casi cinco meses después de que la Cámara de Diputados rechazara tramitar la reforma tributaria presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric el 8 de marzo pasado, el Mandatario dio a conocer el nuevo proyecto que busca aumentar la recaudación para financiar temas como las mejoras en las pensiones, salud y seguridad ciudadana, bajo el nombre de "Pacto Fiscal".

El nuevo plan, que fue trabajado desde que el jefe de Estado anunció que insistiría en el tema tributario en su cuenta pública del 1 de junio, fue elaborado tras conversaciones y diálogos con diversos actores económicos, políticos y sociales, con quienes el ministro de Hacienda, Mario Marcel sostuvo un total de 32 reuniones. Pese a la transversalidad que pretendía el Ejecutivo, de inmediato surgieron críticas al proyecto desde la oposición, aunque también hubo quienes ene lo valoraron positivamente.

En una cadena nacional inédita, en plena mañana, Boric anunció que no insistiría con la reforma tributaria rechazada a través del Senado, donde requería la aprobación de 2/3 de sus integrantes -pese a que dos meses antes había anunciado que ese sería el camino a seguir-, porque "hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Ustedes saben bien quiénes son".

Los seis puntos

"Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes, los que por su magnitud, no pueden absorbidos con los recursos que actualmente tenemos disponibles", dijo Boric.

En total, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media. Todo para recaudar 8.000 millones de dólares.

Se trata de seis ejes. El primero se es "principios para un sistema tributario moderno en Chile. Queremos un sistema moderno, justo, eficiente, que entregue garantías a todos de cómo se usan los impuestos. Que dé certeza de que los que tienen más, pagarán más y que los inescrupulosos no tendrán facilidad para eludir ni evadir impuestos".

El segundo punto tiene que ver con "las prioridades del gasto en favor de los chilenos y chilenas. No se trata de gastar por gastar; tenemos prioridades y urgencias ciudadanas por financiar" (ver nota aparte).

En tercer lugar, el mandatario expuso que "para obtener los recursos necesarios proponemos el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. El pacto fiscal requiere no sólo un esfuerzo por generar los recursos adicionales requeridos, sino responder a la demanda ciudadana por un sistema tributario que sea ético, justo, que apoye a quienes quieren cumplir con sus obligaciones y exija más a quienes tienen más".

"En cuarto lugar, vamos a empujar con fuerza el crecimiento a través de la inversión, productividad y la formalización de la economía. Daremos un nuevo impulso al crecimiento sostenido y sostenible de la economía a través de más de 38 iniciativas ligadas a la inversión, el aumento de productividad y la reducción de la informalidad", acotó el Mandatario.

Un quinto ámbito apunta a "avanzar en reformas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la calidad de la entrega de servicios que ofrece el Estado. Destacan la consolidación de la evaluación de programas públicos coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a organizaciones de la sociedad civil".

Como último aspecto, Boric precisó que "el pacto fiscal incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos que se asuman, de modo de tener la seguridad de que las cosas se hagan a tiempo, se hagan bien".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó algunos de los detalles que tendrá la implementación del Pacto Fiscal anunciado ayer y de inmediato afirmó que no habrá impuesto al patrimonio en esta propuesta.

"Hemos resuelto focalizarnos en el impuesto a la renta, que es donde tenemos la mayor brecha de recaudación, y es donde se juega la progresividad del sistema tributario. No vamos a tener aumento de impuestos a empresas. Los aumentos de recaudación están concentrados en las personas de altos ingresos", aseguró Marcel.

Entre otras cosas, mencionó que las prioridades para el gasto de los recursos que se obtendrían de aprobarse este proyecto, que busca recaudar 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), son el aumento de las pensiones de los adultos mayores, llevando la PGU a $250.000 mensuales. Solo esto se llevaría casi la mitad: 1,2%.

Otra prioridad es la reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, que llevaría a que Salud se lleve otro 0,9% del PIB. Y la tercera gran prioridad es incrementar en 1.500 millones de dólares la inversión en seguridad ciudadana, 0,3% del PIB.

También fue enfático en afirmar que "el Gobierno no tiene propósitos de saltarse la institucionalidad" de los plazos establecidos por la Constitución para presentación de proyectos. Por ello explicó que el nuevo pacto fiscal tendrá tres fases.

