Por Francisca Pacheco Pérez

Por alrededor de dos meses y medio se han extendido las labores de limpieza en los planteles avícolas azotados por la influenza aviar en la Región del Biobío. La siguiente etapa comprende un testeo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para garantizar que la enfermedad está erradicada en el sector, tras lo cual las empresas podrían volver a operar.

No obstante, los avicultores de Florida señalan que ello dependerá de las ayudas del Estado pues, aunque el impacto económico varía según la empresa, las pérdidas productivas fueron totales, por lo que en muchos casos no se dispone de los recursos necesarios para retomar las actividades.

Los apoyos específicos deberían determinarse en agosto, y por ahora el Ministerio de Agricultura está trabajando en cuatro medidas principales, que consideran el acceso a créditos con garantías especiales, una línea de seguros, una red de vigilancia y alerta temprana y el desarrollo de una serie de instrumentos para asistencia técnica. Esto, apuntando a la recuperación de las empresas, y también para enfrentar posibles brotes de la gripe aviar a futuro.

Trabajos recientes

Las labores se han concentrado en terminar la limpieza de los planteles industriales afectados, para dar paso a la sanitización. "Una vez que se haya limpiado de forma profunda los pabellones hay un proceso de sanitización, y una vez estén terminadas esas acciones el SAG va a hacer un testeo ambiental al interior de los pabellones para constatar la ausencia del virus", explicó el director regional del organismo, Roberto Ferrada.

Además, se realizará un muestreo médico de las aves que pertenecen a los sectores de riesgo en la comuna, para obtener resultados científicos que garanticen la inexistencia del virus. Algunas empresas privadas del gremio también han apoyado en la limpieza, considerando además que el eventual retraso en el proceso implicaría un riesgo para toda la industria.

Pese a ello, los avicultores sostienen que existe una sensación de incertidumbre, pues cada vez son más escasos los recursos económicos, pues además de indemnizar a los trabajadores despedidos, hay infraestructura que debe seguir financiándose.

"Uno opta por financiamiento en maquinaria pensando en que va a producir, va a entregar de vuelta ingresos y con eso se paga la cuota de la maquinaria. Hoy te quedas sin ingresos, sin producción, pero sigue quedando la cuota" manifestó Ignacio Vera, administrador de la avícola Chequén, cuya pérdida productiva alcanzó los $1.200 millones.

Estrategias conversadas

En ese sentido, el 12 de julio se concretó una reunión entre el SAG, la Subsecretaría de Agricultura y representantes de avícolas afectadas. Durante la instancia "se pactaron ciertos plazos, dentro de agosto debería haber claridad sobre lo que va a salir en ayuda, y si van a estar todas las medidas juntas disponibles. Es complejo el paquete de ayuda, porque necesita que varias cosas se cumplan, y eso es responsabilidad de distintos organismos", afirmó Ignacio Vera, quien formó parte del encuentro.

La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que en la jornada se reveló un plan de trabajo conjunto compuesto por cuatro instrumentos para la recuperación de las empresas afectadas, y a planificar acciones frente a eventuales futuros brotes de la enfermedad.

Estos implican la intervención de Corfo en asistencia técnica, capacitación e inversión productiva, acceso a instrumentos especiales de BancoEstado para acceder a créditos con garantías especiales, una línea de seguros para la producción de empresas de huevos a través de Agroseguros, y el establecimiento de una red de vigilancia y alerta temprana, mediante una mesa público-privada de análisis de riesgos y control.

Los avicultores detallan que la bioseguridad es una acción clave para la recuperación. Diego Contreras, administrador de Agrochequen, planteó que la primera inversión que se hará, dependiendo de los apoyos, incluye estrategias "para evitar que aves silvestres se acerquen a la zona, eso es lo primero; bajar la carga viral, evitar que futuras aves migratorias se posen en el sector, y medidas sanitarias que se pueden coordinar con el SAG".

Un llamado a participar en un Concurso Especial en el marco de la Ley de Riego, para acceder a la limpieza y rehabilitación de los canales dañados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, realizaron las autoridades a aquellas organizaciones afectadas por los temporales.

