Por Felipe Cuevas Mora

"Siento una profunda tristeza en mi alma porque intento que no me dé lo mismo el cuidado de la democracia y las instituciones, y creo que la descentralización es un procesos en el que vale la pena jugarse porque impacta en la vida de las personas".

Con estas palabras y acompañado de una serie de documentos, el gobernador del Biobío Rodrigo Díaz dio cuenta de distintas acciones que se adoptarán, luego de que la Fiscalía Regional decidiera abrir de oficio dos nuevas investigaciones de oficio por aportes a dos fundaciones desde el Gobierno Regional, bajo la arista local del Caso Convenios.

En concreto, se indagan un total de $903 millones asignados a la ONG Red Cultivarte, y las fundaciones Horizonte Ciudadano y En Ti, que son parte de los $19 mil millones que el Gore ya ha asignado durante este año a distintas organizaciones sin fines de lucro.

Entre las acciones informadas por la máxima autoridad regional, están la entrega de nuevos antecedentes tanto al Ministerio Público como también a la Contraloría la mañana de ayer, y la tramitación de una serie de mejoras en los estándares para aprobar la entrega de recursos, todos a revisión del Consejo Regional durante las próximas semanas.

Además, durante la próxima semana cuatro comisiones del Consejo Regional abordarán los traspasos a fundaciones específicas.

"Me saco la mugre para que la gente siga creyendo en las instituciones, en la democracia y entiendan que la descentralización les mejora la vida. Soy una persona de trabajo, hijo de gente esforzada para ganarle a la vida, entiendo los cuestionamientos, no soy tonto y haré todo lo que esté en mi alcance para que todas las situaciones sean esclarecidas y resueltas, y subiré los estándares con que trabaja el Gobierno Regional", planteó.

Elevar estándares

El gobernador regional detalló que durante la mañana de ayer se entregaron los antecedentes de ambas fundaciones tanto ante la Contraloría como ante el Ministerio Público, además de que "voluntariamente entregamos antecedentes de ProCultura, considerando que en otras regiones se han planteado dudas e iniciado investigaciones. Lo hicimos porque nos interesa mucho que exista total transparencia respecto a los dineros que manejamos".

Díaz también informó que, al alero de las revisiones que ha realizado el Consejo Regional, realizará una serie de propuestas en la comisión de Ética para elevar los estándares de entrega de recursos a fundaciones: "Viene un trabajo intenso que se hará en las próximas semanas porque a la presentación general de antecedentes, se entrará al análisis en particular y cuatro entidades serán parte de una revisión particular. Espero que, al término del proceso, tengamos acuerdo y voto favorable de la propuesta de elevación de estándares de trabajo, para aún ser más estrictos en el gasto y uso de recursos regionales".

"El compromiso de elevar los estándares se hace porque la fe pública lo exige y no porque haya dudas de la legalidad de lo que hacemos, y mi compromiso es impulsarlo. No puedo anunciar en qué, porque lo debo discutir con el consejo, pese a que ya tengo propuestas que hemos trabajado", añadió.

Los consejeros

En medio de los nuevos antecedentes conocidos, los consejeros regionales plantearon su interés por que se esclarezcan los hechos, lo que se materializó tanto en la revisión de documentos e informes en la comisión de Ética como en el pleno de esta semana.

Además, entre el miércoles y jueves las comisiones de Pesca, Presupuesto, Ética y Desarrollo Social sesionarán para revisar los antecedentes asociados con traspasos a fundaciones específicas, incluso la última de las comisiones mencionadas sesionará en terreno en Coronel y Concepción para conocer el detalle de los casos de Red Cultivarte y En Ti.

El consejero UDI James Argo indicó que "iniciamos un trabajo que será bastante largo, para conocer la labor de estos proyectos que han sido cuestionados. Estamos trabajando en la comisión de Ética, además de algunas sectoriales y nos interesa conocer con tranquilidad cada uno de los detalle. Es muy oportuno que la Fiscalía tome esta decisión de oficio y el gobernador ya había entregado algunos antecedentes al respecto".

Su par Yanina Contreras (Partido Social Cristiano) expuso que "esto está podrido. El tráfico de influencias es un delito grave que se debe investigar a fondo, y si se utilizan recursos públicos para hacer campañas a futuros candidatos o personas cercanas a los partidos, es un delito grave. Investigaremos a fondo, y esperamos que a la Fiscalía no le tiemble la mano".

