Por Efe

Israel vivió ayer una intensa jornada de movilizaciones contra la reforma judicial del gobierno de Benjamin Netanyahu, que culminó en la noche con multitudinarias protestas en las principales ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, Haifa o Beer Sheva.

La movilización más masiva fue en Tel Aviv, centro neurálgico de las protestas y donde decenas de miles de personas salieron a la calle de nuevo tras una larga jornada de movilización por todo Israel, que incluyó una gran protesta ante el principal aeropuerto del país, marchas de norte a sur y acciones de desobediencia civil como cortes de carreteras.

Entre banderas israelíes, tambores y estridentes cornetas, unas 7.000 personas tomaron la entrada principal del terminal aéreo al grito de "democracia". Levantando el puño y pancartas contra el Gobierno de Netanyahu, los manifestantes bloquearon las pistas por donde normalmente pasan taxis y buses para recoger a los pasajeros, generando el caos.

Otros intentaron cortar la autopista Ayalon, principal arteria de Tel Aviv, mientras que también lo hicieron en Herzliya y otras intersecciones del país.

A su vez, varios miles de personas recorrieron Jerusalén, donde la marcha acabó frente a la residencia oficial del primer ministro, y se movilizaron en un número parecido en otras ciudades de dimensión más pequeña como Haifa o Beer Sheva.

La jornada, denominada "Día de Resistencia", integró a los principales movimientos de protesta que desde hace seis meses han liderado la lucha contra la reforma judicial, entre ellos soldados reservistas, académicos, empleados en empresas de tecnología punta o entidades civiles. Todos ellos creen que la reforma que ahora busca impulsar el actual Gobierno -el más derechista de la historia del país- sería un golpe de gracia a las bases democráticas de Israel.

Contra la "dictadura"

Según los detractores, el plan acabaría con la separación de poderes, socavaría la independencia de la Justicia, quitaría atribuciones al Tribunal Supremo y daría poder casi ilimitado al Ejecutivo, lo que llevaría a Israel hacia ciertos niveles de autocracia y "dictadura".

Ante ello, las movilizaciones se vienen repitiendo semanalmente desde hace más de medio año, han sido las más masivas en Israel en décadas y el pasado marzo incluso consiguieron que Netanyahu frenara temporalmente la tramitación de la reforma para sentarse a negociar con la oposición, en un diálogo mediado por el presidente israelí.

Sin embargo, las conversaciones no desembocaron en acuerdos y el Gobierno volvió a poner en marcha el plan, validado ayer en el Parlamento en primera instancia. Faltan dos votaciones más para la aprobación final de un proyecto de ley clave para la reforma, que eliminaría la doctrina de razonabilidad.

Esto permite hasta ahora al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales si estas son razonables o no, un poder que perdería en caso de aprobarse la legislación propuesta.

Ayer las fuerzas de seguridad también desplegaron a la Policía montada y usaron carros lanzaagua para dispersar a los manifestantes en varios lugares, acciones que eran muy poco usuales contra israelíes, pero que en los últimos meses se volvieron comunes.

A su vez, más de 70 personas fueron detenidas por la Policía durante el día por "violar el orden público", 45 de las cuales fueron puestas en libertad poco después.

Varios legisladores republicanos y demócratas de Florida y otras partes del país recordaron ayer a los cubanos que protestaron el 11 de julio de 2021 (11J) y reclamaron el "fin de la represión" y la "liberación de los presos políticos, incluidos niños, que permanecen injustamente detenidos".

Un grupo de ellos presentaron además ante el Congreso de Estados Unidos, en Washington, una resolución que condena la "represión" en la isla y exige "la liberación inmediata" de los detenidos por las protestas de hace dos años.

"El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en la historia moderna de Cuba. No hay duda que la dictadura criminal de Cuba le tiene pánico a otra manifestación pacífica donde el pueblo cubano condene sus décadas de violación de los derechos humanos y creciente represión", dijo en el senador republicano por Florida Marco Rubio, de origen cubano.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, recordó que "hace dos años el pueblo cubano salió a las calles a protestar de manera pacífica, alzando su voz en un clamor de libertad".

Pero dos años después, condenó Fried, "el régimen cubano mantiene en prisión a más de 600 manifestantes pacíficos, entre ellos mujeres y menores de edad, privados de su derecho más sagrado: la libertad".

