Por Karlyng Silva Leal

Luego de dos meses de trabajo, la Mesa de Trabajo por el Transporte Público de Concepción entregó al seremi de Transporte, Héctor Silva y a la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, las principales líneas de un petitorio que busca llegar a acuerdos para mejorar las condiciones del transporte público en la capital regional, tanto para sus trabajadores como para los usuarios.

La instancia fue convocada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Ucsc, cuyo presidente, Ángelo Jara, explicó que junto a dirigentes de transportes, federaciones de estudiantes, sindicatos, consejeros regionales y concejales de la región se elaboró un petitorio que posteriormente será acompañado por los resultados de una encuesta ciudadana alborada por la misma mesa de trabajo.

En detalle, el petitorio apunta a que las operadoras de transporte se hagan responsables de los taxibuses y sus trabajadores respecto a la mantención de las máquinas, servicios y relación contractual. Sobre esto último, indicaron temas como la regularización de contratos en línea con el Código del Trabajo, sueldos, pago de horas extras, regulación en jornadas y turnos, pago de imposiciones, supervisión y revisión de antecedentes de choferes.

Por otra parte, respecto a las autoridades regionales y nacionales, la mesa de trabajo solicita según el petitorio "detener el perímetro de exclusión y generar un nuevo proceso de licitación transparente y conocido por todos; fomentar la implementación de una empresa regional estatal de transporte; y propiciar la incorporación de elementos tecnológicos asociados al cobro de pasajes".

Perímetro de exclusión

José Camaño, delegado de la Federación Intercomunal de Conductores del Biobío, explicó que se solicita detener el perímetro de exclusión porque no contempla a los trabajadores.

"La precariedad laboral se mantendrá, porque hemos leído el reglamento y es muy vago, se habla de los uniformes de los conductores, una tarjeta de identificación, que la empresa operadora podría exigir contrato, entonces quedamos peor que antes, porque ni siquiera habrá una exigencia firme de que los conductores cuenten con contratos", agregó.

Sobre esto, el seremi de Transportes, Héctor Silva, aseguró que "nos parece que detener el perímetro sería un error, porque genera mejores condiciones, si bien es cierto faltan mejoras que hacer, permitirá entre otras cosas hacer una medición exhaustiva, precisa, concreta de la operación de las flotas de las diferentes líneas".

Irregularidades

Por su parte, la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, planteó que para la cartera la principal preocupación es cómo mejorar las condiciones laborales con los operadores, ya que la irregularidad de los contratos deja a los trabajadores en seguridad laboral, sin previsión, convirtiéndose en un ambiente que no es digno y, por lo tanto, tampoco es propicio para que más trabajadores se interesen en el rubro.

Respecto a las irregularidades que se detectan, la seremi comentó que "aquí hay problemas en los contratos de trabajo, la mayoría tienen que ver con un salario mínimo y el resto se paga de otra manera, podría ser la comisión por boleto o un monto pactado verbalmente. Esa es una de las tantas quejas, hay otros que trabajan por trato y eso no involucra ningún documento legal, otros facilitan las máquinas por un tiempo y después se reparten las ganancias con porcentaje".

En este sentido, Quintana sostuvo que cuando hay denuncias se fiscaliza, pero que "el problema es que son muy pocas las denuncias para que nosotros podamos intervenir formalmente (...). Nosotros lo sabemos porque se conversa, es una realidad, así que no lo podemos desconocer, pero no podemos comprobarlo, porque no se denuncia".

Comunidad

Luisa Uribe, presidenta de la JJ.VV. de Lomas Coloradas, quien también integró la mesa de trabajo, comentó que en "el gran problema es que las empresas que han licitado no cumplen con el servicio y frecuencias, si una línea licitó con 25 máquinas hoy trabaja con la mitad, eso va en desmedro del servicio al usuario y peor aún es saber que siguen recibiendo subvención del Estado por un servicio que no están entregando".

