Por Karlyng Silva Leal

A ocho meses de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores, las comunas de Concepción, Talcahuano, Coronel y Los Ángeles concentran la mayor cantidad de inscritos por no pago de pensiones de alimentos.

Así lo indica el último informe elaborado por el Registro Civil, y ante lo cual autoridades apuntan a que los afectados, principalmente mujeres, han retomado causas abandonadas o bien han iniciado nuevos procesos para obtener los beneficios correspondientes.

Según datos del Registro Civil, a la fecha ya se reportan 11.606 morosos en Biobío, los cuales suman una deuda superior a los $7.300 millones.

Actualmente, 3.968 corresponden a Concepción; 2.610 a Talcahuano; 1.943 a Coronel; y 1.028 a Los Ángeles, siendo las comunas con la mayor cantidad de inscritos. Por otra parte, en la zona el 97,07% de los deudores de pensiones son hombres, es decir 11.266, siendo un 2,93% (340) mujeres.

Cabe recordar que el Registro electrónico de deudores contiene a todas aquellas personas que están obligadas a pagar una o varias pensiones de alimentos y que actualmente se encuentran en estado de morosidad durante tres meses consecutivos o 5 meses discontinuos.

De esta forma cada mes, ya sea de oficio o petición de una de las partes del proceso, el tribunal competente ordena al Registro Civil inscribir a la persona que adeuda una pensión junto con la liquidación de la deuda. En este punto la ley que establece el registro nacional crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones, mientras que la ley de responsabilidad parental establece mecanismos de pago efectivo de estas pensiones.

Responsabilidad PARENTAL

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Lorena Segura destacó que la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental en Mayo de este año y el Registro Nacional, permite establecer los derechos al cuidado, a la pensión de alimentos bajo criterios de dignidad y justicia para que el trabajo de persecución de los fondos no descanse en los demandantes, que en su mayoría son mujeres.

"Esta práctica es una de las tantas formas en que se ejerce violencia contra las mujeres, ya que no solo deben estar preocupadas y ocupadas de llevar sus hogares y la crianza de los niños y niñas, sino que también deben estar pendientes de cómo van estos procesos en tribunales".

Por su parte, la seremi de Justicia, Claudia Soto, indicó que la entrada en vigencia de estas leyes han tenido una buena recepción por parte de las usuarias y que ha demostrado ser un mecanismo eficiente para regular el pago de pensiones.

"En nuestra región, por ejemplo, en solo casi dos meses, los casos de deudores inscritos han subido en más de 4 mil, lo cual significa que esta medida y su difusión ha sido bien recepcionada por la comunidad", agregó.

Apoyo gratuito de la ca

Sandra Bujes, coordinadora regional de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, comentó que a la fecha las atenciones que prestan han demostrado un aumento en temas asociados a pensiones alimenticias.

"Mucha gente está activando causas que son antiquísimas, que estaban paralizadas, porque no lograron ningún resultado y era un desgaste emocional y de tiempo para las personas seguir insistiendo; ahora pueden continuar por las nuevas herramientas que incorporan el Registro Nacional de Deudores y la ley que establece un procedimiento más efectivo del pago de la pensión propiamente tal", comentó Bujes.

De esta forma, de las 8.551 atenciones sobre orientación e información , cerca de 1.580 tienen relación con cumplimiento de pagos; en el caso de las soluciones colaborativas o acuerdos entre las partes han apoyado el ingreso de 42 casos; mientras que de los 2.200 patrocinios judiciales, es decir, causas ingresadas a tribunales, ya contabilizan 400 por cumplimiento de alimentos.

97% de los deudores de pensiones de alimentos son hombres y casi un 3% son mujeres en la Región del Biobío

La Corporación de Asistencia Judicial mantiene activa una línea de promoción, difusión y prevención, en la que los consultorios realizan charlas en materia de alimentos que permitan a distintos sectores y su población conocer las herramientas que otorgan las leyes asociadas a esta materia.