Además de los mensajes de apoyo, una quincena de legisladores de ambos partidos, la mayoría de Florida pero también de otros estados, presentaron en el Congreso una resolución que "condena los actos de represión" en Cuba, pide "la liberación inmediata" de los detenidos y exige a La Habana que rinda cuentas "por los asesinatos de los activistas pro-democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero".

El Gobierno de Joe Biden también reclamó la liberación de "los presos políticos injustamente detenidos" en las protestas, expresó el secretario de Estado, Antony Blinken, quien llamó a la comunidad internacional a sumarse a esta petición.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidió ayer que no se fije fecha todavía al juicio por el caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida y rechazó la petición del fiscal especial Jack Smith de celebrarlo en diciembre.

Los abogados de Trump y de su exasesor Walt Nauta solicitaron a la jueza encargada del caso que deniegue la propuesta del Gobierno para reagendar el pleito, y que "aplace la consideración inicial de cualquier nueva fecha para el juicio hasta que no se hayan presentado y juzgado mociones sustanciales", según el documento judicial.

También sugirieron que será difícil preparar una defensa apropiada hasta que no se celebren las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump aspira a competir.

"Simplemente no hay ninguna duda de que cualquier juicio de esta acción mientras pendan unas elecciones presidenciales tendrá un impacto sobre el resultado de esos comicios y, más importante, sobre la capacidad de los acusados de obtener un juicio justo", consideraron los defensores.

En junio, el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados pidió a la jueza retrasar el comienzo del pleito hasta diciembre, después de que la magistrada hubiera ordenado que el juicio con jurado comenzara el 14 de agosto.

Ya entonces, medios estadounidenses sugirieron que era difícil que el juicio se desarrollara tan pronto, ya que la defensa de Trump seguramente trataría de retrasar el proceso, incluso más allá de las elecciones de 2024.

Trump fue acusado a comienzos de junio en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales. 31 cargos son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EE.UU.

Políticos, académicos y expertos alertaron este martes que el "derecho fundamental a la propiedad privada" se halla bajo seria amenaza en América Latina a causa del discurso en contra de los "gobiernos totalitarios o del llamado socialismo del siglo XXI" en la región.

Los participantes del foro "La propiedad es un derecho humano. Usurpaciones y amenazas", realizado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, dijeron que el respeto a la propiedad privada es un reflejo de las libertades individuales y que fomenta riqueza y fortalece el tejido social.

Es necesario "desmitificar" el discurso en contra de los gobiernos totalitarios en América Latina, que hacen ver "el derecho humano a la propiedad privada como una vergüenza", dijo el académico boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

En América Latina, "la democracia será cada vez más sólida si se convierte en un sistema de propietarios", señaló Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, organizador de este foro que reunió a un total de 25 oradores.

El experto señaló que las invasiones a la propiedad privada y las expropiaciones que son promovidas por los gobiernos totalitarios de la región tienen que ver con un "eje de confrontación" que enfrenta "la violación de los derechos humanos contra la libertad".

"La concentración de poder en pocas manos y con impunidad, versus la democracia, que es la administración de poder con respeto a los derechos humanos", agregó el boliviano.

Eduardo Gamarra, profesor de FIU y experto en política internacional, destacó que la promoción de la toma ilegal de tierras, bajo la falsa promesa de que arreglará la pobreza, genera inseguridad jurídica e impide el desarrollo y la inversión.

Agregó que este escenario se ha agravado con "la intervención de potencias externas como China", que se benefician de este problema, y por ello es necesario, dijo, "un enfoque sostenible" que proteja la propiedad privada, promueva el desarrollo sostenible y la equidad social.

El argentino Daniel Hadad, presidente ejecutivo del medio Infobae, alertó que "la propiedad privada está viviendo una amenaza en casi todas partes de América Latina", donde muchas tomas de terrenos privados son "planes armados que desalientan a inversionistas".

Cercanos a "regímenes totalitarios" promueven esas acciones entre sectores desfavorecidos de la población porque "es fácil ejercer control contra aquellos que no tiene nada", y con ello de paso fortalecen un discurso que promueve la normalidad del "ataque físico, la toma de tierras o de medios de comunicación".