Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

La relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y entidades del Estado está bajo la lupa a raíz de irregularidades que remecieron a la política nacional en el marco del denominado Caso Convenios. Fundaciones y corporaciones son hoy también objeto de un proceso de mejora que busca ser impulsado por un grupo de expertos. A inicios de julio, el Presidente Gabriel Boric informó que dicho espacio operará bajo cuatro principios: transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas. El comité liderado por María Jaraquemada deberá hacer propuestas en un plazo máximo de 45 días para mejorar desde ya la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Manuel Barría, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, reconoce que aún faltan aspectos por regular. "No están tan regulados, por ejemplo, elementos de fiscalización, porque la fiscalización se le entrega al Ministerio de Justicia, pero hay que comprender que, por una razón casi lógica, la cartera no tiene fuerza suficiente para realizar un control sobre todas las personas jurídicas que no persigan fines de lucro", precisa. En tanto, el coordinador académico de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Carlos Guazzini, coincide en que falta control en un aspecto relevante, "pues hay órganos públicos que se preocupan mucho de la ejecución de recursos para que nadie diga que subejecutaron y porque hay un estímulo bien perverso que hace que terminen gastando la plata en cualquier cosa o transfiriendo sin resguardo (…) Hay una segunda parte que tiene que ver con la rendición de cuentas, y ahí no se hinca mucho el diente".