De esta forma, luego pueden acercarse a las oficinas de la corporación y solicitar el patrocinio judicial gratuito, al cual pueden ingresar de forma directa si están en o bajo el quinto decil del Registro Social de Hogares y, de lo contrario, se evalúa el caso.

Hasta la Fiscalía Regional llegó la encargada Jurídica del Gobierno Regional del Biobío, Karen Flores, con el objetivo de presentar una querella por presunto fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho en contra de una funcionaria acusada de un posible desvío de fondos.

La denuncia se conoció en las últimas semanas y se informó que dicha trabajadora se encuentra fuera de sus funciones.

"El pasado jueves presentamos una querella contra todos quienes resulten responsables, inserta dentro de una investigación que iniciamos nosotros donde detectamos irregularidades que nos parecen gravísimas", dijo, junto con señalar que "la funcionaria, que actualmente se encuentra en un sumario, oficiaba la labor de una contraparte técnica en un programa desarrollado por la Fundación Mi Hogar Asuncionista, que contempla la supervigilancia de la ejecución de la inversión y que también cumplía en otros programas que están cuestionados mediáticamente y la Fiscalía investiga de oficio".

Flores puso el énfasis en que "no podemos hacer vista gorda respecto a estas eventuales irregularidades. Instruimos esta investigación que es de larga data, partió en marzo por parte de una denuncia informal de otra funcionaria. Luego, se hizo una auditoría que arrojó hallazgos importantes, para luego instruir un sumario administrativo que sigue en curso".

Además, la abogada del Gobierno Regional manifestó que "este sumario actualmente se encuentra en curso, por lo tanto, su carácter es reservado, tanto para los intervinientes y para nosotros mismos. No obstante, no quisimos dejar pasar estos hechos que son de una relevancia importante. Nuestra posición siempre ha sido de una total transparencia y probidad en la ejecución de nuestra labor".

En días anteriores, el gobernador Rodrigo Díaz se había referido a los alcances de la investigación interna, que desembocó en la querella, e incluso reveló que la defensa de la funcionaria buscó llegar a un acuerdo.

"Hace algunas semanas, hice una denuncia ante el Ministerio Público respecto a una persona que trabaja con nosotros, donde llegué a la convicción de que había cometido un hecho ilícito. La representación de esa persona me propuso que se le echara tierra a esto, y preferí estar en la situación que estoy hoy, porque no corresponde que sea extorsionado ni que cumpla con mi deber legal como funcionario.

La acusación apunta a que la funcionaria habría

desviado recursos en el marco de un proyecto en el que era contraparte técnica.

El diputado por el distrito 20, Roberto Arroyo anunció este jueves su incorporación al Partido Social Cristiano (PSC), luego de varios meses como independiente tras dejar el Partido de la Gente.

"Me encontraba en una situación de independencia política, y uno no puede estar solo en esto. Encontré un partido que me representa, que defiende los valores cristianos y otros transversales en nuestra sociedad", dijo en su presentación junto con destacar que el partido es uno "pujante, inscrito en siete regiones y creemos que frente a la crisis de probidad y falta de transparencia, el Partido Social Cristiano puede ser una tremenda oportunidad de elección para la gente".

Además, Arroyo dijo que "queremos ser el partido que defienda los valores cristianos, no solo religiosos, sino representativos de la gente. Mucha es creyente, y queremos mantener esos valores, y defenderlos en la Cámara de Diputados".

Sobre la situación política actual, el legislador planteo que "nuestro país se ha polarizado mucho estos años, y nosotros no queremos eso. La sociedad no es así, al contrario, los inscritos en partidos políticos no alcanzan el 3%, y la gente quiere llegar a fin de mes, con buenas pensiones y mayor seguridad. Queremos apuntar a una mirada futurista, y no quedarnos en esta política de bloques".