Por Karlyng Silva Leal

Al menos desde inicios del 2022 habría estado operando en Concepción la banda criminal asociada al Tren de Aragua y cuyos integrantes fueron detenidos por el delito de trata de personas a fines de mayo de este año. Según explicaron desde la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Sur, que lideró la investigación, la presencia en la región tiene relación con el pago de derechos para usar el nombre de la organización y hacer más efectiva la intimidación a sus víctimas.

Así lo indicó el jefe de la Prefectura Sur, prefecto Marcelo Rebolledo, quien estuvo a cargo de las diligencias realizadas durante cerca de un año, las cuales permitieron la formalización de 10 personas que operaba en el centro penquista cometiendo el delito de trata de personas, venta de drogas y tenencia de armas, todo esto bajo el liderazgo de un ciudadano colombiano y su pareja de nacionalidad venezolana.

Tren de aragua

Respecto a cómo opera esta organización, Rebolledo explicó que la indagatoria permitió confirmar que existían comunicaciones de miembros activos del Tren de Aragua en otros países como Venezuela, Perú o Bolivia, de tal manera que el funcionamiento es muy similar a una empresa transnacional, extendiéndose a otros países a través de franquicias.

"En este caso era un colombiano que tenía nexos con su pareja venezolana, hablan con algún integrante ubicado en lo alto de la estructura y pagan lo que sería como un derecho de llave por ocupar la marca del Tren de Aragua en otro país, la que es reconocida y les produce rédito a la hora de intimidar a sus víctimas".

De esta forma el prefecto destacó que los detenidos "ocupan esta franquicia de la marca más que ser integrantes del Tren de Aragua en Venezuela, esto último en general no ocurre".

Cabe destacar que por instrucción de la Fiscalía Nacional, desde el año pasado, las causas relacionadas a crímenes de narcotráfico asociados al Tren de Aragua son competencia de la Fiscalía de Tarapacá. Debido a que la situación investigada en Biobío era un caso focalizado, se determinó que el procedimiento quedara a cargo de la policía local, convirtiéndose así en la tercera intervención sobre esta organización a nivel país, sumando un total de 54 personas vinculadas.

Investigación

Respecto a la investigación en Biobío, el prefecto detalló que se originó tras una serie de denuncias sobre sujetos extranjeros que reciben a mujeres para luego obligarlas, mediante coerción o violencia, a ejercer el comercio sexual en Concepción.

"Se puso en conocimiento del Ministerio Público todos estos antecedentes, se generó la respectiva orden de investigar, lo cual se trabajó con análisis criminal, inteligencia policial, trabajo de campo, técnicas encubiertas, medidas intrusivas y en definitiva, con el correr del tiempo, nos permitió generar una hipótesis que fue planteada a la Fiscalía", explicó Rebolledo.

Actualmente la investigación continúa con el trabajo de diferentes brigadas especializadas, una de ellas es la Brilac, de lavado de activos. Al respecto, el prefecto destacó que es fundamental atacar la parte patrimonial de la estructura. "Estamos haciendo una investigación reconstructiva de acuerdo al patrimonio que tenían estas personas, porque también generaban hartos recursos y la idea es poder incautarlos", agregó.

En esta línea, para la investigación se aplicaron diversas medidas intrusivas y trabajo de inteligencia policial, principalmente por el carácter complejo de la estructura criminal investigada. "Al día de hoy nos complica muchas veces monitorear equipos telefónicos, porque la gente ya no está hablando por teléfono, entonces tenemos que buscar otro tipo de alternativas legales que nos permitan poder abordar a estos criminales, y dentro del más corto plazo, poder desarticularlas, como ocurrió con esta unidad", planteó el prefecto.

Durante las últimas dos semanas se ha detenido a cuatro personas que estarían también vinculadas al Tren de Aragua. Dos de ellas son de nacionalidad venezolana y fueron aprehendidas en Los Ángeles, en este caso por 3 homicidios consumados en el que las víctimas fueron dos adultos en un bar de Lebu y un menor de edad; y un homicidio frustrado también a un menor de edad.