La seremi (s) de Agricultura en Biobío, Fabiola Lara, sostuvo que "hacemos un llamado a organizaciones de agricultores y agricultoras a participar en este concurso a contar del 18 de julio, para poder contar con riego en el mes de septiembre. Solicitamos que puedan acercarse a las agencias de área de Indap o a los municipios, para manifestar el interés por participar de este proceso".

Karen Ortiz, presidenta de la Junta de Vecinos La Orilla, en Quilaco, expresó que "esperamos que nos puedan ayudar a mejorar el canal, para poder tener agua en la época de riego y así poder trabajar nuestros cultivos. El canal estaba en mal estado y se rompió e inundó los terrenos, salió al camino público y provocó algo de daño", mencionó la dirigenta, que representa a una comunidad de adultos mayores agricultores.

El seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, explicó que Indap y la Comisión Nacional de Riego, "están haciendo un catastro donde se acrediten los daños, para luego proceder a este concurso, que permita recuperar estos canales y permitir que los agricultores y agricultoras retomen su actividad productiva a la brevedad".

Justamente para acceder al concurso, es indispensable estar catastrado, proceso que culminaría esta semana. El plazo para postular a este instrumento, en las regiones de Ñuble y Biobío, va del 18 de julio al 8 de agosto. Para conocer más detalles en www.cnr.gob.cl/emergenciainvierno2023.

Incrementar la productividad es la vía que permite a un país aumentar el nivel de ingreso de sus habitantes, generar mejores fuentes de empleo y avanzar, significativamente, en su calidad de vida. Lo anterior, tiene además un rol estratégico hacia la transición ecológica justa, produciendo más con menos, sin una sobreutilización de los recursos naturales.

En Chile llevamos 15 años de productividad estancada, con crecimientos económicos reducidos, lo que nos aleja, entre otras cosas, de legítimos anhelos de una mejor calidad de vida para la población.

En el rubro de la construcción, a pesar del buen estándar alcanzado en sus proyectos y obras, la falta de eficiencia en torno a la industria es preocupante. Según un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), el sector mantiene una productividad 52% inferior al promedio OCDE y además una de las más bajas en términos intersectoriales en el país.

Entre estas naciones, Chile ha sido destacado como el que más tarda en adjudicar un contrato público, identificándose como su mayor debilidad, la falta de planificación en infraestructura de mediano y largo plazo. Diversos estudios señalan que, si se eliminaran estas brechas, el PIB sectorial podría incrementarse en más de un 65% y generar estímulos muy positivos para la actividad. Esto implicaría, por ejemplo, disminuir drásticamente el déficit habitacional o aumentar la cobertura en infraestructura vial, sanitaria y portuaria, entre otras.

Nuestro país cuenta con el capital humano, recursos, institucionalidad, tecnología e incluso con el análisis y recomendaciones necesarias para cerrar estas brechas, pero le ha faltado el elemento fundamental: el sentido de urgencia.

Para revertir esto, se requiere de un cambio cultural en el Estado, pero también, en las organizaciones privadas. Esta transformación hoy se aprecia de manera incipiente y sólo será posible en la medida que se alcance la convicción de que las mejoras en la calidad de vida a través del desarrollo de la infraestructura son alcanzables y claves para el bienestar, por lo tanto, no pueden esperar ni se deben desaprovechar.

Es necesario, entre otras cosas, acelerar y concretar las recomendaciones entregadas por la CNEP, así como también, articular las iniciativas indicadas por la Agenda de Productividad. Lo anterior, representa un interesante reto para nuestra sociedad, la que, a través de sus autoridades, gremios y trabajadores, tiene la oportunidad de alcanzar sus objetivos de desarrollo y calidad de vida, en la medida que elevemos nuestra productividad por medio de una adecuada modernización del Estado y fortalecimiento de la alianza público-privada.

Ramón González

Consejero Nacional

Presidente Comité de Infraestructura

CChC Concepción