Mario Valdebenito, presidente de la Federación de Estudiantes de la Ucsc, por su parte, aseguró que durante los últimos meses no se han visto cambios positivos en cuanto a la falta de frecuencia y servicios en horarios mañana y tarde, afectando directamente a los estudiantes y funcionarios.

4 reuniones se han realizado en el marco de la mesa de trabajo integrada por sindicatos, federaciones y dirigentes sociales

A través de la página web del Sindicato de Trabajadores de la Ucsc se mantendrá disponible una encuesta abierta a la comunidad que busca conocer la percepción respecto a la situación de la infraestructura como paraderos, seguridad, iluminación, además de opiniones respecto a las condiciones laborales de los conductores respecto a horarios, entre otros.

La encuesta se mantendrá disponible hasta el 15 de junio y los resultados serán sumados al petitorio elaborado por la mesa de trabajo compuesta por la sociedad civil a las autoridades.

Ayer fue formalizada una joven de 23 años por el delito consumado de ingresar elementos prohibidos a un recinto penitenciario, ilícito cometido la tarde del miércoles en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío.

El Juzgado de Garantía de Concepción dejó a la joven identificada como B.D.S.C., egresada de la carrera de Derecho, con la medida cautelar de prohibición de salir del país y de ingresar al Complejo Penitenciario Concepción y al CCP Biobío.

Según indicó el Ministerio Público durante la audiencia, aproximadamente a las 14:30 horas del miércoles, la imputada ingresó al CCP Biobío en Concepción en calidad de procuradora y que iba a visitar a un interno en el recinto.

En ese contexto, la joven fue sorprendida por funcionarios de Gendarmería tratando de ingresar un celular sin autorización, manteniéndolo oculto en una cartera. Por esto fue detenida por personal del recinto carcelario.

Los antecedentes de este hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el coronel Mario Palavecinos, quien además indicó que "el ingreso de teléfonos celulares a recintos penales es una práctica recurrente y de extrema gravedad, que nos obliga a extremar medidas sin hacer distinciones de ningún tipo".

Cabe recordar que por ley, desde noviembre de 2022 se encuentran reguladas las penalizaciones y sanciones de presidio para quienes ingresen celulares y dispositivos a las cárceles.

Además respecto al rol de procurador, cabe señalar que se trata de un profesional, licenciado de Derecho, que se encarga de la representación, es decir, de tramitar la documentación del proceso judicial y notificación de las partes; esto a diferencia de un abogado que ejerce la defensa de su cliente.

En la audiencia de formalización, el magistrado Iohan León Espinoza acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, sin controversia de la defensa, por estimarlas proporcionales y atingentes al procedimiento. De esta forma se fijó un plazo de 60 días para la investigación.

La imputada quedó con prohibición de salir del

país y de ingresar al

Complejo Penitenciario Concepción

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) penquista incautó un total de 2.675 productos falsificados que eran comercializados en un local establecido en pleno centro de Concepción. La mercadería estaba avaluada en más de $150 millones.

El comisario José Miguel Rojas, de la Bridec Concepción, explicó que "esta diligencia se llevó a cabo en el marco del Grupo Sudamericano contra los Delitos de la Propiedad Intelectual, en donde se incautaron productos falsificados en cuatro locales de una afamada galería del casco histórico de la ciudad de Concepción".

La investigación desarrollada por los detectives permitió establecer que las imitaciones de productos eran vendidos como originales, concretando el delito de falsificación de reconocidas marcas, tales como Disney, Luis Vuitton, Nike, Apple, Samsung, Huawei, Dragon Ball y Naruto, entre otras.

En detalle, entre las especies se encontraban audífonos, cargadores, carcasas telefónicas, llaveros y otros accesorios con diseños, todos ellos alusivos a las marcas. Según indicaron los detectives, el avalúo comercial en el mercado formal de estos objetos supera los $159 millones.

Si bien durante el procedimiento se detuvo a tres hombres y una mujer, todos quedaron en libertad y apercibidos al Artículo 26, es decir, citados para prestar declaración.