Por otra parte, la semana pasada se detuvo a dos personas por el delito de secuestro con homicidio que afectó a un hombre de Talcahuano y cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en Chillán.

Con procesos de análisis de casos de los menores sujetos al programa de cuidados alternativos residenciales se encuentra trabajando el proceso de cierre de la residencia de menores administrada por la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinoza en la comuna de Los Ángeles.

Así lo explicó el director regional (s) del Servicio de Protección Especializada del Biobío, Diego Yáñez, quien detalló que desde hace meses la fundación manifestó su intención de cerrar la residencia que ha operado en la comuna desde 1961, prestando su colaboración para dar cuidado a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que, por órdenes de tribunales, se ha dispuesto su cuidado por el Estado.

El cierre de la residencia, según se ha indicado por parte de la Fundación, tiene relación con que las organizaciones que participan en el sistema han sido forzadas por las autoridades a que niños y adolescentes que exceden el perfil de los sujetos de atención que han sido fijados en el convenio, lo que provocaría que los usuarios menores de edad deban convivir otros también menores con problemas de salud mental, consumo de drogas o compromiso delictual.

Al respecto, Yáñez explicó que "Fundación Ciudad del Niño ha manifestado hace bastante tiempo atrás su decisión de poner término a la ejecución del proyecto. Cuando un colaborador manifiesta su intención, ese término no es inmediato, tiene aparejado un montón de trabajo entre medio, como hacer despeje de casos, ver algún organismo colaborador, si es que efectivamente lo va a asumir otro o derechamente uno empieza a trabajar con los tribunales, derivaciones de los niños, niñas y adolescentes que estén en ese espacio a otro".

Respecto a una fecha de cierre de la residencia, el director (s) señaló que no existe una determinada, pero que dada la manifestación de la fundación de cerrar la residencia, esta situación se ha ido aplazando en el tiempo. Así también indicó que de todos modos el servicio que presta la fundación requiere ser licitado nuevamente.

El Juzgado de Garantía de Cañete decretó la medida cautelar de prisión preventiva a Nicolás Sánchez Toledo, de 19 años, por el delito de robo con violencia e infracción a la ley de armas, ilícito ocurrido el pasado 28 de junio en el sector Tranguilboro, en la comuna de Cañete.

El fiscal jefe Danilo Ramos señaló en la formalización que el imputado cometió el robo de 600 sacos de abono avaluados en $12 millones, hecho que dejó además a un trabajador herido. Todo esto lo habría realizado junto a otros cuatro individuos que se encuentran sin identificar, para esto continúa la indagatoria.

Ramos indicó que el imputado, junto a los demás sujetos, intimidaron a los trabajadores que descargaban el camión con armas largas y cortas, instancia en que el imputado disparó a uno de los trabajadores que resultó herido en una pierna, para luego sustraer el camión.

El vehículo posteriormente fue quemado en la Ruta P72s, que conecta las comunas de Cañete y Tirúa. El fiscal destacó que una denuncia oportuna permitió identificar al imputado.

Jonathan López Correa (32) fue formalizado por los delitos de femicidio tentado, lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su pareja y conviviente, además de fabricación y uso de artefactos incendiarios, todos estos hechos ocurridos en la comuna de Lebu este martes.

El fiscal Johny Cares formuló los cargos ante el Juzgado de Garantía, señalando que el imputado atacó con un cuchillo a su conviviente y le provocó una herida en una mano, luego le lanzó bencina para encender fuego, pero la víctima logró huir y pedir ayuda.

Luego de esto, el agresor confeccionó bombas molotov, las que arrojó al lugar donde la mujer se había refugiado junto a familiares.

Debido a la gravedad de los delitos, el juzgado determinó que la libertad del imputado representa un peligro para la sociedad, disponiendo la medida de prisión preventiva.