Caso Convenios: visan auditoría externa a Gore Biobío y ajustarán criterio de revisión de proyectos
A la luz de nuevos cuestionamientos a traspasos, se anunció también que todos los convenios a fundaciones deberán contar con la aprobación del Core, incluidos aquellos menores a 7 mil UTM.
Días complejos son los que vive el Gobierno Regional, a un mes de que saltara a la opinión pública el Caso Convenios en Antofagasta y se conocieran las primeras esquirlas en el Biobío.
A las tres inv estigaciones que realiza actualmente la Fiscalía Regional sobre traspasos a fundaciones, y una querella por fraude al Fisco y cohecho en contra de una funcionaria del Gore, se suman nuevos antecedentes informados en un reportaje de Canal 13, donde se afirma la existencia la entrega de recursos a dos fundaciones integradas por las mismas personas, y el pago a funcionarios que no figuraban en la planilla vía Transparencia, por medio de fundaciones.
En ese contexto, el Consejo Regional ha adoptado una serie de medidas para conocer a fondo el detalle y las circunstancias en que se han asignado $88 mil millones a fundaciones y organizaciones desde mediados de 2021.
La última de ellas corresponde a una auditoría externa que fue visada en la sesión ordinaria de ayer -es mandatada por ley una vez al año- y que examinará al detalle las asignaciones de los últimos dos años.
A ella se sumarán al menos diez medidas que tomará por iniciativa propia el Gobierno Regional -informadas en la comisión de Ética suspendida el miércoles- entre ellas que todos los proyectos serán visados por el consejo, incluidos aquellas superiores a 7 mil UTM.
Sobre estas medidas, el gobernador Rodrigo Díaz indicó en el pleno que "hace rato instruimos auditorías respecto a distintos procesos, entre ellas las reclamadas por la Contraloría y el Ministerio Público. Lo último que se conoció fue informado debidamente a la Fiscalía, y hay auditorías que se están realizando".
"Si vemos alguna evidencia de situaciones anómalas, administrativamente o penal, hacemos las acciones que corresponden. Por ello, ya hemos cursado querellas, y otra cosa son las responsabilidades políticas", añadió.
Auditoría externa
El presidente de la comisión de Presupuesto, Andrés Parra (PS) valoró la medida aprobada en la comisión de Gobierno la mañana de ayer -en una tensa sesión, que terminó con cuestionamientos personales a algunos consejeros como Marcela Tiznado (UDI)- y ratificada por el pleno, apuntando a que "es clave conocer el comportamiento de los programas, considerando que la Ley de Presupuesto establece glosas presupuestarias que permiten que los gobiernos regionales lleguen a convenios con fundaciones sin fines de lucro, y por eso tenemos estos convenios y programas en ejecución. Nos interesa que se haga en el corto plazo, ya que tenemos un problema de fe pública, con un mando de dudas que queremos que se aclare para que la comunidad pueda tener claridad de que este instrumento no busca generar acciones ilegales, sino llegar más rápido con los beneficios a la comunidad".
El presidente de la comisión de Fomento Productivo, Rodrigo Vera (Ind.) en tanto, dijo que "se deben dar señales claras, por un lado, con la auditoría externa se verá a quien se le entregaron y como se utilizaron los montos. Por otro lado, hay que dar una señal de transparencia clara para despejar el manto de dudas, con tiempos breves y caiga quien caiga".
La consejera Camila Arriagada (Igualdad) manifestó en la sesión que "la auditoría externa aprobada no es una medida promovida por el Ejecutivo, sino que el Consejo Regional en su labor fiscalizadora es quien puede solicitar esa acción, de revisar los traspasos a fundaciones y corporaciones. No tenemos toda la información a la vista para hacer un análisis exhaustivo de cómo se han distribuido los fondos".
Cambio de estándares
Durante la presentación del trabajo de las comisiones, la consejera Teresa Stark (Ind.) detalló que en la comisión de Ética -que ella preside- el administrador regional Rodrigo Martínez informó una serie de medidas que se adoptarán desde el propio Gobierno Regional para aumentar los estándares de fiscalización, y que ya habían sido adelantadas en el pleno anterior.
"Se indicó que las medidas se dividen en tres ámbitos, y consideran la creación de la unidad de Análisis, Control y Fiscalización de Programas "Glosas Comunes", para asegurar la legalidad de cada uno de los procedimientos (...) implementación desde mayo y una ampliación para una auditoría a todos los programas desde 2018, independiente si sean de asignación directa o no", detalló, junto con señalar que "se actualizarán los manuales e instructivos internos para postular a los programas, abrir una gestión con Contraloría para que desde 2024 todos los programas sean rendidos en línea y todos los programas deban ser aprobados por el Gobierno Regional".
El gobernador Rodrigo Díaz dijo que "hay varias medidas relevantes que ya estamos impulsando, entre ellas la contratación de un asesor externo en esa materia, que nos preste un servicio, debido a los condicionamientos de la Ley de Presupuestos. Se están tomando medidas como ya lo señalamos".
88 mil millones de pesos son los que el Gobierno Regional ha traspasado a fundaciones y corporaciones desde 2021