El correcto rol de la Fiscalía Regional
En diez días, la Fiscalía Regional de Biobío inició un total de cuatro investigaciones locales por el denominado caso Convenios, luego de que se conocieran antecedentes que atañen tanto al Gobierno Regional y a la Delegación Presidencial Regional en convenios con organizaciones sin fines de lucro que suman un total de $2.088 millones en traspasos de recursos.
El pasado 4 de julio el órgano persecutor confirmó a través de un comunicado que inició dos investigaciones mediante las cuales se buscará esclarecer la posible existencia de delitos en la transferencia de recursos públicos a la fundación Urbanismo Social, por parte del Serviu, y a la ONG Red Cultivarte, por parte del Gobierno Regional. Luego, esta semana, se sumaron dos nuevas indagaciones, también por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos a las fundaciones En Ti y Horizonte Ciudadano, beneficiarias con $250 millones y $379 millones respectivamente, en ambos casos por parte del Gobierno Regional.
Desde el Ministerio Público se precisó que todas estas diligencias estarán a cargo de la Unidad de Alta Complejidad de esta Fiscalía Regional de Biobío, así como también todas ellas fueron iniciadas de oficio, es decir, por iniciativa propia, considerando la posibilidad de que las denuncias realizadas por distintos sectores revelen, efectivamente, que hay delitos cometidos por quienes autorizaron o fueron parte de estas asignaciones.
La sola actuación de la Fiscalía Regional en estos casos, que tienen su origen en las repercusiones del caso iniciado por las denuncias en contra de la Fundación Democracia Viva, en Antofagasta, tiene un profundo valor no sólo desde el punto de vista de las investigaciones, sino también por lo que implica la señal dada. La repetida frase sobre las instituciones que funcionan puede ser aplicada en este caso, que el Ministerio Público dio el paso de iniciar las investigaciones correspondientes y, con ello, abrió la opción de confiar en que las denuncias podrán ser esclarecidas.
Además, que las diligencias correspondientes estén a cargo de la Unidad de Alta Complejidad abre también la expectativa de un trabajo riguroso, tal como lo ha demostrado en otras ocasiones la misma entidad, y de necesaria dedicación para los casos que han abierto no solo el debate entre sectores políticos, sino también a nivel de la ciudadanía en general.
Por otra parte, hay que destacar la actitud demostrada por las distintas autoridades de los organismos denunciados e investigados, que han insistido en recalcar que entregarán todos los antecedentes necesarios para que se realice una investigación a fondo, así como también han entendido que el cuestionamiento público que se están realizando puede ir más allá de lo meramente político.
La confianza en las instituciones y la percepción de que realizan su trabajo de manera correcta están íntimamente ligadas a la demostración de que están dispuestas a someterse a la transparencia al momento en que son cuestionadas sus acciones. Por ello, la buena voluntad de cooperar al quedar en entredicho y la ausencia de excesivas explicaciones son muy necesarias para entender que se busca una forma de subsanar el conflicto sin necesidad de generar todavía mayor daño.
En este sentido, las palabras de la delegada Daniela Dresdner son valorables, cuando planteó que "desde nuestro Gobierno, hemos dicho siempre que aquí corresponde transparencia absoluta en los casos de corrupción. Hemos tomado las acciones para demostrarlo, y cuando se ha probado que ha habido errores administrativos, políticos o de otra índole, se han tomado las medidas correspondientes y a las personas se les ha pedido la renuncia".
Así también lo señalado por el gobernador regional Rodrigo Díaz, quien afirmó que "viene un trabajo intenso que se hará en las próximas semanas porque a la presentación general de antecedentes, se entrará al análisis en particular y cuatro entidades serán parte de una revisión particular. Espero que, al término del proceso, tengamos acuerdo y voto favorable de la propuesta de elevación de estándares de trabajo, para aún ser más estrictos en el gasto y uso de recursos regionales".
Respecto de los cuestionamientos, por ahora queda esperar el avance de las investigaciones de la Fiscalía Regional, así como también el seguimiento a las diligencias y posibles declaraciones que deban cumplir quienes sean llamados a ser parte de los procesos correspondientes. Así también deberá hacerlo Contraloría, que avanza en la recopilación de antecedentes para la revisión total de las actuaciones realizadas por las distintas instituciones. Lo importante será que al terminar, los cambios comprometidos y la búsqueda de nuevos estándares se haya concretado, con el fin de evitar nuevas situaciones que, además de dañar a las instituciones y sus representantes, dañan la fe pública.
La repetida frase sobre las instituciones que funcionan puede ser aplicada en este caso, que el Ministerio Público dio el paso de iniciar las investigaciones correspondientes y, con ello, abrió la opción de confiar en que las denuncias podrán ser esclarecidas.