Mientras que el presidente de la comisión de Presupuesto, Andrés Parra (PS) manifestó que "será clave mejorar los procedimientos, pedir antecedentes y no se trata solo de ser desconfiados, sino que los recursos se entreguen de la mejor forma, a las instituciones idóneas para desarrollar los proyectos".

de asignación de recursos a fundaciones

$903 millones investiga hoy la Fiscalía Regional en torno a las tres investigaciones de oficio que abrió al Gobierno Regional

4 comisiones del Consejo

El diputado Leonidas Romero (Ind.) presentó este viernes una querella para esclarecer lo ocurrido con los recursos asignados desde el Gobierno Regional a la ONG Red Cultivarte y solicitó en la diligencia que se pida declarar al gobernador Rodrigo Díaz. "Desde hace dos meses, en forma personal y también por oficio, le vengo solicitando al gobernador el listado de los recursos entregados a fundaciones, a ONG, a corporaciones, y no he tenido respuesta. Pero sí me han entregado antecedentes y me han dicho que se han entregado cerca de $50 mil millones en lo que va corrido del año", expuso.

Con una completa agenda de actividades, la subsecretaria General de Gobierno Nicole Cardoch visitó este viernes la zona, instancia en que abordó la entrega de recursos a organizaciones sociales y también el inicio del trabajo de la Comisión Asesora para la Desinformación.

"Hemos hecho un compromiso con la participación ciudadana, con las organizaciones que están en nuestra sociedad civil, que sabemos necesitan herramientas y apoyo. Estos fondos harán realidad proyectos de diversa índole que ayudan a la cohesión social, en temas como medio ambiente, salud, patrimonio, deporte u otros", dijo, para luego detallar que en la Región se asignaron casi $100 millones a 44 proyectos de un universo de 102 postulaciones.

-¿Qué implicancias tiene la Comisión Asesora para la Desinformación que comenzó a funcionar esta semana?

-Esta comisión en ningún caso será un tribunal de la verdad, de establecer qué es verdad y qué no. La comisión busca abrir un espacio de debate riguroso, académico y técnico, que tome en cuenta las experiencias de otros países frente a este fenómeno social que es la desinformación. Para que todos nos entiendan, la desinformación no es la mera expresión de opiniones sino la difusión premeditada de hechos y datos falsos como si fueran verdaderos.

Estos fenómenos distancian aún más a las instituciones de los ciudadanos, por lo que la comisión trabajará en un diagnóstico acabado respecto a como afecta a nuestro país, y luego algunas recomendaciones sobre los caminos que pudiéramos transitar en torno a generar política pública para atacar la desinformación, en temas como la alfabetización digital y que los ciudadanos tengan herramientas para enfrentarla.

-¿Qué ocurre con la desinformación que viene de medios establecidos en redes sociales o personas que se individualizan o lucran con las noticias falsas? ¿Se buscará abordar dicho fenómeno en la comisión?

-Lo importante a considerar es la velocidad que nos generan hoy las plataformas digitales. El fenómeno de la desinformación no son solo las opiniones, sino la decisión premeditada de dar a conocer datos y hechos falsos, ya sea por medio de plataformas digitales.

En el mundo, la velocidad con que viajan las noticias falsas es seis veces mayor que las noticias verdaderas y hechos concretos; la velocidad que entregan las redes sociales es algo que se debe considerar en la comisión.

En el cierre, dijo que "la comisión trabajará un año, pero puede ser muchísimo menos ya que lo fundamental son los productos que nos entregará, tanto el diagnóstico como las recomendaciones".

Este viernes los equipos del Ministerio de Obras Públicas en la Región del Biobío habilitaron al tránsito el puente mecano que reemplaza al destruido en el kilómetro 53,9 de la ruta Q-699 en Alto Biobío, -llamado Pilunchaya-, que une a las comunidades Butalelbún y Trapa Trapa, logrando conectar a las comunidades que quedaron aisladas tras el sistema frontal.

Con esto, se conecta nuevamente a las más de 800 personas que se mantenían aisladas en la zona, a través de un despliegue en las riberas del Biobío y del Queuco, con tres excavadoras, más de cuatro retroexcavadoras, tres motoniveladoras, un bulldozer, cuatro camiones tolva, cama baja y grúa y más de 35 funcionarios.

El seremi Hugo Cautivo manifestó que "fueron los distintos cortes que acá sucedieron en Alto Biobío, específicamente en el Valle del Queuco: más de cuatro cortes que tuvimos importantes en el camino, entre ellos algunos problemas de afectación de puentes, como acá en el puente de Pilunchaya".

El director Regional de Vialidad, Juan Carlos Oviedo, detalló que "la estructura tiene una longitud de 21 metros, su calzada es de siete metros, y va a permitir conectar a Trapa Trapa con Butalelbún. Asimismo, podemos decir que ya tenemos rehabilitada la conectividad entre Ralco y Butalelbún, en un trabajo donde más de 35 funcionarios estuvieron desplegados por la alta cordillera rehabilitando alcantarillas, señalización vial, puentes y caminos".