La primera durará hasta septiembre y el objetivo es convocar a los distintos actores políticos, económicos y sociales para preparar los primeros proyectos del pacto fiscal: la norma sobre fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Entre octubre y diciembre, se formará una comisión de implementación e ingresarán también los proyectos priorizados, como el de fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias. Y también comenzará la preparación de la norma sobre el impuesto a la renta.

Ya entre marzo y mayo de 2024, cuando se haya cumplido un año del rechazo a la reforma tributaria, se implementará la última fase con el ingreso del proyecto de ley sobre reforma al impuesto a la renta y otros.

En el lenguaje legal se denomina situación de flagrancia a aquella que se configura, en términos generales, mientras se está perpetrando un delito. Así, por ejemplo, si la ocupación de un terreno ajeno está ahora mismo ocurriendo, entonces se dice que el caso es flagrante.

El concepto tiene la máxima relevancia puesto que en casos de delitos flagrantes -y la usurpación de un inmueble ajeno es delito- la policía puede actuar, impidiendo, mediante el uso de la fuerza legítima, que el delito se consume o su resultado se alcance.

Pero la flagrancia por definición es temporal y es breve. De esta manera luego de algunas horas de ocupado un terreno ajeno la flagrancia ya no existe, la fuerza pública es impotente y el caso debe ser examinado y resuelto bajo las reglas del derecho común. Esto significa que debe iniciarse un proceso penal (y la fiscalía podría considerar que el asunto es de difícil prueba y desecharlo) o un juicio civil. En este último caso hay varias alternativas, desde un juicio de reivindicación que tiene por objeto recuperar la posesión que ha sido arrebatada (para lo cual hay que probar el dominio) o un juicio de precario (para lo que basta probar posesión).

Todas esas alternativas suponen, desde luego, un largo tiempo y altos costos de abogados y del tiempo invertido en todo ello.

¿Qué puede explicar que cuando alguien ve que su propiedad es invadida, deba recurrir a la justicia y resignarse a un largo juicio?

La explicación en la historia del derecho es variada y vale la pena recordarla brevemente. Una justificación la formuló Ihering, un famoso jurista alemán del diecinueve cuyas opiniones todavía se enseñan en las escuelas de derecho. Lo que ocurre, dijo Ihering, es que cuando alguien tiene en su poder una cosa estamos en presencia de una imagen del dominio (imago domini). Y entonces el derecho lo protege para proteger la propiedad. Es una paradoja, desde luego: se protege a quien detenta una cosa contra el propietario para proteger la institución del dominio. Otra explicación la dio Savigny, en la misma época. Se protege a quien tiene una cosa sin ser dueño para evitar que la violencia se enseñoree de la vida social como ocurriría si el propietario estuviere autorizado a expulsar al intruso por si mismo.

Lo anterior viene a cuento porque en la noche del lunes se despachó parte de un proyecto de ley que establece la flagrancia permanente.

El proyecto, impulsado por el diputado Alessandri, dispone que los casos de ocupaciones de terrenos, v.gr., la toma de un terreno o un fundo o un sitio, deben ser considerados casos flagrantes, es decir, casos en los que el acto ilegal se está actualmente cometiendo. De esa manera el estado podría ser requerido para emplear la fuerza pública contra los ocupantes, liberando así al propietario de la carga de iniciar un juicio largo y costoso para iniciar el desalojo.

Así concebido (y despojado de otros aspectos peligrosos como el de conceder el derecho a legítima defensa privilegiada al propietario, algo que podría alentar los enfrentamientos o la justicia por propia mano) el proyecto es valioso porque, a fin de cuentas, obligará al estado a proveer los medios suficientes para evitar las ocupaciones ilícitas, frecuentes, por ejemplo, en el sur.

¿Y si el estado no cuenta con los medios, por ejemplo, porque carece de personal suficiente?

En ese caso deberá procurárselos, lo que significa que los costes de incumplir la ley se trasladarán desde el propietario que hoy los soporta (al tener que financiar un juicio largo) a todos los contribuyentes puesto que el estado deberá recurrir a las rentas generales (recaudadas mediante impuestos) para hacer respetar la ley.

Y eso es correcto puesto que en casos como este se protege no al propietario, sino la vigencia de las instituciones.

Carlos Peña